La oposición sigue actuando para intentar frenar la privatización de la gestión del agua en Benalmádena, aprobada en solitario por la mayoría absoluta del Gobierno local del PP. Al recurso de reposición interpuesto por IU-Podemos, que no descarta acudir al Contencioso Administrativo, ahora se suma el de Vox, que también encuentra “deficiencias” en el estudio de viabilidad que sustenta la privatización.
Joaquín Amann, portavoz de este partido, ha explicado que esta decisión para implantar un modelo de gestión indirecta del servicio de abastecimiento de agua “no está debidamente motivada ni justificada” ya que el equipo de Gobierno de Juan Antonio Lara “sustenta su propuesta en un supuesto estudio de viabilidad de la gestión indirecta que presenta graves deficiencias, errores de fondo y lagunas significativas en el análisis de costes, al omitir partidas esenciales que alteran de manera sustancial el resultado económico y la comparación real entre modelos de gestión”.
En este sentido, argumenta que el propio estudio concede a la empresa privada “unos beneficios que suponen un incremento de hasta el 300% respecto a los actuales, lo que inevitablemente se traducirá en nuevas subidas en los recibos del agua para los vecinos de Benalmádena, que ya vienen soportando incrementos continuados. Se compromete así el interés general para garantizar beneficios desproporcionados a la empresa concesionaria”.
Asimismo, Amann asegura que la decisión del Partido Popular concurre en “vulneraciones graves de principios y derechos fundamentales, entre ellos el principio de participación en los asuntos públicos y los derechos de representación política”.
Del mismo modo, el portavoz de Vox afirma que “existe una ausencia de fiscalización previa real de la sostenibilidad del modelo, una falta total de trazabilidad y ocultación de fuentes respecto al supuesto plan de infraestructuras hídricas, al que este grupo municipal no ha tenido acceso ni conocimiento efectivo”.
A juicio de Amann, el informe de viabilidad presentado en el pleno por el Gobierno local es “sesgado, incompleto, arbitrario y carente de rigor, evidenciando una quiebra de la buena fe y de la confianza legítima en la Administración”, al incumplirse además acuerdos plenarios previos, como la moción aprobada para crear una comisión específica de estudio sobre la gestión del agua, “que nunca fue convocada por el equipo de Gobierno popular”.
“Todo ello nos lleva a considerar que existe una desviación de poder en la adopción de esta decisión, cuyo único efecto práctico es perpetuar un modelo de gestión que ya ha fracasado durante los últimos 25 años, periodo en el que los vecinos han pagado recibos sin conocer con claridad en qué se invertía su dinero ni cómo se gestionaba un servicio esencial”, ha afirmado Amann, quien ha subrayado que “Vox no puede respaldar que se ceda el control de la gestión del agua municipal a una empresa privada y que esto perjudique directamente a los benalmadenses y a un servicio tan básico y estratégico como el agua potable”.