Una auditoría interna ha encendido todas las alarmas en el Ayuntamiento de Benalmádena, al menos según la lectura que hace de ella el grupo municipal Vox. Los informes derivados del Plan de Control Financiero describen, a juicio de esta formación, un escenario de “descoordinación institucional” que va más allá de simples errores burocráticos: expedientes sin documentación, datos esenciales ausentes y, en los casos más graves, áreas enteras que directamente no respondieron a los requerimientos de la empresa auditora.
El diagnóstico que Vox extrae de esos informes es el de una Administración pública con dificultades para hacerse auditar a sí misma. Según los datos que maneja la formación, en determinados expedientes la empresa encargada de verificar la tramitación de los procedimientos no obtuvo respuesta alguna por parte de los departamentos implicados, lo que —según denuncia este partido— impidió comprobar si se habían cumplido las obligaciones administrativas correspondientes.
Este bloqueo, sostiene Vox, no es solo un problema de gestión interna: “tiene un coste económico directo y cuantificable” . Según la formación, el Consistorio ha sido condenado al pago de cerca de 800.000 euros en intereses de demora generados por facturas que permanecieron sin abonar durante años. La causa, de acuerdo con los datos que maneja la oposición, sería que el área responsable no respondió en hasta seis ocasiones a los requerimientos de la Intervención municipal para verificar si esas facturas eran correctas y procedía su pago.
Más allá del episodio concreto de las facturas, Vox apunta a un problema de “carácter estructural” . La falta de circulación de información entre departamentos municipales se repetiría como patrón en los expedientes analizados, según la lectura que este partido hace de los informes de control. En algunas áreas, afirma la formación, la ausencia de respuesta a los requerimientos de la empresa auditora fue sistemática, no puntual, lo que comprometería la capacidad del propio sistema de control interno de cumplir su función.
El Plan de Control Financiero es precisamente el mecanismo diseñado para detectar y corregir estas disfunciones antes de que se conviertan en problemas mayores. Que los propios auditados ignoren sus requerimientos —algo que VOX asegura que ha ocurrido en varios expedientes— convertiría ese mecanismo en “inoperante” y dejaría a la Intervención municipal sin los datos necesarios para ejercer su función fiscalizadora, según denuncia el partido.
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