Puede que usted nunca haya reparado en ello, pero cada vez que el Ayuntamiento de Benalmádena enciende una farola o mantiene abierto un edificio municipal, está pagando la luz mucho más cara de lo que le correspondería. En concreto, cada día, más de 2.400 euros de más. Y ese dinero, al final, sale del bolsillo de todos. Es presupuesto público que podría destinarse a otra cosa y que, en cambio, se está yendo en un contrato eléctrico que lleva tiempo desajustado respecto al mercado. Así lo revela un análisis técnico independiente firmado por Fernando Sánchez-Rey Maeso, perito y asesor especializado en tarificación y facturación eléctrica de la consultora granadina Esfera14, al que ha tenido acceso este medio. Según sus cálculos, el sobrecoste acumulado por el contrato de suministro eléctrico del Consistorio ronda ya los 3 millones de euros.
El origen del problema se remonta al 27 de febrero de 2023 -antes de esa fecha no existía contrato municipal de este tipo-, cuando la Junta de Gobierno Local adjudicó el contrato de electricidad municipal a la única empresa que se presentó a la licitación, a un precio fijo equivalente a 153 €/MWh. La decisión hay que entenderla en su contexto ya que el mercado eléctrico venía de atravesar uno de los periodos más convulsos de su historia reciente a raíz de la crisis energética desatada por la guerra de Ucrania, con una volatilidad extrema que hacía razonable, a priori, buscar la estabilidad de un precio fijo para blindar las cuentas municipales frente a nuevos sobresaltos. Sin embargo, cuando se produjo la adjudicación, el mercado ya había iniciado una clara tendencia descendente. En concreto, el 11 de enero de ese año, el mercado diario marcaba 87 €/MWh, con una media mensual de 71 €/MWh, y los futuros a dos años vista apuntaban a precios inferiores a 125 €/MWh.
“Es comprensible que, tras la crisis energética derivada de la guerra de Ucrania, el Ayuntamiento buscara protegerse de la incertidumbre optando por un precio fijo. El problema es que, con los datos que ya se conocían en el momento de la adjudicación, ese precio fijo se cerró muy por encima de hacia dónde apuntaba el mercado”, explica Sánchez-Rey Maeso en conversación con este periódico. El resultado de aquella decisión, según su análisis, fue un sobrecoste de 1.687.100 euros solo en los dos primeros años de contrato.
La prórroga que disparó la factura
Si la decisión inicial podía justificarse por el contexto de incertidumbre de 2023, lo realmente perjudicial para las arcas municipales llegó después, con la prórroga. El 25 de marzo de 2025, con el periodo inicial a punto de expirar, la Junta de Gobierno Local decidió prorrogarlo dos años más —hasta marzo de 2027— manteniendo exactamente las mismas condiciones económicas. La diferencia es que, para entonces, el escenario del mercado eléctrico era radicalmente distinto: ese mismo día el precio diario se situaba en 42 €/MWh, la media mensual en 53 €/MWh y los futuros a dos años no superaban los 60 €/MWh.
Es decir, el Ayuntamiento optó por blindar dos años más un precio cercano a los 150 €/MWh cuando el mercado real se movía en niveles tres veces inferiores. “Que una prórroga esté prevista en el pliego y sea jurídicamente posible no significa que sea la opción más conveniente para las cuentas públicas. En este caso, los datos disponibles en el momento de decidir la prórroga ya anticipaban que mantener el precio fijo iba a salir muy caro a Benalmádena”, señala el perito.
Diecisiete meses después de aquella prórroga, y con siete meses todavía por delante hasta la finalización del contrato, el sobrecoste generado solo en este segundo tramo asciende ya a 1.277.400 euros. Sumando ambos periodos, el impacto total ronda los 3 millones de euros, una cifra que equivale, según el propio informe, a más de 2.400 euros diarios de diferencia respecto a lo que habría pagado el Consistorio benalmadense de haber seguido la evolución del mercado.
