En Arenal Golf esta semana hay carteles pegados por toda la urbanización y hojas de firmas que van de mano en mano. Hay también asesoramiento jurídico contratado por los vecinos. Todo gira en torno a una parcela, la de Doña María Norte, donde Urbania proyecta 349 viviendas protegidas gracias a una recalificación propiciada por el Ayuntamiento, un proyecto que, planteado en los términos que está ahora mismo, podría incumplir las reglas estatutarias de esta urbanización de Benalmádena.
Los vecinos han abierto una doble vía de actuación contra el proyecto. Por un lado, una recogida de firmas, informan a los propietarios de las distintas fases de lo que está ocurriendo con carteles y preparan movilizaciones. Por otro, estudian si pueden acudir a los tribunales, porque entienden que la promoción inmobiliaria puede incumplir los estatutos privados que regulan la urbanización desde hace unos veinte años. “Seguramente nos veremos obligados a ir por la vía judicial, porque creemos que tenemos argumentos de peso”, asegura José Martínez, uno de los impulsores de la iniciativa vecinal con el que ha hablado este medio.
Un choque entre lo público y lo privado
El núcleo del argumento vecinal es estatutario. La Mancomunidad sostiene que sus normas internas exigen la unanimidad de las nueve fases para poder modificarse. Martínez explica que esos estatutos fijan unas condiciones concretas para la parcela en la que va a construir Urbania, -concebida para uso hotelero-, y cree que la nueva ordenación aprobada por el Ayuntamiento entra en conflicto con los acuerdos que regulan el conjunto.
El Ayuntamiento ha tramitado el cambio de uso de la parcela al amparo de las medidas extraordinarias en materia de vivienda de la Junta de Andalucía. Esa norma permite destinar parcelas turísticas a vivienda protegida. De hecho, el Pleno aprobó definitivamente el estudio de detalle el 24 de septiembre, con el voto a favor del PP y la abstención de PSOE, Vox e IU-Podemos. Los vecinos piden que esa decisión se mire también desde el ángulo de los compromisos privados entre las fases de la urbanización. “Creemos que se han metido con un decreto, que es un derecho administrativo, a pisotear un derecho que es un contrato privado”, sostiene Martínez.
Lo que temen los vecinos
Las mayores afecciones del proyecto que planea la promotora inmobiliaria, según Martínez, se sentirán en las fases cuatro y ocho. La octava, en especial, tiene sus edificios frente a los terrenos de la futura promoción. Los vecinos temen que la altura de los bloques que se pretenden edificar les quite luz natural y vistas y altere el paisaje porque los edificios tendrán siete alturas frente al tope de cuatro de todos los que hay en esta zona.
El aparcamiento es la segunda gran preocupación. Según el representante vecinal, todas las viviendas de Arenal Golf disponen de dos plazas de garaje por inmueble, mientras que la nueva promoción contempla una sola. Los residentes creen que la diferencia acabará en las calles Cronos y Helios, donde ya notan problemas de aparcamiento. A esto suman las dificultades de circulación que dicen sufrir en los accesos a la urbanización y en las conexiones con la autovía.
Martínez denuncia que los vecinos no han recibido información sobre los estudios de movilidad, si es que existen, ni sobre cómo afectarán esos centenares de nuevas viviendas al tráfico o al abastecimiento de agua y al saneamiento. Según la documentación a la que ha tenido acceso este medio, lo han pedido por escrito al Ayuntamiento, junto con una reunión, pero no han recibido respuesta alguna.
Hay otra duda, quizás más doméstica. La calle en la que se construirá la promoción de viviendas no ha sido recepcionada por el Ayuntamiento, y su mantenimiento corre a cargo de los propios residentes. “Nosotros mantenemos la calle, las reparaciones de la misma, todo. Y sobre eso, de momento, nadie nos ha dicho qué va a pasar”, dice Martínez, que reclama que se aclare quién asumirá esos gastos cuando lleguen los nuevos vecinos.
Los vecinos plantean también incertidumbres sobre el hoyo de golf, las pistas de pádel, el gimnasio, el Club Social Bil Bil y el resto de instalaciones compartidas, que subvencionan económicamente entre todos los vecinos. Piden información clara sobre cómo les afectará la promoción ya que, hasta la fecha, nadie del Ayuntamiento “les ha informado de nada, ni ha respondido a sus peticiones por escrito de reunión”.
