Ole Benalmádena

Los vecinos de Arenal Golf denuncian “alturas ilegales y saturación de tráfico” en el proyecto de VPO de Urbania

Infografía del proyecto de VPO de Urbania.

Cuando los vecinos de la Mancomunidad Arenal Golf hablan del proyecto de Urbania en Doña María Norte, lo primero que aclaran es que no están en contra de que se construya vivienda protegida. No están en contra de que lleguen nuevos vecinos. Lo que denuncian es que, a su juicio, este proyecto en concreto se ha hecho saltándose los estatutos de la Mancomunidad de propietarios, y que nadie ha calculado lo que va a suponer para una zona que, dicen, “ya está al límite”.

Doscientos coches. Trescientos. Puede que más de seiscientos, si se cumple la media de dos vehículos por vivienda que hoy tiene cualquier familia del entorno. Eso es, según calculan los vecinos de la zona, lo que va a caer sobre la calle Cronos y la calle Helios si las viviendas protegidas salen adelante tal y como están proyectadas. Una zona que, según describen, ya se congestiona a diario con la entrada y salida del colegio y el tráfico hacia el hospital Xanit y que ahora tendría que absorber entre 800 y 1.000 nuevos residentes, según la propia estimación que se manejó en el último pleno municipal.

Según las alegaciones presentadas por los vecinos al Ayuntamiento -todas ellas desestimadas- las nuevas viviendas elevarán los edificios de las 4 alturas actuales del complejo a siete, generando un “efecto pantalla arquitectónica” que les privará de luz, vistas y asoleamiento, y que devaluará sus propiedades. A eso suman la ruptura de un entorno que describen como “mediterráneo armónico” frente al “bloque blanco de estética modernista y barandillas de cristal” que, según les ha trasladado el propio promotor, se levantará frente a sus ventanas. Y van más allá al cuestionar la lógica urbanística del proyecto en tanto que consideran que el estudio de detalle usa el margen de edificabilidad no agotado para justificar más plantas, cuando altura y edificabilidad deberían respetarse como condiciones independientes, lo que a su juicio lo convierte en “nulo de pleno derecho”.

Su argumento de fondo, sin embargo, es estatutario puesto que la Mancomunidad sostiene que sus propias normas internas exigen la unanimidad de las nueve fases para poder modificarse, y que un decreto autonómico no puede imponerse sobre esas reglas privadas sin ese consenso.

A ese incumplimiento añaden una denuncia sobre a quién beneficia realmente la operación pues recuerdan que, aunque se anuncien como protegidas, las viviendas “parten de doscientos y pico mil euros”, y rechazan que se pueda hacer “vivienda a cualquier precio” para favorecer a una constructora “perjudicando gravemente a los vecinos de la zona”.

Sobre el tráfico, el representante vecinal con el que ha hablado este medio, recuerda que el futuro complejo resildencial se ha diseñado con una plaza de garaje por vivienda, “muy por debajo de las dos que hoy tiene casi cualquier familia de la zona” y calcula que sumar 349 viviendas más puede significar cientos de coches adicionales en una calle sin margen.

Una calle que ya no da más de sí

Y es que, la calle Cronos ya tiene sus horas negras: las largas colas a las horas de la entrada y la salida del colegio, el continúo transito de coches hacia el hospital Xanit, los conductores que buscan un hueco donde no lo hay. Las alegaciones de la Mancomunidad y de las comunidades de las fases III y VIII advierten de que el aumento de plantas “colapsará las infraestructuras de aparcamiento, tráfico y servicios de la calle Cronos y calle Helios que ya soportan los vecinos de la zona”.

Lo que ha aprobado el Pleno

Con ese frente vecinal abierto, el Pleno de Benalmádena aprobó de forma definitiva el estudio de detalle de la parcela RE-H-06 —que corresponde, según los propios estatutos de la Mancomunidad, a su Fase V—, con el voto a favor del PP y la abstención de PSOE, Vox e IU-Podemos.

El proyecto permitirá a Urbania construir 349 viviendas protegidas sobre un suelo de 25.146 metros cuadrados que hasta ahora estaba calificado para uso hotelero.

La edil de Urbanismo, Presi Aguilera (PP), explicó que el proyecto se ampara en un decreto de la Junta de Andalucía, aplicado por el Ayuntamiento desde junio de 2025, que permite reconvertir a vivienda protegida suelos de uso hotelero. Aunque la norma autonómica permitía hasta 417 viviendas en esa parcela, el estudio de detalle finalmente ordena 349, una cifra que, según explicó, se ha fijado para poder reservar zonas públicas de calidad con 1.601,32 metros cuadrados de zonas verdes, 5.042 metros cuadrados de áreas libres y 1.569,63 metros cuadrados de equipamiento comunitario.

Una abstención con matices distintos en cada partido

La abstención de la oposición en el Pleno escondía, sin embargo, posiciones bastante distintas. El portavoz de Vox, Joaquín Amann, pidió que se hiciera un estudio de movilidad y de saneamiento antes de aprobar el proyecto, recordando que el propio informe técnico municipal reconoce que sería “conveniente” hacerlo aunque no sea obligatorio.

Amann advirtió además de que una parcela educativa cercana, hoy usada de facto como aparcamiento del barrio, dejará de estarlo si el Ayuntamiento construye allí el centro educativo previsto justo cuando lleguen los nuevos vecinos, y propuso repartir las viviendas protegidas en varios suelos en lugar de concentrarlas todas en uno.

El PSOE, por boca de Isabel Ruiz, centró su crítica en la falta de diálogo y acusó al equipo de gobierno de no haberse reunido con los vecinos pese a que, según dijo, llevaban “tres meses” pidiendo cita, y de no haber explicado el proyecto a la oposición antes de su aprobación. Preguntó también quién asumirá el mantenimiento de las nuevas zonas verdes públicas, dado que en la zona opera una entidad urbanística de conservación y defendió las alegaciones presentadas al Ayuntamiento por los vecinos.

IU-Podemos, con Pablo Centella, dirigió sus preguntas hacia la relación con la promotora. Pidió que se detallaran los compromisos acordados en la reunión previa con Urbania y cuestionó “por qué se había negociado con esa empresa y no con otras”.

Centella criticó también que las viviendas, a un precio citado de unos 180.000 euros, sigan siendo inaccesibles para muchos trabajadores, y señaló que Urbania ha buscado inversores ofreciendo una rentabilidad del 12%.

Frente a esas críticas, Aguilera remitió las dudas sobre movilidad y aparcamiento a que “no es preceptivo” hacer un estudio específico, defendió el acceso de la zona a la avenida de los Argonautas y al transporte público, y aseguró que “las puertas de Urbanismo están abiertas” a cualquiera que quiera preguntar por el proyecto aunque, según la documentación que maneja este medio, la comunidad de la Fase VIII, le pidió por escrito, ya el 2 de junio, una “cita urgente” y todavía están esperando su respuesta.

Con el estudio de detalle ya aprobado, los vecinos confían en frenarlo por la vía que consideran más sólida: la de sus propios estatutos, que a su juicio exigen la unanimidad de las nueve fases para poder modificarse. Mientras tanto, preparan una asamblea vecinal y una recogida de firmas, y no descartan llegar, si hace falta, “a la puerta del Ayuntamiento”.

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