El próximo 17 de mayo Andalucía vuelve a las urnas. Y la pregunta que nadie en el Partido Popular quiere responder es tan simple como demoledora: ¿para qué ha servido su mayoría absoluta?
Ocho años gobernando, con todo el poder en sus manos, dan para mucho. Dan para reformar, para corregir, para transformar. Pero también dan, si se quiere, para no hacer nada. Y eso es exactamente lo que ha pasado en Andalucía: se han cambiado las caras, pero no las políticas.
Porque conviene recordar de dónde veníamos. Cuarenta años de socialismo que dejaron una administración lenta, unos servicios públicos tensionados y una economía lastrada por decisiones equivocadas. El Partido Popular llegó prometiendo un giro. Hoy, la realidad es que ese giro no ha existido.
¿Se ha mejorado la sanidad? ¿Se han reducido las listas de espera? ¿Se ha reforzado la educación con más plazas y mejores infraestructuras? ¿Ha mejorado la movilidad entre municipios? ¿Se han impulsado las infraestructuras hidráulicas que Andalucía necesita? La respuesta, por incómoda que sea, es la misma en todos los casos: no.
Y cuando no hay resultados, hay que mirar las causas. En Andalucía hay dos ejes que explican este continuismo: las políticas climáticas y las políticas ideológicas.
Las primeras han supuesto un freno directo al crecimiento. Se ha castigado al campo, se ha limitado la capacidad de construir vivienda y se han impuesto trabas que reducen la oferta y disparan los precios. La Ley del Suelo no ha venido a facilitar, sino a complicar. ¿El resultado? Jóvenes que no pueden emanciparse hasta bien entrada la treintena —o directamente los cuarenta— porque acceder a una vivienda es cada vez más difícil.
Las segundas, las políticas ideológicas, han desviado recursos y han generado tensión social. Políticas de género que, bajo el discurso de la igualdad, acaban señalando a la mitad de la población. Y una política migratoria basada en la ausencia de control que ha derivado en una presión creciente sobre los servicios públicos. En los últimos años, España ha recibido millones de inmigrantes. Andalucía lo ha notado, y mucho. Y cuando los servicios se saturan, quienes pagan las consecuencias son los de siempre: los ciudadanos que sostienen el sistema.
Al final, la conclusión es evidente: no se puede pretender cambiar las cosas haciendo lo mismo. El Partido Popular ha optado por una política de sustitución —cambiar a unos por otros— pero manteniendo intacto el modelo. Y lo que es peor, empieza a acumular sus propios casos de corrupción, recorriendo el mismo camino que tanto criticó durante décadas.
Frente a este escenario, Vox plantea algo distinto: cambiar las políticas, no solo los nombres.
Cambiar significa aumentar la oferta de vivienda liberalizando suelo, eliminando trabas y facilitando la construcción. Cambiar significa destinar los recursos donde realmente hacen falta: más médicos, más enfermeros, más profesores. Cambiar significa abandonar el gasto en ideología para invertir en servicios.
Cambiar también implica decir algo que otros no se atreven: Andalucía no puede asumir una inmigración descontrolada. No puede ser el sistema sanitario ni social del mundo. Hace falta control, orden y una inmigración que pueda integrarse y aportar, no saturar.
Y cambiar supone apostar por el desarrollo real: infraestructuras hidráulicas, transporte, movilidad. Inversión en lo que de verdad mejora la vida de la gente. No en pancartas, ni en titulares, ni en estructuras paralelas que solo sirven para gastar sin resultado.
Las propuestas de Vox no son eslóganes. Son sentido común aplicado a la gestión pública. Frente a una forma de gobernar agotada, previsible y acomodada, hay otra manera de hacer las cosas: más austera, más directa y centrada en el ciudadano.
El 17 de mayo no va de izquierda o derecha. Va de seguir igual o cambiar de verdad.
Y esa es la decisión que tienen que tomar los andaluces.
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