En España ya no hablamos de un problema de vivienda: hablamos de una emergencia habitacional provocada por decisiones políticas conscientes. Y el ejemplo de Benalmádena lo demuestra con crudeza. Alquilar un piso medio cuesta más de 1.200 euros, mientras el salario medio en Andalucía no llega a los 1.900. Más del 60% del sueldo se esfuma solo en pagar techo. ¿Quién puede formar una familia así? ¿Quién puede vivir así?
Este desastre no es un accidente. Es el resultado directo de las políticas del Gobierno de Pedro Sánchez y del bipartidismo que, entre Agenda 2030, ciudades de 15 minutos y trabas urbanísticas, ha estrangulado el crecimiento natural de nuestras ciudades. España necesita casi 800.000 viviendas nuevas, pero construir se ha convertido en una gincana burocrática diseñada para que nada avance. Cuanta menos oferta, más sube el precio. Y cuanto más sube el precio, más recauda la administración. Blanco y en botella.
A la reducción artificial de la oferta se suma una demanda disparada por políticas que fomentan la inmigración descontrolada, generando una competencia brutal por viviendas y ayudas públicas. Mientras europeos con mayor poder adquisitivo compran sin dificultad con los precios disparados que tenemos, miles de españoles son expulsados de su propio mercado de vivienda. Y los jóvenes, familias y desfavorecidos directamente, ni empiezan la partida ahogados por la competencia de una inmigración irregular que se quedan casi todas las subvenciones y acceden con más facilidad a la poca vivienda protegida que se hace.
En Benalmádena los precios han subido un 100% en ocho años. Una casa de 150.000 euros vale hoy más de 300.000. Y esto sin contar la mochila fiscal del 30% que añaden impuestos, tasas y plusvalías. La vivienda se ha convertido en el mayor negocio de las administraciones públicas, que cobran más cuanto peor viven los ciudadanos.
Y encima, ese dinero no vuelve: calles sin recepcionar, jardines abandonados, servicios deficientes. Pagamos como si viviéramos en Suiza y recibimos servicios de república bananera.
La conclusión es evidente: están haciendo negocio con la precariedad de los españoles. Con los jóvenes que no pueden emanciparse. Con las familias que no pueden comprar. Con los trabajadores que entregan la mitad del sueldo para sobrevivir.
La solución existe, pero no les interesa: eliminar trabas para construir, permitir que las ciudades crezcan y bajar ya los impuestos que encarecen artificialmente el acceso a una vivienda. Porque una casa no es un lujo. Es un derecho básico para tener una vida digna.
Y un país que expulsa a sus propios hijos del mercado de la vivienda es un país que ha dejado de proteger a los suyos.
Aviso Legal sobre Contenidos de Opinión
El medio de comunicación digital Ole Benalmádena ofrece un espacio para la publicación de artículos de opinión elaborados por colaboradores externos, entre ellos representantes de distintos partidos políticos y otras entidades, así como cartas a la directora.
Por medio del presente aviso, se informa a todos los lectores y usuarios que las opiniones, ideas y expresiones vertidas en dichos artículos son responsabilidad exclusiva de sus autores y no reflejan necesariamente la postura ni los valores de este periódico.
En este sentido, Ole Benalmádena se exime de toda responsabilidad penal, civil, administrativa o de cualquier índole derivada de los contenidos publicados por los colaboradores. Los autores de los artículos serán los únicos responsables de las consecuencias legales que puedan derivarse de sus publicaciones.
Si cualquier usuario o lector detecta algún contenido que considere ilegal, ofensivo o contrario a las normativas vigentes, puede notificarlo a través de contacto@olebenalmadena.com y el equipo de Ole Benalmádena procederá a revisarlo de acuerdo con las leyes aplicables.
Agradecemos a nuestros colaboradores y lectores por contribuir al debate plural y respetuoso que caracteriza a este medio.