La Fiscalía de Málaga tiene ya sobre su mesa el caso Maricarmen benalmadense. Las plataformas Defiende tu Techo de Benalmádena y Techo por Derecho de Málaga han denunciado al concejal de Vivienda, José Luis Bergillos (PP), por las palabras que habría dirigido a María del Carmen Abascal en el Consejo de la Vivienda de Benalmádena, la anciana desahuciada que murió ese mismo día, y por las que el propio concejal pidió disculpas después al calificarlas de “grave error” a través de un Whatsapp enviado a los medios de comunicación a través del gabinete de prensa del Ayuntamiento.
Este medio ha tenido acceso a la confirmación de la presentación de la denuncia por vía telemática, así como al texto del escrito y a las pruebas que lo acompañan.
En la denuncia, dirigida al fiscal delegado contra los delitos de odio y discriminación, las plataformas sostienen que los hechos podrían constituir un delito de odio. La presentan con el respaldo de sus integrantes a título individual y piden al Ministerio Fiscal que investigue y determine la calificación jurídica. Alegan que Maricarmen reunía cuatro de los elementos que contempla este tipo penal, que son su edad, su sexo, su situación social y su discapacidad. El escrito pide también que se valore si las palabras pudieron afectar a la integridad moral de la mujer.
Los hechos se remontan al 7 de octubre, durante la celebración del Consejo Sectorial de Vivienda del Ayuntamiento de Benalmádena, presidido por el alcalde, Juan Antonio Lara (PP). Según el relato de las plataformas y las denuncias de distintos partidos políticos presentes en aquella reunión, Bergillos llamó “puta sinvergüenza” en varias ocasiones a Maricarmen, una mujer de edad avanzada y discapacitada que había sufrido un desahucio en Madrid y que falleció ese mismo día. Fue el portavoz de Izquierda Unida, Pablo Centella, quien denunció primero lo ocurrido tras abandonar la reunión.
Cuando los insultos se difundieron en TVE y en otros medios nacionales, el gabinete de prensa del Ayuntamiento envió a los medios, a través de un mensaje de WhatsApp, una nota en la que el concejal calificaba sus palabras de “grave error” y aseguraba que su intención era denunciar el “uso partidista” de la vivienda.
La denuncia de las plataformas ciudadanas apunta además al alcalde, Juan Antonio Lara, que presidía la reunión y, según critican, “no reprendió al concejal por sus palabras”. Consideran que ese silencio podría suponer una responsabilidad. Además, ni el alcalde ni el concejal han atendido las peticiones de cese y dimisión.
Junto a las dos entidades denunciantes, más de mil personas se han adherido a la denuncia con su firma en la plataforma Change.org. Las plataformas aclaran que esas adhesiones se aportan como muestra de respaldo ciudadano y que quienes firman no son parte procesal. El escrito se acompaña de esas firmas, de vídeos, de noticias publicadas y de las mociones que PSOE e Izquierda Unida llevaron al Pleno municipal para pedir el cese o la dimisión del concejal.
Según el acta de ese pleno, que no fue retransmitido íntegramente por la televisión que tiene la concesión pública en Benalmádena justo en lo que concernió al debate de este asunto, esas mociones fueron rechazadas el 28 de octubre. El Pleno desestimó la del PSOE, que instaba al alcalde a cesar a Bergillos, y la de IU, que pedía reprobar su actitud, con 15 votos en contra (13 del PP y 2 de VOX) y 10 a favor (9 del PSOE y el de IU Podemos). En aquel debate, el alcalde defendió que el realce político de la oposición debía ir dirigido a la ciudadanía y no a cuestiones por las que ya se había pedido perdón, y el concejal Juan Olea justificó su intervención en que Bergillos ya había presentado sus disculpas.
Las plataformas ligan además el caso a la política de vivienda del gobierno local. Señalan que el Presupuesto de 2027, aprobado inicialmente por el equipo de gobierno del PP hace solo unos días, “destina a vivienda 1.600 euros”, una cifra que consideran “otro insulto” a los vecinos de Benalmádena.
El texto de la denuncia pide a la Fiscalía que recabe la grabación íntegra de la reunión, las actas del órgano municipal y las publicaciones periodísticas y audiovisuales del caso, que tome declaración a las personas presentes y que determine si concurren los elementos de algún ilícito penal. Corresponde ahora al Ministerio Fiscal decidir si abre diligencias de investigación y, en su caso, cuál es la calificación jurídica de los hechos. Mientras tanto, el concejal mantiene su cargo y las mociones de PSOE e IU para su cese o reprobación fueron rechazadas por el Pleno.
Maricarmen ya no puede contar su versión, pero su nombre ha viajado de una sala del Ayuntamiento de Benalmádena a un despacho de la Fiscalía. Allí, con las grabaciones, las actas y los testigos sobre la mesa, se decidirá si aquellas palabras fueron solo un exabrupto o algo más.
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