El auge del alquiler turístico en Benalmádena ha alcanzado un punto crítico. Así lo advierte el Observatorio de Turismo, que reclama al Ayuntamiento una suspensión temporal de nuevas licencias ante el impacto directo que este modelo está teniendo sobre el alquiler residencial, los precios de la vivienda y la cohesión social del municipio.
“El mercado está claramente saturado y estamos generando graves problemas a quienes quieren vivir, trabajar y desarrollar su proyecto de vida en Benalmádena”, señalan desde el Observatorio, que también exige una mayor vigilancia y control del alquiler vacacional ilegal.
La expectativa es clara: que estas medidas contribuyan a aliviar la presión sobre el mercado del alquiler, frenar la escalada de precios y facilitar que residentes y trabajadores puedan seguir viviendo en el municipio.
La advertencia de este colectivo coincide con la actuación del Ministerio de Vivienda, que ha puesto el foco en Andalucía tras detectar 21.872 anuncios ilegales de pisos turísticos y alquileres temporales, casi una cuarta parte de todas las solicitudes de registro denegadas en España, que ascienden a 86.275.
La Costa del Sol se sitúa como el principal epicentro del problema a nivel nacional. En la provincia de Málaga, hasta siete municipios figuran entre los veinte con más denegaciones de registro de viviendas turísticas. Tras Marbella (2.993) y Málaga capital (1.845), Benalmádena ocupa un lugar destacado con 1.003 anuncios ilegales, seguida de Fuengirola (719), Mijas (664), Torremolinos (617) y Estepona (505).
Mientras ayuntamientos del entorno toman medidas para contener la gentrificación y evitar la expulsión de sus vecinos, la realidad actual en Benalmádena es que se han recortado drásticamente las políticas de vivienda del presupuesto municipal, pasando de 1.700.000 euros en 2023 a apenas 8.000 euros para este 2026. También se han eliminado las subvenciones al alquiler de larga duración impulsadas en la pasada legislatura y en solo dos años se han otorgado casi 3.000 licencias turísticas, que ya suponen casi un 20% del total de la oferta.
Cajas de llaves en mobiliario urbano
Agentes de la Policía Local, en colaboración con los Servicios Operativos, han retirado siete cajas-candado utilizadas para el depósito de llaves de viviendas turísticas que se encontraban ancladas a un banco de uso público. Estos dispositivos se emplean habitualmente para facilitar la entrada a apartamentos turísticos sin contacto directo con los propietarios.
La intervención responde al uso indebido del mobiliario urbano como punto de entrega y recogida de llaves, una práctica no permitida por la normativa municipal. Bancos, papeleras, barandillas u otros elementos del espacio público están destinados al uso común y deben permanecer “libres, accesibles y en buen estado”.
Los propietarios de las cajas-candado retiradas se enfrentan a sanciones administrativas. Desde la Policía Local se insiste en que este tipo de instalaciones suponen una ocupación irregular del espacio público y un deterioro del mobiliario urbano, además de generar quejas vecinales en zonas con alta presión turística.