Hay que reconocerle al Partido Popular una habilidad extraordinaria: presentarse a las elecciones prometiendo una cosa y, cuando gobierna, aplicar las políticas ideológicas de la izquierda. Y si de paso puede poner alguna multa y complicarle la vida al ciudadano, mejor que mejor.
La Zona de Bajas Emisiones de Málaga es un magnífico ejemplo. El Partido Popular de Francisco de la Torre decidió comprarle al PSOE su discurso de restricciones, prohibiciones y castigos al conductor. Todo, por supuesto, envuelto en ese bonito papel de regalo que llaman sostenibilidad. Porque parece que para algunos gobernantes cuidar el medio ambiente consiste, fundamentalmente, en impedir que los ciudadanos utilicen el coche que ya han pagado y por el que siguen pagando impuestos, con un afán recaudatorio sin medida.
Pero esta vez les ha salido mal la jugada. VOX recurrió ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y consiguió la anulación de la ordenanza que regulaba la Zona de Bajas Emisiones de Málaga. Una victoria frente a quienes parecen convencidos de que pueden restringir derechos y sancionar ciudadanos sin respetar las garantías legales.
Y ahora llega la parte que menos le gusta al Partido Popular: afrontar las consecuencias y devolver las multas indebidamente impuestas.
Porque cobrar es fácil. Para eso las administraciones suelen tener una eficacia envidiable. Lo complicado parece ser reconocer los errores y devolver el dinero a quienes nunca debieron pagarlo.
Pero el problema va mucho más allá de una ordenanza anulada. Málaga no es una ciudad cualquiera. Es la capital de una provincia y tiene obligaciones con todos sus habitantes, no solamente con quienes están empadronados en ella.
Miles de vecinos de Benalmádena necesitan desplazarse a Málaga para acudir a hospitales, realizar gestiones administrativas, acudir a los juzgados, trabajar, estudiar, comprar o, sencillamente, disfrutar de su oferta comercial y de ocio. La capitalidad no puede convertirse en un privilegio reservado a quienes pueden permitirse cambiar de coche.
¿De verdad pretende el Partido Popular que un vecino de Benalmádena tenga que comprarse un vehículo nuevo para acudir a una consulta médica o realizar un trámite administrativo? ¿O que deba pagar una multa por utilizar las calles de una capital que también presta servicios al conjunto de la provincia?
Málaga debe ejercer de capital, no de aduana.
Lo verdaderamente sorprendente es que el Partido Popular siga empeñado en copiar las políticas del PSOE mientras intenta convencernos de que representa una alternativa. En Málaga impone restricciones al tráfico; en Benalmádena pretende avanzar por el mismo camino. Cambian los alcaldes, pero el guion parece escrito en el mismo despacho.
En VOX tenemos clara nuestra posición: nos oponemos a la implantación de una Zona de Bajas Emisiones en Benalmádena y pelearemos para impedir que se convierta en otro instrumento de restricciones y sanciones contra nuestros vecinos. No aceptamos que, bajo una excusa medioambiental, se penalice a las familias, a los trabajadores y a quienes no pueden o no quieren cambiar de vehículo.
Y tampoco vamos a mirar hacia otro lado cuando se perjudica a los benalmadenses fuera de nuestro municipio.
Por eso, desde el Grupo Municipal VOX vamos a exigir al alcalde Juan Antonio Lara que defienda los intereses de nuestros vecinos y reclame al Ayuntamiento de Málaga que facilite la devolución de las multas impuestas al amparo de la ordenanza anulada, con todas las garantías legales.
También exigiremos que el Ayuntamiento de Benalmádena exija al de Málaga que informe de manera clara, pública y amplia sobre el procedimiento de devolución, los requisitos, los plazos y las plataformas o medios que habilite para tramitar las solicitudes. Ningún vecino debe perder la oportunidad de recuperar su dinero por falta de información o por culpa de la burocracia.
El alcalde Lara tiene ahora una ocasión magnífica para demostrar si está dispuesto a defender a los benalmadenses, incluso cuando eso suponga reclamarle algo a un compañero de partido. Porque ser alcalde de Benalmádena debería estar por encima de la disciplina del Partido Popular.
La sentencia ha puesto en evidencia una política de restricciones que nunca debió aprobarse en esos términos. Ahora corresponde reparar sus consecuencias.
Al final, la diferencia es bastante sencilla: el PSOE propone prohibiciones, el PP las ejecuta y VOX las combate en los tribunales.
Y mientras unos se dedican a poner multas, nosotros vamos a seguir trabajando para que los ciudadanos recuperen su dinero y, sobre todo, su libertad.
Porque gobernar no debería consistir en hacerle la vida más difícil a quien paga los impuestos. Aunque al Partido Popular y al PSOE les cueste tanto entenderlo.
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