El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Málaga ha admitido a trámite el recurso interpuesto por el PSOE contra el acuerdo adoptado en el pleno extraordinario del 29 de diciembre de 2025, en el que se desestimaron los recursos de reposición presentados por la oposición contra las actuaciones preparatorias del contrato de concesión del ciclo integral del agua en Benalmádena.
La resolución judicial, dictada el pasado 1 de abril, ordena al Ayuntamiento de Benalmádena que remita el expediente administrativo en el plazo improrrogable de veinte días, con los correspondientes emplazamientos a las partes interesadas.
Con esta decisión judicial, la gestión del agua potable, el alcantarillado y la depuración de aguas residuales en Benalmádena entra en una nueva fase de incertidumbre legal. El Gobierno municipal del Partido Popular, que cuenta con mayoría absoluta en el Consistorio, ha impulsado en solitario la continuidad de la gestión indirecta del servicio, es decir, en manos privadas, ignorando las objeciones técnicas, jurídicas y políticas planteadas por todos los grupos de la oposición.
“No estamos ante un debate ideológico, sino ante un procedimiento viciado de origen, con graves carencias técnicas y legales que el Gobierno municipal ha decidido ignorar conscientemente”, ha indicado Víctor Navas, viceportavoz del PSOE de Benalmádena
Un proceso cuestionado desde el principio
El debate en torno al agua en Benalmádena se remonta a la finalización, el pasado verano, del contrato de concesión de 25 años con la multinacional Aqualia en la Empresa Municipal de Aguas de Benalmádena (Emabesa). La caducidad de esa concesión abría la puerta a retomar la gestión pública del servicio. Sin embargo, el equipo de Gobierno optó por encargar un informe técnico, económico y jurídico a una consultora externa que, según sus propias palabras, concluía que la gestión indirecta resultaría más ventajosa para el municipio.
El PSOE cuestionó frontalmente ese informe, calificándolo de carente de “rigor técnico”, afirmando que contiene “datos que no se ajustan a la realidad”. Más grave aún resultó la denuncia socialista de que tanto la consultora autora del informe como la actual adjudicataria del servicio figuran en una denuncia ante la Fiscalía de Sevilla por un caso similar en la localidad de Écija.
Por su parte, Vox señaló que el informe encargado por el gobierno local “infla los ingresos y los gastos de manera artificial con el objetivo de desincentivar la gestión directa” y mostró, con datos del propio documento, que los ingresos del servicio pasarían de 11,7 millones de euros en 2026 a más de 30,7 millones en 2050. En términos domésticos, eso supone que una familia que hoy paga en torno a 60 euros cada dos meses podría llegar a pagar 180 euros en 2050.
Desde IU-Podemos se solicitó en pleno un referéndum para consultar a la ciudadanía sobre el futuro de la gestión del servicio del agua, que no prosperó por el rodillo de la mayoría absoluta del PP.
Recursos rechazados, riesgos asumidos
Todos los grupos de la oposición —PSOE, Vox e IU-Podemos— presentaron recursos de reposición contra el acuerdo plenario de octubre de 2025 en el que se aprobaron las actuaciones preparatorias de la nueva concesión. En un pleno extraordinario celebrado el 29 de diciembre, el PP los desestimó en bloque sin responder, según denuncia la oposición, a ninguna de las cuestiones de fondo planteadas.
Entre los argumentos esgrimidos en los recursos figuraban irregularidades de calado: la ausencia de un análisis previo de sostenibilidad financiera exigido por ley, la falta de un estudio comparativo completo de todas las formas de gestión directa previstas en la normativa, la no inclusión del Plan de Inversiones —de más de 54 millones de euros— en el expediente sometido a votación, y la imposibilidad de identificar al técnico firmante de los informes, lo que impide cualquier control sobre su responsabilidad profesional. Además, la oposición solicitó formalmente dejar el asunto sobre la mesa o retrotraer el procedimiento. El PP no lo consideró necesario.
Emabesa, en precario
En este escenario, Emabesa continúa prestando el servicio de forma provisional, sin ejecutar inversiones y sin abonar el canon municipal correspondiente. Esta situación se prolongará hasta que se resuelva la licitación pública que el Ayuntamiento deberá convocar para elegir al nuevo operador privado. Un proceso cuya duración es incierta y que se ve ahora ensombrecido por el procedimiento judicial admitido a trámite.
Desde Facua Málaga, la federación de asociaciones de consumidores, también se instó al Ayuntamiento a aprovechar el fin de la concesión para recuperar la gestión pública del agua, recordando que se trata de “un bien esencial, patrimonio común y cuyo acceso es un derecho humano”. La organización no comprende los motivos por los que el equipo de Gobierno “está empeñado en entregar la gestión del agua a manos privadas, en lugar de asumir la responsabilidad de su gestión directa”.
La sombra de la privatización de 2000
El líder de la oposición socialista recordó que la actual situación tiene su origen en el año 2000, cuando el entonces alcalde privatizó el 50% de la empresa pública del agua. “Una decisión que hipotecó durante 25 años la gestión de un recurso esencial”, en sus palabras. La intención del PSOE siempre fue recuperar el servicio al finalizar la concesión para devolverlo a la gestión cien por cien municipal. El Gobierno de Juan Antonio Lara ha optado, en cambio, por renovar el modelo privado “con prisas, sin diálogo y con total opacidad”.
La admisión del recurso por parte del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Málaga no implica aún ninguna resolución sobre el fondo del asunto. El juzgado deberá examinar si el procedimiento seguido por el Ayuntamiento se ajustó a la legalidad vigente. Pero la apertura de esta vía judicial supone, al menos, que las dudas planteadas por la oposición han superado el primer filtro y merecen una respuesta judicial que el Gobierno municipal de Benalmádena se negó a dar en sede plenaria.
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