La vivienda es, sin lugar a dudas, uno de los principales retos sociales, económicos y generacionales de nuestra ciudad. Benalmádena vive una crisis habitacional sin precedentes, marcada por precios inasumibles, una escasez de oferta residencial, un parque público insuficiente y la presión especulativa que ejercen los fondos de inversión y el turismo masivo sobre el mercado inmobiliario.
Los datos son contundentes. El alquiler se ha disparado hasta alcanzar máximos históricos: 16,3 €/ m² de media en junio, lo que sitúa un piso estándar en torno a 1.630 euros mensuales. Por barrios, la diferencia es aún más acusada: 16,94 €/m² en Benalmádena Costa frente a 12,55 €/m² en Santangelo Norte. Precios completamente fuera del alcance de la mayoría de familias trabajadoras.
A este escenario se suma el auge de las Viviendas de Uso Turístico (VUT). Benalmádena cuenta ya con 7.542 viviendas turísticas registradas, el 15,23% del parque residencial. Cada vez más pisos se convierten en alojamientos temporales para visitantes, mientras que cada vez menos quedan disponibles para quienes queremos vivir aquí. La consecuencia es evidente: la ciudad pierde alma y tejido vecinal.
Ante esta situación, el Gobierno de España ha puesto sobre la mesa un Acuerdo Estatal de Vivienda que, guste más o menos, marca un antes y un después: 7.000 millones de inversión en cinco años, blindaje del parque público, creación de una base estatal de precios reales y el compromiso de elevar la vivienda pública hasta niveles europeos (del ridículo 3% actual a un mínimo del 15%). Son medidas valientes que reconocen lo obvio: sin intervención pública no habrá vivienda asequible.
El problema es que mientras desde Madrid se impulsa este cambio de rumbo, en Andalucía el Gobierno de la Junta, del PP, opta por el bloqueo y el desprecio. Nuestra comunidad no ha declarado ni una sola zona tensionada, lo que impide aplicar límites al alquiler en lugares como Málaga, donde el 40% de los ingresos familiares ya se destinan a la vivienda. Peor aún: la Junta ha dejado sin ejecutar cientos de millones transferidos por el Estado en los últimos años.
El contraste con otras autonomías es sangrante: Cataluña ha declarado 271 municipios tensionados, País Vasco y Navarra suman 28 más, Galicia uno (A Coruña). En total, 300 ciudades en toda España. ¿Y Andalucía? Cero.
Esa inacción autonómica tiene consecuencias muy concretas en Benalmádena: jóvenes que no pueden emanciparse, mayores atrapados en viviendas inadecuadas, barrios gentrificados, comercios tradicionales que cierran y vecinos de toda la vida que hacen las maletas rumbo a Cártama, Álora o incluso fuera de Andalucía. Lo que está en juego no son estadísticas, sino la propia identidad y cohesión social de nuestra ciudad.
Por eso, los ayuntamientos, como administración más cercana a la ciudadanía, tenemos la obligación de alzar la voz y exigir responsabilidad a todas las instituciones. No podemos permitir que la desidia institucional del PP andaluz se traduzca en éxodo, desigualdad y desarraigo.
Benalmádena necesita aplicar con urgencia las propuestas del Gobierno de España. La vivienda no puede seguir siendo un lujo reservado a unos pocos. Es, y debe seguir siendo, un derecho para todos.
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