Tres años. Ese es el tiempo que ha necesitado el Ayuntamiento de Benalmádena para tramitar un nuevo contrato de Ayuda a Domicilio después de retirar la concesión a la anterior empresa gestora en febrero de 2023. En ese lapso, 456 vecinos —muchos de ellos personas mayores o dependientes que dependen de este servicio para seguir viviendo en sus casas— y 140 auxiliares han quedado a expensas de un contrato de emergencia, una figura pensada para lo excepcional y no para sostener durante años un pilar de los Servicios Sociales municipales. Aunque la cesión del contrato se originó bajo el anterior mandato, ha sido el actual Gobierno local, con el PP al frente desde las elecciones de mayo de 2023, el que ha tenido en sus manos la práctica totalidad de ese periodo para resolverlo, sin que hasta ahora haya dado explicaciones públicas sobre por qué un servicio calificado de esencial ha tenido que esperar tanto tiempo por una solución definitiva.
El Área de Bienestar Social y Familias del Ayuntamiento de Benalmádena ha anunciado hoy que se ha formalizado el nuevo contrato para la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD), un recurso esencial para atender a personas mayores, personas en situación de dependencia y vecinos que precisan apoyo para desarrollar las actividades básicas de la vida diaria y continuar viviendo en sus hogares con la mayor autonomía posible. La adjudicación llega, sin embargo, tres años después de que el Consistorio retirase la concesión a la anterior empresa gestora, un periodo en el que el servicio ha funcionado a través de un contrato emergencia.
Un servicio esencial gestionado ‘de emergencia’ durante tres años
La retirada de la concesión se produjo en febrero de 2023, cuando el Ayuntamiento apartó del servicio a la empresa Óbolo SCA después de que la plantilla denunciara supuestos incumplimientos en materia laboral, entre ellos el retraso en el pago de las nóminas de 69 trabajadoras, lo que llevó a las empleadas a amenazar con una huelga indefinida. La compañía fue además denunciada ante la Inspección de Trabajo, no solo por el retraso en los salarios y el incumplimiento del convenio, sino también por no abonar los desplazamientos entre usuarios, no pagar los pluses de domingos y festivos, y no facilitar la uniformidad completa a las trabajadoras.
Ante esta situación, el Consistorio optó por formalizar un contrato de emergencia para no dejar desatendido a un colectivo especialmente vulnerable, mientras se preparaba, en teoría, la licitación de un nuevo contrato ordinario. En mayo de 2023 se celebraron elecciones municipales que dieron un vuelco al gobierno local, con la llegada del PP con mayoría absoluta, y ha sido la nueva corporación la que finalmente ha anunciado la licitación y adjudicación del contrato, tres años después de que se iniciara el problema que dio origen a todo este proceso.
Este prolongado periodo de provisionalidad resulta especialmente llamativo si se tiene en cuenta que el SAD no es un servicio menor sino que en la actualidad atiende a 456 personas del municipio y da empleo a 140 auxiliares, cifras que dimensionan la magnitud de un servicio que ha permanecido casi tres años sin un marco contractual ordinario y estable.
La empresa OHL Servicios-Ingesan será la encargada de prestar el servicio durante los próximos dos años, con posibilidad de prórroga por otros dos, en virtud del contrato adjudicado por un importe máximo de 5.258.311,95 euros. El nuevo contrato incorpora, además, un componente social, al contemplar medidas que favorecerán la contratación de personas pertenecientes a colectivos con especiales dificultades de acceso al mercado laboral, como personas con discapacidad, mujeres víctimas de violencia de género, personas desempleadas y personas en riesgo de exclusión social, entre otros colectivos vulnerables.
Entre las novedades que incorpora el nuevo contrato respecto a las prestaciones habituales figura la incorporación de nuevo material técnico: cinco camas articuladas, cinco grúas para personas dependientes, cinco sillas de ruedas, ocho andadores, cinco colchones antiescaras, diez cojines antiescaras y cinco sillas de baño o ducha.
Asimismo, se contempla una partida anual de 3.000 euros destinada a la mejora de las condiciones de habitabilidad de las viviendas de las personas usuarias, y la prestación de hasta 250 servicios anuales de preparación y suministro de comidas en aquellos casos excepcionales en los que sea necesario.
Más allá del contenido del nuevo contrato, la pregunta que queda en el aire es por qué un servicio calificado como ‘esencial’ y dirigido a población especialmente vulnerable ha tenido que sostenerse durante tres años mediante fórmulas de emergencia, en lugar de contar con la cobertura de un contrato ordinario tramitado con la debida diligencia. La sucesión de un cambio de gobierno municipal en medio del proceso no exime de responsabilidad a ninguna de las administraciones implicadas en la gestión de este expediente, y son precisamente los colectivos más frágiles —personas mayores y personas dependientes— quienes han quedado, durante todo este tiempo, a expensas de la estabilidad de un servicio que debería haber estado garantizado desde el primer momento por un marco contractual sólido y no provisional.
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