La forma en la que una ciudad trata a los animales dice mucho de la sociedad que aspira a ser. No se trata únicamente de sensibilidad o de empatía. También se trata de cumplir la ley y de ejercer las responsabilidades que corresponden a las administraciones públicas.
La Ley 7/2023 de Protección de los Derechos y el Bienestar de los Animales es muy clara: corresponde a los ayuntamientos gestionar el control poblacional de los gatos comunitarios mediante programas adecuados, estables y planificados.
En Benalmádena, sin embargo, esa responsabilidad recae en gran medida sobre centenares de voluntarios y voluntarias que, de manera altruista, dedican horas de su tiempo, esfuerzo y, en muchas ocasiones, también recursos económicos propios para cuidar de las colonias felinas. Lo hacen sin buscar reconocimiento alguno. Lo hacen porque creen en una ciudad más responsable y más respetuosa con los animales.
Por eso resulta especialmente preocupante la actitud que viene manteniendo la concejala de Bienestar Animal del gobierno de Juan Antonio Lara.
Primero es taurina, lo que demuestra su falta de coherencia con la responsabilidad que ostenta. ¿Alguien imagina a un negacionista del cambio climático liderar la Concejalía de medio ambiente?. Pues eso.
Segundo cuestionó públicamente el trabajo de la protectora FIDELIO, llegando a afirmar que era “un negocio” privado.
Y ahora, lejos de rectificar, ha insinuado que quienes cuidan de las colonias felinas obtienen algún beneficio económico por la labor que realizan.
No se trata solo de unas declaraciones desafortunadas. Se trata de poner bajo sospecha a personas que llevan años realizando una tarea que el propio Ayuntamiento tiene la obligación legal de organizar, coordinar y respaldar.
Mientras tanto, la realidad que denuncian muchos voluntarios es muy distinta: sanciones, obstáculos administrativos y ayudas claramente insuficientes para desarrollar una labor que beneficia a toda la ciudad, mejora la convivencia y contribuye al bienestar animal.
Gobernar también consiste en reconocer el trabajo de quienes colaboran desinteresadamente con el interés general. Y cuando una administración convierte a los voluntarios en un problema, en lugar de verlos como aliados, algo está fallando.
El bienestar animal no se construye desde el enfrentamiento ni desde la sospecha. Se construye con diálogo, con respeto, con planificación y con apoyo a quienes llevan años demostrando un compromiso ejemplar.
Benalmádena necesita un Ayuntamiento que deje de señalar a los voluntarios y empiece a cumplir con las obligaciones que le marca la ley.
Porque proteger a los animales no es una cuestión ideológica. Es una responsabilidad pública. Y también una forma de medir la calidad humana de quienes gobiernan.
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