Hay quien pretende resumir el debate sobre la vivienda con un eslogan tan simple como engañoso: «la solución es construir más». Es el discurso que viene defendiendo el Partido Popular en todos los niveles de la administración y que el alcalde de Benalmádena, Juan Antonio Lara, ha hecho suyo.
Sin embargo, la realidad es bastante más compleja.
Hoy, acceder a una vivienda en Benalmádena se ha convertido en uno de los principales problemas para cientos de familias. Jóvenes que no pueden emanciparse, trabajadores que se ven obligados a marcharse a otros municipios y vecinos que, después de toda una vida viviendo aquí, ya no pueden asumir el precio de un alquiler.
Mientras tanto, el gobierno municipal ha reducido el presupuesto destinado a políticas activas de vivienda, renunciando a utilizar las herramientas que la ley pone a disposición de los ayuntamientos para intervenir en un mercado cada vez más tensionado.
Frente a ello, la respuesta del PP sigue siendo la misma: construir más viviendas.
Pero construir por construir no garantiza que quienes viven y trabajan en Benalmádena puedan acceder a una de ellas.
Basta levantar la vista para comprobar que en nuestra ciudad ya se están construyendo más de mil viviendas. Las grúas forman parte del paisaje urbano y la actividad promotora no se ha detenido. Entonces, la pregunta es inevitable: ¿cuántas de esas viviendas van a servir realmente para resolver el problema de acceso a la vivienda de los vecinos de Benalmádena?
Porque el verdadero problema no es solo la cantidad de viviendas que se construyen, sino el destino que finalmente tienen.
Si no se regula el mercado, muchas de esas nuevas promociones acabarán incorporándose al alquiler turístico, a la inversión especulativa o a la compra como segunda residencia. Es decir, aumentará el número de viviendas construidas, pero no necesariamente el de viviendas disponibles para quienes quieren vivir de forma permanente en nuestra ciudad.
Ahí reside una de las grandes diferencias entre hacer urbanismo y hacer política de vivienda.
El urbanismo ordena el crecimiento de una ciudad. La política de vivienda garantiza que ese crecimiento responda al interés general y no exclusivamente a la lógica del mercado.
Además, una ciudad no puede crecer de manera ilimitada sin planificar las consecuencias. Cada nueva promoción implica más tráfico, mayor demanda de agua, más consumo energético, nuevos equipamientos educativos, sanitarios y deportivos, más zonas verdes y mejores servicios públicos. Crecer sin planificación supone trasladar los problemas al futuro.
Por eso resulta imprescindible combinar la construcción de vivienda con medidas que regulen el mercado y prioricen el uso residencial frente al turístico allí donde exista una presión evidente. Solo así las nuevas viviendas podrán cumplir su verdadera función social: servir de hogar a quienes viven y trabajan en Benalmádena.
La vivienda no puede seguir tratándose únicamente como un activo financiero. Es, ante todo, un derecho reconocido constitucionalmente y una condición indispensable para que una ciudad mantenga su cohesión social.
Benalmádena necesita construir allí donde sea necesario, pero también necesita planificar, regular y proteger el acceso a la vivienda de sus vecinos. Porque construir más, sin garantizar para quién se construye, no resolverá el problema.
La verdadera política de vivienda no consiste únicamente en levantar edificios. Consiste en conseguir que quienes han elegido Benalmádena para desarrollar aquí su proyecto de vida puedan seguir llamándola hogar.
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