La vivienda se ha convertido en el principal problema social de Benalmádena. Ya no hablamos de una preocupación futura o de una amenaza lejana. Hablamos de familias que viven con miedo a perder su hogar, de jóvenes que no pueden emanciparse y de vecinos y vecinas que, después de toda una vida en nuestra ciudad, se ven obligados a marcharse porque ya no pueden permitirse vivir aquí.
Hace dos semanas, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, visitó Benalmádena para conocer de primera mano la situación que atraviesa la Plataforma Defiende Tu Techo. También el ministro Pablo Bustinduy, durante su visita a Málaga, quiso escuchar a estos vecinos y vecinas que representan hoy el drama de muchas familias trabajadoras de la Costa del Sol.
Personas que llevan años viviendo de alquiler en sus viviendas y que ahora son expulsadas por la presión especulativa y turística que sufre nuestra ciudad. Familias que han construido aquí su vida, cuyos hijos estudian en nuestros colegios, que trabajan en Benalmádena y que, sin embargo, hoy son tratadas como un obstáculo para la rentabilidad de grandes propietarios y fondos de inversión.
Lo más grave es que ambos ministros se han reunido con ellos antes que el propio alcalde de Benalmádena, Juan Antonio Lara, que todavía no ha encontrado tiempo para recibirles oficialmente.
Y eso que lo han intentado.
Hace semanas, durante una concentración a las puertas del Ayuntamiento, algunos afectados aprovecharon para interpelar directamente al alcalde. Le recordaron que el Partido Popular acababa de votar en contra de medidas destinadas a proteger a los inquilinos y le preguntaron qué opinaba, porque ellos eran precisamente esos inquilinos afectados.
La respuesta del alcalde fue tan breve como reveladora: “Arriba tendrán sus razones”.
Y se marchó.
Una frase que refleja perfectamente la actitud de quien ha decidido ponerse de perfil ante el mayor problema que atraviesa hoy Benalmádena. Una respuesta que recuerda a la dictadura, cuando Franco decía aquello de “haga como yo, no se meta en política”.
Pero claro que hay que hablar de política cuando la política decide quién puede vivir en una ciudad y quién tiene que abandonarla.
Porque hoy, en Benalmádena, casi una de cada cinco viviendas tiene uso turístico. Desde que Juan Antonio Lara es alcalde, las viviendas turísticas han pasado del 8% al 17% del parque residencial. Y siguen creciendo sin control.
Mientras tanto, el acceso a la vivienda para residentes se vuelve cada día más imposible.
El alquiler se dispara, la oferta residencial desaparece y cientos de familias trabajadoras son expulsadas silenciosamente de su propia ciudad.
Lejos de actuar, el alcalde Lara se niega a declarar Benalmádena como zona tensionada, una herramienta que permitiría aplicar medidas de contención de precios previstas en la Ley de Vivienda. También rechaza cualquier intervención pública que limite la especulación o proteja a quienes viven y trabajan aquí todo el año.
Prefiere mirar hacia otro lado.
Pero gobernar no consiste únicamente en inaugurar obras o hacerse fotos. Gobernar también implica tomar decisiones valientes para proteger a la mayoría social, aunque incomoden a determinados intereses económicos.
Benalmádena corre el riesgo de convertirse en una ciudad sin vecinos, una ciudad donde solo puedan quedarse quienes pueden pagar precios desorbitados o quienes vienen unos días de vacaciones. Una ciudad sin jóvenes, sin trabajadores, sin familias. Una ciudad convertida en un escaparate.
Y una ciudad que expulsa a sus vecinos acaba perdiendo también su identidad, su alma y su futuro.
Todavía estamos a tiempo de reaccionar. Pero para hacerlo hace falta voluntad política, valentía y un gobierno que entienda que la vivienda no puede ser únicamente un negocio, sino un derecho.
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