El Juzgado de lo Contencioso Administrativo Nº 8 de Málaga ha condenado al Ayuntamieto de Benalmádena al pago de 1.815€ en costas por “el excesivo e injustificable retraso” en la entrega de un expediente público solicitado por el grupo municipal socialista. Y es que, el PSOE ha tenido que esperar un año y medio para poder acceder a esta información, a pesar de que la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL) y el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROF) establecen un plazo máximo de cinco días naturales para resolver este tipo de solicitudes.
Con ésta, ya son 7 las condenas que suma el equipo de Gobierno de Juan Antonio Lara por vulnerar el derecho a la información pública de la oposición, un dinero que afrontarán las arcas municipales y que por ende, sale del bolsillo de los benalmadenses.
El “falta de transparencia” del Gobierno local de Benalmádena en los dos años que lleva al frente de la Alcaldía ha obligado al PSOE a interponer casi una veintena de demandas, una vez agotadas todas las vías existentes para acceder a información y expedientes de carácter público sobre asuntos importantes para el municipio.
Tras año y medio de espera y una vez señalada fecha para el juicio, el Ayuntamiento ha entregado finalmente la documentación requerida por los socialistas y de este modo, evitar el procedimiento judicial.
Sin embargo, la Justicia no ha dejado sin castigo el obrar del Ayuntamiento de Benalmádena y, por séptima vez, sus reiterados incumplimientos en el acceso a información pública no le salen gratis y debe asumir el abono de costas -nada menos que 1.815 euros- “en atención al perjuicio causado y a la mala fe evidenciada en su actuación”.
El líder de la oposición, el socialista Víctor Navas ha reprochado la actitud del equipo del Gobierno local de mayoría absoluta del PP pues, a su juicio, “el benalmadense de a pie no debería soportar un gasto continuado que proviene de una gestión totalmente evitable, injustificada y máxime, teniendo en cuenta, que contar con el mayor grado de transparencia en la actividad de la Administración pública no solo está regulado por la ley sino que se erige como clave en la lucha para combatir la corrupción”.
Caso Legionella
Por otro lado, este lunes 22 de septiembre, tras varios aplazamientos, el alcalde, Juan Antonio Lara, tendrá que declarar como investigado en el bautizado por este medio como ‘Caso Legionella‘, por posibles delitos contra la Administración pública derivados de la compra de maquinaria por valor de 35.404,60 euros de las arcas públicas, en la que pudieran haberse dado hechos consecutivos de delitos de prevaricación, tráfico de influencias, fraude y cohecho.
La gestión del Gobierno de mayoría absoluta, con el que llegó hace dos años el Partido Popular a la Alcaldía de Benalmádena, al contrario del sosiego político que era de esperar, ha provocado sonadas y preocupantes denuncias en los tribunales, además de un aluvión de críticas de la oposición en bloque por escandalosos gastos superfluos y el incremento de asesores elegidos a dedo, el “caos con las obras y la recogida de basura” o el “pelotazo urbanístico de Tívoli”.
Así, a la veintena de denuncias por incumplimiento manifiesto del derecho de acceso a la información reconocido a los concejales en el artículo 77 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL) y en el artículo 14 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROF), así como la vulneración del derecho fundamental a la participación política consagrado en el artículo 23 de la Constitución Española, al primer edil, Juan Antonio Lara, parece ser que se le acumulan los procedimientos judiciales con motivo de su gestión municipal en Benalmádena.
Está pendiente la demanda que pesa sobre los presupuestos municipales de 2024 por la posible vulneración del principio de estabilidad presupuestaria de la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril, la querella penal de los propietarios del hotel Vivemar por irregularidades administrativas en su apertura al estar ocupando de manera ilícita y no contar con licencia alguna para poder desarrollar esta actividad económica, o la denuncia al Puerto deportivo por el presunto contrato de una letrada que, según el PSOE, “tiene procedimientos abiertos contra la propia marina benalmadense”, entre otros.
*Actualización 22/09/2025: Nuevo aplazamiento hasta marzo de 2026 de la declaración del alcalde, Juan Antonio Lara, en calidad de investigado en el caso Legionella