Cuando hablamos de los problemas de Seguridad y Emergencias de Benalmádena hay un dato que conviene recordar desde el principio: el responsable político del área es el propio alcalde, Juan Antonio Lara.
Y, por tanto, estamos hablando de su gestión directa.
Cuatro bomberos para una docena de vehículos
Benalmádena mantiene una dotación mínima de apenas cuatro bomberos de guardia mientras dispone de cerca de una docena de vehículos. Cuando reciben una emergencia tienen que decidir con cuáles pueden salir porque, sencillamente, no hay personas para utilizarlos todos.
Hay plazas de bombero presupuestadas desde 2023 que todavía no se han convertido en nuevos efectivos y la convocatoria de seis plazas abierta hace más de una año continúa sin culminarse. Mientras tanto, sí hemos seguido convocando plazas de cabos y reforzando una estructura de mandos cuando lo que falta sobre todo son bomberos operativos.
Y nadie puede alegar desconocimiento. En febrero de 2025, los propios bomberos reclamaron en el Comité de Seguridad y Salud aumentar la dotación mínima y el jefe del servicio advirtió de las dificultades de trabajar únicamente con cuatro efectivos: falta de capacidad para realizar relevos ante agotamiento o estrés térmico y dependencia de refuerzos externos que podían llegar demasiado tarde.
Y quien tenía capacidad política para exigir que se aceleraran las plazas y se reforzara el servicio era el responsable del área: el alcalde.
Una gestión que acumula demasiados problemas
A la falta de personal se suman las controversias que durante los últimos años han rodeado la gestión de Bomberos: procesos selectivos cuyas decisiones han sido declaradas ilegales judicialmente, problemas organizativos y polémicas relacionadas con la compatibilidad solicitada por el jefe del servicio para desarrollar una actividad profesional fuera del Ayuntamiento.
Cuando un servicio acumula problemas durante años, alguien tiene la obligación política de supervisarlo, corregirlos y asumir responsabilidades.
Ese alguien es el alcalde.
Menos policías y una creciente sensación de inseguridad
Con la Policía ocurre algo parecido.
Hoy tenemos menos policías locales que cuando comenzó el mandato de Juan Antonio Lara, pese al crecimiento de Benalmádena y al aumento de sus necesidades de seguridad. Tenemos una plantilla envejecida, faltan efectivos y los propios agentes continúan reclamando personal y medios adecuados para desarrollar su trabajo.
Y mientras faltan policías locales, muchos vecinos manifiestan una creciente sensación de inseguridad.
Pero el problema tampoco termina en la Policía Local.
Benalmádena sigue sin contar con una Comisaría de Policía Nacional propia, pese a ser un municipio de gran población. Seguimos dependiendo de una estructura compartida con Torremolinos y nuestros policías nacionales continúan trabajando en unas instalaciones claramente mejorables.
Desde el Ayuntamiento tampoco vemos una reivindicación suficientemente contundente ante el Gobierno de España para conseguir una comisaría propia ni una verdadera apuesta municipal por facilitar una solución, poniendo incluso a disposición los terrenos necesarios para que pueda construirse.
Por supuesto que la Policía Nacional depende del Ministerio del Interior. Pero eso no significa que el alcalde deba limitarse a decir que no es competencia municipal.
Un alcalde tiene que defender a su municipio, exigir al Gobierno de España los efectivos que necesita y ofrecer toda la colaboración municipal posible para conseguir las infraestructuras necesarias.
Si disminuye nuestra Policía Local, debe responder.
Si aumenta entre nuestros vecinos la sensación de inseguridad por falta de efectivos, locales y nacionales, debe responder.
Y si Benalmádena sigue sin una Comisaría de Policía Nacional propia y el Ayuntamiento no lidera esa reivindicación ni facilita los medios para conseguirla, también debe responder.
Porque el responsable político municipal de Seguridad es el alcalde.
Un garaje de 22 millones de euros
Y aquí encontramos probablemente el mejor ejemplo de cuáles son las prioridades de este Gobierno.
