El agua es un bien común. Un derecho esencial que no puede depender de la rentabilidad de una empresa privada ni de los intereses económicos de una multinacional. Y, sin embargo, el gobierno de Juan Antonio Lara en Benalmádena ha decidido mantener privatizado un servicio que debería ser plenamente público.
El PSOE de Benalmádena votará en contra de esta decisión porque creemos que el agua de Benalmádena debe gestionarse desde lo público, con criterios de equidad, sostenibilidad y servicio a la ciudadanía, no desde los despachos de una empresa que prioriza beneficios y dividendos.
Esta es una decisión trascendental para el futuro de nuestra ciudad. Y, lejos de abrir un debate transparente y participativo, el gobierno del PP ha optado por la opacidad y la urgencia, apoyándose en un informe jurídico de una consultora externa para justificar lo que ya tenían decidido: mantener el agua en manos privadas.
Conviene recordar que en el año 2000, bajo el mandato del entonces alcalde Enrique Bolín, se privatizó el 50% de la empresa pública del agua, vendiéndola a una mercantil con ánimo de lucro. Desde entonces, los benalmadenses hemos visto cómo una parte importante de los beneficios generados por nuestra agua salía del municipio rumbo a cuentas de resultados de grandes corporaciones.
Nuestra intención, como gobierno anterior, siempre fue clara: recuperar la gestión pública del agua una vez finalizada la concesión de 25 años. Queríamos que las plusvalías y beneficios se reinvirtieran en Benalmádena, en mejorar las infraestructuras, en hacer un uso más eficiente del recurso y en abaratar costes a las familias.
Hoy, en lugar de abrir ese camino hacia lo público, el alcalde Lara opta por repetir los errores del pasado. Amparado en su mayoría absoluta, ha impuesto un modelo que responde más a intereses económicos que al bienestar de los vecinos.
Defender el agua pública no es una cuestión ideológica, sino de sentido común. Porque el agua no es un negocio: es vida, y debe estar al servicio de todos.
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