El pleno de Benalmádena tendrá que decidir si quiere mirar de frente a una pregunta que ya ha llegado a los juzgados: de dónde salió el dinero y el apoyo que sostuvieron la campaña del PP en 2023.
Lo plantea el grupo municipal de Izquierda Unida-Podemos, que ha presentado una moción para constituir una comisión informativa especial de investigación sobre la posible financiación ilegal de ese partido en las elecciones municipales, las que terminaron con el PP en la mayoría absoluta.
El origen está en los juzgados. La sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Torremolinos ha dictado diligencias previas por “financiación ilegal de partidos políticos” tras la denuncia de un empresario del municipio y, según ha publicado él mismo en redes sociales, ha sido citado a comparecer el próximo 11 de marzo.
Esas publicaciones en Facebook, recogidas por IU-Podemos en su moción, son el hilo del que tira el grupo. En ellas, “un empresario afirma haber aportado pruebas de una posible financiación irregular del PP”. Entre los hechos relatados, según denuncia este partido político, figuran que “hosteleros y hoteleros cedieron instalaciones al partido popular de forma gratuita, que concejales de la actual corporación ingresaron dinero en metálico para la campaña y que uno de los empresarios que no cobró un evento electoral remitió después al recién elegido equipo de gobierno de Juan Antonio Lara un escrito con peticiones que afectaban a su empresa”. Todo ello, según lo publicado en redes sociales por el denunciante, estaría “respaldado por audios y documentos” que, al parecer, ya obran en poder de la judicatura. La moción añade que, según lo publicado, “hay un pendrive que podría contener datos sensibles y discos duros que se están descifrando”.
Conviene subrayar que ninguna de estas afirmaciones ha sido acreditada en sede judicial y rige para todos los mencionados la presunción de inocencia. IU Podemos lo reconoce expresamente en su moción. Pero sostiene que “la justicia no abre diligencias previas sin que el asunto tenga la suficiente sustancia probatoria”, y que eso aconseja abrir también el debate político.
El grupo señala además una ausencia que le resulta llamativa. Pese a la gravedad de lo publicado, y a que parte de ello lleva meses circulando en redes sociales, el PP de Benalmádena “no ha presentado denuncia formal por injurias, falsedad o atentado al honor”. Es, a su juicio, “lo que cualquiera haría si se le acusara públicamente de algo semejante”. Entiende que el Partido Popular y el equipo de gobierno de Juan Antonio Lara deberían ser “los más interesados en salvaguardar su buen nombre”.
La moción enmarca el asunto en el juego limpio entre fuerzas políticas, la igualdad de oportunidades democráticas y la legitimidad del resultado electoral, que, de confirmarse los hechos, quedaría “manchado”, en palabras de este grupo político. A la justicia, recalca, le corresponde aclarar las responsabilidades de su ámbito, y “a la política las responsabilidades políticas, porque la ciudadanía tiene derecho a conocer la verdad”.
La propuesta que se llevará al pleno municipal de Benalmádena plantea constituir la “Comisión Especial de investigación sobre supuesta financiación ilegal del PP en la campaña electoral municipal del año 2023”. Debería constituirse la semana siguiente a la aprobación del acuerdo y concluir su trabajo en un plazo máximo de tres meses. Cada grupo político podría solicitar hasta tres comparecencias, elevaría además un escrito de conclusiones que se debatiría en la propia comisión para intentar consensuarlo, y el órgano cerraría su labor con un informe final, que necesitaría la aprobación de la mayoría absoluta de sus miembros.
Si el equipo de gobierno no tiene nada que ocultar, una comisión con plazo, comparecencias y un informe final es la mejor oportunidad de demostrarlo. Rechazarla, en cambio, alimentará las dudas entre la ciudadanía mientras se resuelve la vía judicial.
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