Falta de información municipal
La falta de información es otra queja de fondo que se podría haber subsanado desde un inicio. Martínez asegura que los vecinos conocieron la operación con la tramitación ya muy avanzada. En su caso, tuvo constancia prácticamente al acabar el plazo de alegaciones. De hecho, su comunidad presentó alegaciones al estudio de detalle a través del administrador de fincas y en el mismo escrito pidió una reunión urgente con el alcalde, Juan Antonio Lara, y con los responsables de Urbanismo -Concejalía en manos de Presi Aguilera-, que hasta día de hoy no ha sido atendida.
Sí hubo, en cambio, un encuentro con la promotora propiciada de forma privada. Representantes de Urbania explicaron la promoción a los vecinos y les mostraron una infografía de los futuros edificios. Según el relato de Martínez, la empresa se mostró dispuesta a cambiar la apariencia arquitectónica para acercarla a la estética de Arenal Golf, pero no a tocar las alturas, que es, precisamente, lo que más preocupa a los vecinos.
El Ayuntamiento, por su parte, según lo alegado durante el último pleno municipal, defiende que el estudio de detalle “mantiene los parámetros necesarios para integrar la promoción en su entorno”, aunque obvia los acuerdos estatutarios que rigen en esta urbanización. Asimismo, la ordenación aprobada reserva 8.213 metros cuadrados para sistemas locales públicos, entre equipamientos comunitarios, zonas verdes y espacios libres, cuyo uso tampoco queda claro si será restrictivo para la promoción o extensible a la urbanización.
Los tres grupos de la oposición, que se abstuvieron en el Pleno, pusieron reparos al proyecto: el PSOE por la falta de diálogo con los vecinos, IU-Podemos por el precio de las viviendas, y Vox por la ausencia de un estudio de movilidad. Este último, a través de su portavoz Joaquín Amann, ha remitido una nota de prensa este jueves que respalda que los vecinos “no están en contra de las viviendas protegidas” y critica la falta de planificación urbanística de una parcela con edificios de hasta siete alturas entre construcciones de tres y cuatro plantas. Cuestiona también el precio de salida, que sitúa “en torno a los 250.000 euros”, y reprocha al Ayuntamiento que no haya hecho un estudio de movilidad con el argumento de que no es obligatorio. Propone construir menos viviendas en esa parcela, bien integradas, y levantar el resto en otros terrenos, y pide al alcalde que atienda las alegaciones de los vecinos y reconsidere la dimensión del proyecto antes de continuar su tramitación.
Diálogo o protestas
Los vecinos insisten en que no se oponen a la vivienda protegida y en que su objetivo prioritario es modificar el proyecto mediante el diálogo con el Ayuntamiento y la promotora para ajustarlo a las normas establecidas en la urbanización y por la que se rigen el resto de viviendas. Piden, en definitiva, revisar las alturas y el diseño, más aparcamientos dentro de la promoción, estudios completos de movilidad y saneamiento, información sobre las instalaciones comunes y participación real antes de que se concedan licencias o empiecen las obras. Martínez asegura que mantienen su disposición a negociar y que aún confían en encontrar una solución antes de que arranquen las máquinas.
La otra cara de esa mano tendida es una advertencia. “Si no quieren hablar y lo quieren hacer sin contar con los vecinos, nos encontraremos en la calle”, concluye Martínez.
Entre un decreto autonómico y los estatutos de una urbanización de hace unos veinte años, los vecinos de Arenal Golf mantienen abiertos dos caminos, la mesa de negociación o el juzgado y manifestaciones ciudadanas.
Parcela de Rocas Blancas
Esta semana también se ha formalizado con Ferrocarril Proyecto 19, S. L. la venta de la parcela adquirida por el Ayuntamiento en Rocas Blancas, destinada a la construcción de hasta 230 viviendas protegidas.
La parcela de Rocas Blancas fue adquirida por el Ayuntamiento de Benalmádena en diciembre de 2024 y fue una de las primeras en acogerse al nuevo decreto de la Junta de Andalucía que permite incrementar el número de viviendas previstas, pasando en este caso de 192 a un máximo de 230. Todavía no se han hecho públicas ni las condiciones de acceso a estas viviendas ni el precio de venta estimado de las mismas.
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