La Costa del Sol vive una preocupante sucesión de episodios violentos. Tiroteos, asesinatos, ajustes de cuentas y organizaciones vinculadas al narcotráfico generan una creciente sensación de inseguridad que también afecta a Benalmádena.
No podemos permitir que nuestra costa se convierta en un territorio donde las mafias campen a sus anchas y los vecinos vivan con miedo.
La inseguridad también perjudica nuestra economía. Benalmádena y la Costa del Sol dependen del turismo, la hostelería y el comercio. La imagen de un destino seguro es uno de nuestros principales activos, y la violencia amenaza nuestra reputación, las inversiones y miles de empleos.
La respuesta del Gobierno de Pedro Sánchez y del Ministerio del Interior sigue siendo insuficiente. Mientras las mafias disponen de armamento, tecnología y enormes recursos económicos, policías nacionales y guardias civiles necesitan más efectivos, vehículos, embarcaciones y equipamiento.
A ello se suma la falta de una estrategia coordinada contra el narcotráfico tras el desmantelamiento de OCON-Sur en 2022.
En Benalmádena seguimos sin una comisaría propia de Policía Nacional, dependemos de Torremolinos y contamos con unas dependencias inadecuadas para nuestra población e importancia turística. Otra muestra de la falta de inversión del Estado.
Mientres tanto, policías nacionales y guardias civiles siguen sin el reconocimiento general como profesión de riesgo, sin la suficiente protección jurídica, los mejores medios y el respaldo institucional.
También sigue pendiente establecer un régimen de especial singularidad para los territorios más castigados por el narcotráfico, con recursos e incentivos específicos para los agentes, como ocurrió en zonas amenazadas por el terrorismo de ETA.
Y seguimos con una Ley de Protección de Testigos de 1994 que necesita una profunda reforma. Las mafias pueden sobrevivir durante décadas y sus amenazas no terminan con un juicio. Quienes colaboran con la Justicia necesitan protección mientras persista el peligro, incluso de por vida cuando sea necesario.
Demasiadas carencias para combatir organizaciones criminales cada vez más poderosas. Y demasiadas responsabilidades pendientes para el Ministerio del Interior.
Pero las responsabilidades del Gobierno de España no eximen al Ayuntamiento de las suyas.
El alcalde Juan Antonio Lara, responsable directo de Seguridad, tampoco está dando la respuesta que necesita Benalmádena.
Nuestra Policía Local tiene una plantilla envejecida, insuficiente y que pierde efectivos. De mantenerse esta tendencia, terminaremos el mandato con menos policías que cuando comenzó en 2023.
Una ciudad que crece en población y actividad necesita reforzar su plantilla. Más agentes en las calles significan mayor prevención, capacidad de respuesta y tranquilidad para los vecinos.
Un claro ejemplo del fracaso del Ayuntamiento en materia de seguridad es la venta ambulante ilegal, cuya erradicación prometió el Partido Popular y que sigue igual o peor.
Combatir la delincuencia exige inversión, planificación, coordinación policial, leyes adecuadas y voluntad política.
La defensa de la seguridad, el cumplimiento de la ley y el respaldo a nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad forman parte de la esencia de VOX. Han sido, son y seguirán siendo pilares de nuestra acción política.
La seguridad es fundamental para la libertad, la convivencia y la prosperidad de una tierra que depende de la confianza de vecinos, visitantes e inversores.
La Costa del Sol no puede resignarse a convivir con las mafias ni Benalmádena a perder policías mientras aumentan sus necesidades de seguridad.
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