El alcalde Lara vuelve a intentarlo. Esta vez, con un titular ruidoso y un gesto grandilocuente: “llevar a Fiscalía” un asunto administrativo. Pero conviene aclararlo desde el principio, porque aquí está el truco. Remitir un expediente no es noticia. La noticia sería que la Fiscalía abriera diligencias. Y eso, de momento, no ha ocurrido. Todo lo demás es humo.
Entremos en los hechos. Hablamos de una licitación del contrato de Parques y Jardines en la que siete empresas empatan y es necesario recurrir a un voto de calidad para resolver el desempate. Nada irregular. Nada delictivo. Un procedimiento previsto en la normativa de contratación pública.
La sentencia que se esgrime como arma política tampoco dice lo que el alcalde insinúa. No reprocha al anterior gobierno municipal, sino al Tribunal de Recursos Contractuales de Andalucía, un órgano técnico y especializado, por no haber adjudicado el contrato a la empresa recurrente. Ese es el contenido real del fallo.
Y el propio TSJA admite que la estimación del recurso “genera serias dudas de derecho”, por lo que adopta una resolución a pesar de las dudas.
Pero lo verdaderamente grave, y de lo que Lara no habla, es otra cosa: la sentencia no menciona en ningún momento los 666.845,77 euros que el alcalde pretende “regalar” a la nueva adjudicataria para evitar que esta acabe renunciando al servicio. Una cantidad solicitada por la empresa y aceptada por el Ayuntamiento mediante un acuerdo extrajudicial. Dinero público, sin respaldo judicial, y con demasiadas preguntas sin responder.
Por eso Lara no hará pública la sentencia completa. Porque cuando se leen los documentos y se contrastan los datos, la cortina de humo se desvanece. Y entonces queda al descubierto lo de siempre: propaganda, ruido y decisiones muy poco claras con el dinero de todos.
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