Era el 3 de octubre de 2023. El consejero de Sostenibilidad de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, se plantó en Benalmádena para un acto que el equipo de gobierno quiso revestir de toda la solemnidad institucional posible. Junto al alcalde Juan Antonio Lara y otros miembros de la corporación, se «firmó» la adhesión del municipio a la Red de Ciudades Verdes y Sostenibles de Andalucía, conocida como REVERSA. Hubo declaraciones, fotografías y nota de prensa en la web municipal. El consejero aplaudió el gesto frente a los medios de comunicación. El alcalde prometió “una Benalmádena más verde”. Todo quedó registrado para la posteridad… aunque no en el sitio que importaba.
Porque tres años después, un juez de Málaga ha desmontado aquel acto oficial con una búsqueda en internet. Benalmádena no aparece en el listado oficial de municipios adheridos a REVERSA. La red publica en su web —redreversa.org— una relación alfabética de sus 305 ayuntamientos miembros. En Málaga hay 37. Bajo la letra B están Benagalbón, Benahavís, Benamargosa… Benalmádena, no.
La historia de cómo salió a la luz este dato empieza al día siguiente del acto. La concejala socialista Sandra Ochoa Rubio, que había visto el anuncio del equipo de gobierno en prensa, quiso saber más: ¿qué compromisos concretos asumía el municipio con esa adhesión? ¿Qué decía exactamente el convenio? Era su derecho como representante de la oposición, y así lo recogen tanto la Ley de Bases del Régimen Local como el Reglamento de Organización de las Entidades Locales. El 4 de octubre presentó su solicitud formal. Silencio. Lo intentó de nuevo el 9 de noviembre. Silencio. Y el 13 de noviembre. Más silencio.
La ley establece que si el Ayuntamiento no responde a una petición de información de un concejal en cinco días, se entiende concedida por silencio administrativo positivo. Es decir, el Ayuntamiento tenía la obligación legal de facilitar ese documento. No lo hizo. Y cuando la concejala reclamó el cumplimiento de esa obligación, tampoco actuó. No quedó más remedio que acudir a los juzgados.
Fue entonces cuando el magistrado del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 6 de Málaga buscó en internet. El resultado fue tan contundente como sorprendente. Benalmádena no consta como municipio adherido a REVERSA. No hay convenio registrado. No hay adhesión efectiva. La sentencia declara por ello que el pleito ha quedado sin objeto: si el documento no existe, no se puede ordenar su entrega.
Pero el juez no da por cerrado el asunto sin antes repartir responsabilidades. A la concejala le recuerda que esa búsqueda básica la podría haber hecho ella antes de ir a los tribunales. Y al Ayuntamiento le dedica unas líneas bastante más duras: no entiende “qué beneficio se obtiene” ignorando una solicitud legítima de la oposición, cuando bastaba con responder en unas pocas líneas que el convenio no se había realizado. “Se prefirió ignorar a la solicitante”, escribe el magistrado, y califica de “pernicioso” el silencio administrativo como herramienta de gestión.
El juez reprocha con dureza que el Ayuntamiento optara por el silencio en lugar de comunicar simplemente que no disponía de ese documento porque no se había adherido formalmente. “Lo deseable es que se hubiese comunicado a la contraria que no se tenía”, señala la sentencia, añadiendo que bastaba con remitir una captura de pantalla de la web oficial de la red con una resolución de unas mínimas líneas. En lugar de eso, la Administración ignoró a la solicitante y dejó que el asunto llegara a los juzgados.
Este caso no es una anécdota aislada. Es el octavo de casi una veintena de denuncias que el PSOE de Benalmádena ha interpuesto contra el equipo de gobierno local por lo que considera una práctica sistemática: ignorar las solicitudes de información de la oposición, dejar que opere el silencio administrativo y forzar a los concejales socialistas a ir a los juzgados para ejercer derechos que la ley les reconoce sin necesidad de pleito alguno.
Los procedimientos ya resueltos —extrajudicialmente, antes de llegar a sentencia— han concluido con la imposición de costas al Ayuntamiento por vulnerar el derecho a la información pública de la oposición. Esas costas no corren a cargo del equipo de gobierno: las pagan las arcas municipales, es decir, el conjunto de los vecinos de Benalmádena.
El patrón se repite en todos los casos: el grupo socialista formula solicitudes de información a las que el Ayuntamiento no responde, opera el silencio administrativo positivo y, cuando se insta la ejecución de ese derecho ya reconocido por ley, la Administración tampoco actúa. El resultado es que la oposición debe acudir una y otra vez a los juzgados para ejercer derechos que la legislación les garantiza sin necesidad de litigio alguno, generando un coste judicial que termina recayendo sobre los propios ciudadanos.
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