Benalmádena tiene un gravísimo problema de vivienda. Comprar una casa está cada vez más lejos de las posibilidades de muchas familias y nuestros jóvenes tienen enormes dificultades para quedarse a vivir en el municipio en el que han crecido.
Y ante uno de los principales problemas que tenemos, PP y PSOE responden con lo mismo: gestos.
Unos anuncian viviendas protegidasa preciosinalcanzables. Otros anuncian prohibiciones.
Pero el problema sigue creciendo.
El Partido Popular anuncia 349 viviendas protegidas en Arenal Golf y pretende que eso sea una política de vivienda.
No lo es.
Eso es un pegote.
Coger una parcela en un barrio donde los edificios tienen cuatro plantas, permitir ahora hasta siete, meter con calzador casi 350 viviendas donde anteriormente no cabían ni 200 y presentarlo como la gran respuesta al problema de la vivienda no es tener una política.
Es hacerse una foto y decir que se están construyendo viviendas protegidas.
Y además hablamos de viviendas protegidas que pueden acercarse a los 260.000 euros.
Cabe preguntarse entonces a quién estamos protegiendo. ¿A las personas vulnerables con bajos salarios?
Porque esas viviendas se quieren construir además en una urbanización que no está completamente recepcionada por el Ayuntamiento y donde hay servicios municipales que no se prestan íntegramente, como limpieza, jardines o mantenimiento del acerado.
Ofrecemos vivienda protegida a personas que necesitan ayuda para acceder a una casa y después las instalamos en un lugar donde pueden tener que pagar de su bolsillo servicios que en otras zonas presta el Ayuntamiento.
Por un lado ayudamos y por el otro cobramos. Extraña manera de proteger.
Además, esa parcela no estaba pensada originalmente para esto. Tenía uso hotelero. El barrio no se diseñó pensando que allí aparecerían de repente 349 nuevos hogares.
Por eso los vecinos han presentado numerosas alegaciones.
Quieren saber qué va a pasar con el tráfico, dónde van a aparcar los coches, si los accesos tienen capacidad suficiente y si las infraestructuras pueden asumir prácticamente 1.000 residentes más.
¿Y qué hace el Ayuntamiento?
Ni siquiera realiza un estudio específico sobre cómo afectarán esas 349 viviendas al tráfico y a la movilidad.
Dice que no es obligatorio.
Pues si van a meter casi 1.000 personas más en un barrio, estudien primero qué va a ocurrir.
Porque 350 viviendas no van a solucionar el problema de vivienda de Benalmádena, pero meterlas con calzador sí puede destrozar el funcionamiento de un barrio.
Eso no es política de vivienda.
Es política de gestos.
Claro que para gestos tenemos al Partido Socialista, cuya receta tampoco soluciona el problema.
Su política consiste fundamentalmente en intervenir, limitar y prohibir.
Se señala a las viviendas turísticas como si restringiéndolas fuéramos a solucionar el acceso a la vivienda. Se intervienen los alquileres, se cambian continuamente las reglas y se adoptan medidas que terminan aumentando la inseguridad de los propietarios.
Y cuando un propietario teme no cobrar o no poder recuperar su vivienda, el riesgo no desaparece.
Lo selecciona.
Y aparece el casting del inquilino.
Más nóminas, más garantías, más avales, más seguros.
¿Y quién queda fuera primero?
Precisamente quien tiene más dificultades: el joven con un contrato temporal, la familia con ingresos ajustados, el autónomo o quien atraviesa una situación económica complicada.
La paradoja es evidente: en nombre de proteger a los vulnerables, están consiguiendo que sean precisamente los primeros a los que muchos propietarios descarten.
Las situaciones de vulnerabilidad deben atenderlas las administraciones públicas con políticas sociales y recursos públicos. No se puede trasladar esa responsabilidad al propietario particular y esperar que eso no tenga consecuencias sobre el mercado del alquiler.
Al final, PP y PSOE llegan al mismo sitio por caminos distintos.
El PP hace un pegote en un barrio y lo llama política de vivienda.
El PSOE hace una prohibición y la llama política de vivienda.
Pero ninguno de esos gestos responde a la pregunta fundamental:
¿cómo conseguimos que haya muchas más viviendas disponibles y que su precio pueda bajar?
Ahí está el verdadero debate.
Una política de vivienda significa conseguir que se construyan muchas más viviendas en todo Benalmádena.
Si en buena parte del municipio permitimos solo cuatro alturas en los edificios, estudiemos dónde podemos permitir seis o siete.
Pero para todos.
No siete plantas cuando interesa encajar una promoción concreta y cuatro para los demás.
Si construir más alto permite hacer más viviendas sobre el mismo terreno, abordemos ese debate para el conjunto del municipio.
Política de vivienda es hacer de una vez un nuevo Plan General y dejar atrás una planificación que tiene décadas.
Es generar más suelo residencial.
Es permitir más altura donde pueda asumirse.
Es bajar los impuestos y cargas que encarecen la construcción, la compra y la venta.
Es facilitar vivienda protegida y vivienda libre.
Y es también dar seguridad al propietario para que poner una vivienda en alquiler no se convierta en un riesgo.
Eso es una política de vivienda: una política para todo el municipio, no una actuación aislada aquí y una prohibición allá.
PP y PSOE pueden seguir haciendo política de gestos.
Pero con gestos no se construyen las viviendas que faltan.
Y con gestos no se baja el precio de la vivienda.
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