La contradicción del alumbrado LED
El desajuste resulta aún más llamativo si se pone en contexto con otra decisión adoptada por el propio Ayuntamiento con la renovación integral del alumbrado público del municipio con tecnología LED, una inversión que se presentó como una apuesta por la eficiencia energética y que, según las estimaciones municipales, permitiría un ahorro de al menos un 40% en la factura eléctrica municipal.
El contraste es evidente puesto que, mientras por un lado se invertía en tecnología para reducir el consumo y ahorrar en la factura, por otro se renovaba, sin cambios, un contrato de suministro cuyo precio fijo duplicaba el del mercado. De este modo, cualquier ahorro logrado gracias al nuevo alumbrado LED se ha visto en buena medida neutralizado —o directamente superado— por el sobrecoste que ha seguido generando un contrato eléctrico que nunca se sometió a la misma revisión que el resto del sistema de iluminación municipal.
📺 Vídeo explicativo elaborado por Nono Ruiz a partir del análisis de Fernando Sánchez-Rey Maeso, que desglosa gráficamente cómo se ha producido este sobrecoste.
“El análisis económico no puede acabar cuando se firma el contrato”
Para Sánchez-Rey Maeso, el caso de Benalmádena ilustra un problema más de fondo en la contratación pública: la falta de seguimiento económico una vez adjudicados los contratos. “La mayoría de los contratos públicos agotan todas las prórrogas previstas en el pliego, muchas veces sin que exista un análisis que compare realmente el coste de continuar frente al de volver a licitar. El análisis no debería hacerse solo antes de licitar, sino también antes de decidir cada prórroga”, subraya.
En su opinión, la electricidad es un terreno especialmente sensible a este tipo de decisiones. “Es un mercado que no es estático, en el que los precios pueden variar de forma extraordinaria en periodos relativamente cortos. Fijar durante uno o dos años adicionales unas condiciones pactadas en un momento muy concreto puede tener un impacto presupuestario enorme si, mientras tanto, el escenario ha cambiado por completo, como ha sido el caso”, añade.
Una recomendación con fecha de caducidad
Preguntado por este medio sobre qué margen de maniobra le queda todavía al Ayuntamiento, Sánchez-Rey Maeso es claro: el contrato actual finaliza en marzo de 2027, así que la ventana para corregir el rumbo sigue abierta, pero no será eterna. “Recomendaría al Ayuntamiento empezar a preparar ya, con unos seis meses de antelación, una nueva licitación. Todavía están a tiempo. Y plantearía un contrato con un año de permanencia obligatoria y un segundo año opcional, prorrogable, pero sobre todo con un precio variable ligado a la evolución real del mercado, y no fijo como hasta ahora”, explica el asesor.
Esa fórmula, sostiene, permitiría al Consistorio beneficiarse de las oscilaciones del mercado eléctrico en lugar de quedar atrapado en condiciones fijadas años atrás, además de recuperar capacidad de revisión anual sin comprometerse a plazos largos en un mercado tan volátil.
Una decisión que se pudo evitar
Lo más llamativo del caso no es solo la cuantía del sobrecoste, sino que las señales de alarma estaban disponibles antes de cada una de las dos decisiones que lo provocaron. En 2023, los precios ya bajaban cuando se adjudicó el contrato a precio fijo, aunque existía por el contexto internacional incertidumbre. En 2025, el mercado llevaba meses moviéndose muy por debajo de lo pactado cuando el Ayuntamiento decidió, aun así, prorrogarlo sin cambiar una coma. Ya no se puede decir que se trata de un imprevisto ni de una crisis sobrevenida, sino de una gestión que optó por la comodidad de no revisar un contrato antes que por la responsabilidad de comprobar si seguía siendo la opción más conveniente para las arcas públicas y por ende por el beneficio de todos los benalmadeneses.
El resultado son casi 3 millones de euros de dinero público destinados a pagar de más por un servicio básico, mientras el Consistorio dispone todavía de siete meses para no repetir el error. Queda por ver si esta vez el análisis económico llega antes de firmar, y no después de que la factura ya esté pagada.
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