El grupo socialista del Ayuntamiento de Benalmádena ha alertado del agravamiento de la crisis de acceso a la vivienda en el municipio y ha responsabilizado directamente de la situación al gobierno del Partido Popular, encabezado por el alcalde Juan Antonio Lara. El secretario general del PSOE local, Víctor Navas, y la portavoz del grupo municipal, Sandra Ochoa, acompañados por la concejala y diputada María Isabel Ruiz, han exigido medidas urgentes ante lo que califican de «inacción» del ejecutivo municipal.
Según los datos aportados por el PSOE, Benalmádena cuenta actualmente con 8.606 licencias de apartamentos turísticos, lo que representa el 20% del total del parque de viviendas del municipio. La cifra ha aumentado en 175 unidades solo desde diciembre de 2025. Desde que Lara asumió la alcaldía, el número de autorizaciones habría crecido en cerca de 3.000, sin que el equipo de gobierno haya adoptado ninguna medida de regulación del mercado del alquiler.
Los socialistas han puesto en contraste esta expansión del alquiler vacacional con la gestión del gasto público en materia residencial. La portavoz socialista ha denunciado que la partida municipal destinada a vivienda para el ejercicio 2026 asciende únicamente a 8.164,11 euros, calificando esta cifra de «mínima expresión» de la inversión necesaria. Además, han señalado la eliminación por parte del equipo de gobierno de los incentivos al alquiler de larga temporada, medidas que, según los socialistas, habrían contribuido a tensar aún más el mercado residencial.
Navas también ha cuestionado la gestión del suelo público. En su exposición, ha relatado cómo una parcela adquirida por el Ayuntamiento por más de cuatro millones de euros con destino a vivienda pública fue vendida aproximadamente un año después por el mismo importe, generando un sobrecoste próximo al 10% en impuestos y gastos derivados de la operación. El resultado, según el dirigente socialista, es que el suelo que iba a albergar vivienda social para jóvenes y personas en situación vulnerable se destinará a viviendas de precio limitado, con un coste superior a los 220.000 euros, a los que se sumarán garaje y trastero, y con un período de protección de apenas siete años.
El PSOE de Benalmádena ha reclamado tres medidas concretas: la recuperación de las ayudas al alquiler de larga duración, la limitación de nuevas licencias de vivienda turística y la declaración de Benalmádena como zona de mercado residencial tensionado al amparo de la Ley de Vivienda estatal. Esta última figura permitiría, según Ochoa, regular los precios del alquiler, incrementar la oferta residencial y ofrecer incentivos fiscales de hasta el 90% en el IRPF a propietarios que alquilen en régimen de larga duración.
Los socialistas han recordado que ciudades como Málaga ya han adoptado medidas similares, entre ellas una moratoria en la concesión de nuevas licencias de apartamentos turísticos, y han instado tanto a la Junta de Andalucía como al propio alcalde a ejercer sus competencias. «Tanto el presidente Juanma Moreno como el alcalde Juan Antonio Lara deben asumir su responsabilidad y dejar de mirar hacia otro lado ante un problema que afecta directamente a miles de vecinos», han concluido.
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