El Puerto Deportivo de Benalmádena ha iniciado los trámites para pedir un préstamo de 8 millones de euros a un banco. El dinero servirá para pagar las obras que la empresa pública se comprometió a hacer para poder mantener la concesión del puerto hasta mayo de 2047. La operación figuraba en el orden del día del Consejo de Administración convocado el pasado 17 de agosto, que debía aprobar el informe de viabilidad y elegir la oferta bancaria “más ventajosa”.
Lo llamativo es que el Puerto Deportivo pertenece al 100% al Ayuntamiento de Benalmádena, que podría haber puesto ese dinero directamente. Sin embargo, la empresa ha decidido pedir el crédito a una entidad financiera.
Esa decisión tiene consecuencias. Al recurrir al banco, el puerto no solo tendrá que devolver los 8 millones, sino también pagar intereses por ellos, que serían unos 1,7 millones de euros en diez años, que acabarán saliendo de dinero público. Además, se queda con una deuda que condicionará sus cuentas durante una década puesto que cada año tendrá que reservar cerca de un millón de euros para pagar al banco, dinero que ya no podrá dedicar a otras cosas. Y, si en algún momento los ingresos no acompañan, la empresa tendría que responder igualmente ante la entidad financiera. Si el Ayuntamiento hubiera aportado ese dinero, la empresa se habría ahorrado ese coste financiero.
Casi un millón al año durante diez años
Según la documentación económica a la que ha tenido acceso este medio, el préstamo se devolvería en diez años, con un interés del 3,4 %. Cada año, la empresa tendría que devolver cerca de 957.000 euros entre el dinero prestado y los intereses, a partir de 2028.
Esa cantidad es mayor que lo que la propia empresa calcula que generará con su actividad diaria en 2027, unos 820.000 euros al año una vez pagados los gastos de funcionamiento. Y equivale a casi una quinta parte de todo lo que prevé ingresar ese año (unos 5 millones de euros).
En total, la empresa devolverá unos 9,7 millones por los 8 que pide, es decir, unos 1,7 millones solo en intereses, un coste que acabará recayendo sobre dinero público.
Poco dinero en caja mientras dure la obra
Las obras previstas suman casi 13,8 millones de euros, de los que unos 7,7 millones se gastarían solo en 2027. El préstamo cubre 8 millones; los casi 6 restantes saldrían de los ahorros y los beneficios de la propia empresa.
Las previsiones apuntan a que esos ahorros se reducirían muchísimo. La empresa empezaría 2026 con más de 4 millones en caja, pero acabaría ese año con unos 176.000 euros y llegaría a finales de 2028 con unos 155.000, cuando ya estará devolviendo el préstamo. Es una cantidad equivalente a pocas semanas de gasto corriente. Si ocurre un imprevisto, el margen para afrontarlo sería mínimo.
Además, esas previsiones cuentan con que el propio Ayuntamiento ingrese a la empresa más de 2,4 millones de euros en los próximos años, entre devoluciones de anticipos, un préstamo ya acordado y una deuda por combustible. Es decir, el plan depende en parte de dinero municipal, el mismo que podría haberse usado para evitar el préstamo.
Unas cuentas que dependen del IPC
Las cuentas, además, se sustentan en hipótesis como un IPC previsto del 2,6 % y la adjudicación de contratos y concesiones pendientes. La propia memoria del presupuesto advierte de que “puede haber variaciones” como consecuencia de esos procesos. Con un volumen de ingresos ajustado, cualquier contingencia inesperada podría comprometer el equilibrio presupuestario de la empresa.
La rentabilidad que se calcula para el conjunto del proyecto ronda el 3,9 %, apenas medio punto por encima del 3,4 % que costará el préstamo. Es un margen muy ajustado para una deuda que condicionará las cuentas del puerto durante una década.
La operación reabre el debate sobre las cuentas municipales. Según los datos que maneja este medio, el Ayuntamiento llegó a tener hace apenas tres años más de 100 millones de euros de ahorros acumulados, y hoy ronda los 25 millones. La pregunta es cómo se ha pasado de esa situación a necesitar endeudar a una empresa pública para financiar obras en un puerto que el propio Ayuntamiento controla.
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