¿Cuántos vecinos de Benalmádena han sido multados por entrar en la Zona de Bajas Emisiones de Málaga? No lo sabemos. El Ayuntamiento de Málaga nunca ha facilitado ese dato desglosado por municipios. Lo que sí sabemos es que ya se han impuesto más de 35.000 denuncias y que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha considerado discriminatorio el sistema que permitía circular a determinados vehículos de Málaga capital mientras sancionaba a los mismos vehículos si estaban domiciliados en cualquier otro municipio de la provincia.
Detrás de esas cifras hay personas. Vecinos de Benalmádena que han ido al Hospital Regional o al Clínico, que han acudido a una consulta médica, a un juzgado, a Hacienda, a la Seguridad Social, a la Universidad o simplemente a trabajar. Personas que no fueron al centro de Málaga por capricho, sino porque la capital concentra buena parte de los servicios públicos de toda la provincia.
Y aquí aparece otra gran contradicción. Se penaliza el uso del vehículo privado mientras las alternativas de transporte siguen siendo claramente insuficientes. El Cercanías presenta limitaciones, las conexiones transversales entre municipios son deficientes, muchas urbanizaciones carecen de una oferta de transporte adecuada y miles de malagueños no tienen otra opción real que utilizar su coche para desplazarse.
No se puede obligar a un ciudadano a utilizar un transporte público que, en muchos casos, simplemente no responde a sus necesidades y, al mismo tiempo, sancionarlo cuando utiliza el único medio del que dispone para acudir a una cita médica, realizar una gestión administrativa o desarrollar su actividad laboral.
La sentencia del TSJA no cuestiona que se adopten medidas para mejorar la calidad del aire. Lo que rechaza es que esas medidas se apliquen vulnerando principios básicos como la igualdad, la libertad económica, la unidad de mercado y la no discriminación. Porque un vecino de Benalmádena no puede tener menos derechos que uno de Málaga únicamente por el municipio en el que tiene domiciliado su vehículo.
Por eso, desde VOX vamos a presentar en el próximo Pleno del Ayuntamiento de Benalmádena una moción para exigir al Ayuntamiento de Málaga la devolución de las multas impuestas a los benalmadenses afectados por este sistema declarado discriminatorio.
No hablamos de un privilegio. Hablamos de justicia.
Cuando una administración cobra sanciones apoyándose en una regulación que los tribunales consideran contraria a Derecho, lo mínimo exigible es reparar el perjuicio causado. Quedarse con ese dinero supondría convertir un error jurídico en un beneficio económico para la Administración y un castigo injusto para miles de ciudadanos.
España no puede convertirse en un país donde desplazarse libremente dependa del código postal del conductor o de si puede permitirse cambiar de coche. Circular por nuestras ciudades para trabajar, acudir al médico o realizar cualquier trámite no puede convertirse en un peaje político e ideológico.
La libertad de movimiento, la igualdad entre españoles y el sentido común deben prevalecer sobre políticas que enfrentan a unos ciudadanos con otros.
Las multas que nunca debieron imponerse deben devolverse. Es una cuestión de legalidad, pero también de justicia.
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