El Ayuntamiento pretende invertir alrededor de 22 millones de euros en un nuevo Centro de Emergencias que incluye además un museo, con el correspondiente sobrecoste que supone incorporar superficie e instalaciones destinadas a un uso que nada tiene que ver con la operatividad diaria del servicio.
Benalmádena necesita unas instalaciones modernas y dignas para Bomberos y Protección Civil. Eso nadie lo discute.
Pero si dentro de ese enorme edificio vamos a guardar una docena de camiones para los que después no tenemos suficientes bomberos, lo que estaremos construyendo en la práctica es un garaje con un museo extraordinariamente caro.
Un garaje de 22 millones de euros.
Quizá unas instalaciones dimensionadas para las necesidades realmente operativas de Bomberos, Protección Civil y Emergencias podrían construirse por una cantidad sensiblemente inferior, sin museo y sin elementos innecesarios, dedicando esos recursos a aquello que realmente proporciona seguridad: más efectivos, mejores medios y mayor capacidad operativa.
Porque un museo no apaga un incendio.
Un edificio no releva a un bombero agotado.
Y un garaje de 22 millones no convierte cuatro bomberos en ocho.
La seguridad real no está en el edificio. Está en las personas que salen de él cuando alguien llama pidiendo ayuda.
¿Quién establece estas prioridades?
El Gobierno municipal.
¿Quién dirige ese Gobierno y además tiene directamente Seguridad y Emergencias?
Juan Antonio Lara.
Y cuando preguntamos, tampoco responden
Después del incendio de julio, VOX preguntó en el Pleno por los efectivos, los medios y las circunstancias de aquella intervención y por diferentes problemas del servicio.
El Gobierno decidió no responder oralmente y aseguró que lo haría por escrito. Seguimos esperando.
Posteriormente, UGT ha presentado además un escrito planteando posibles incumplimientos relacionados con la prevención de riesgos laborales dentro de Emergencias, precisamente una de las cuestiones sobre las que preguntábamos.
Después de una tragedia con tres fallecidos, la obligación debería ser transparencia absoluta.
Y garantizar esa transparencia también corresponde al máximo responsable político del área.
Al alcalde.
Ser responsable significa responder de las decisiones que se toman.
Juan Antonio Lara decidió asumir directamente Seguridad y Emergencias. Probablemente porque consideraba que era un área suficientemente importante como para depender directamente del alcalde.
Estamos de acuerdo.
Pero precisamente por eso no puede ser responsable solamente para lo bueno.
Si faltan bomberos, debe responder.
Si unas plazas presupuestadas desde 2023 siguen sin convertirse en efectivos, debe responder.
Si tenemos menos policías locales ahora que cuando comenzó su mandato, pese al crecimiento de Benalmádena, debe responder.
Si aumenta la sensación de inseguridad entre los ciudadanos mientras faltan policías locales y nacionales, debe responder.
Si Benalmádena continúa sin una Comisaría de Policía Nacional propia y desde el Ayuntamiento no se lidera esa reivindicación ni se ofrecen todas las facilidades posibles para hacerla realidad, debe responder.
Si existen problemas reiterados en la gestión de Bomberos, debe responder.
Si se destinan alrededor de 22 millones a un Centro de Emergencias con museo mientras faltan efectivos, debe explicar esa prioridad.
Y si después de una tragedia la oposición pregunta y el Ayuntamiento no contesta, también debe responder.
No pedimos que el alcalde conduzca un camión de bomberos, patrulle nuestras calles o tramite personalmente una oposición.
Pedimos que ejerza la responsabilidad política que voluntariamente asumió.
Porque dirigir un área significa establecer prioridades, proporcionar recursos, exigir resultados y asumir responsabilidades cuando esos resultados no llegan.
El responsable político de Seguridad y Emergencias de Benalmádena es el alcalde.
Él, y solo él, es quién debe responder por estos problemas.
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