Hay algo que no funciona. Y no es una percepción aislada ni una crítica puntual. Es la suma de decisiones, retrasos y deficiencias que, acumuladas, dibujan un problema estructural.
Desde el principio, la implantación del nuevo servicio de recogida de residuos sólidos urbanos, que comenzó a mediados de 2024, fue como poco convulsa. Las zonas de contenedores y las islas soterradas de recogida han estado sucias siempre, con el Partido Socialista y ahora con el Partido Popular. Eso demuestra que no estamos ante una cuestión de colores políticos, sino ante un problema de fondo que no termina de resolverse.
En el nuevo contrato se cambiaron los contenedores para mejorar la imagen, sí, pero por otros más pequeños. Y al ser más pequeños, se han tenido que multiplicar. Donde antes había uno, ahora hay dos o tres. Y eso también sucede con los contenedores de recogida separada, como el vidrio o el papel. El resultado es evidente: más ocupación de vía pública, más pérdida de plazas de aparcamiento y una sensación visual permanente de saturación y desorden.
Mientras el municipio ha crecido, las rutas y las frecuencias del servicio no lo han hecho al mismo ritmo. Se mantienen prácticamente los mismos medios para una población mayor. Eso se aprecia con claridad en la recogida de enseres: muebles, etc… que se amontonan durante días en los puntos habilitados porque el servicio no da abasto.
Se implantó la solicitud telefónica para recoger enseres. Buena idea en teoría, pero solo funciona si el sistema es ágil. Cuando alguien quiere deshacerse de un residuo voluminoso, como un sofá, necesita liberar ese espacio de inmediato, porque otro elemento ocupará su lugar. Si la recogida se retrasa, el vecino no puede gestionarlo correctamente y el residuo acaba abandonado en la calle hasta que, tarde y mal, el servicio lo retira.
Tampoco ha existido una planificación coherente en la distribución de las islas soterradas y ecológicas. En urbanizaciones donde no hay problemas de aparcamiento ni un impacto estético relevante se han instalado infraestructuras costosas. Sin embargo, en zonas céntricas, comerciales y densamente pobladas —donde el espacio es escaso y la imagen urbana es fundamental— no se han sustituido todos los puntos por sistemas soterrados. Si el objetivo era mejorar la estética y ordenar el espacio público, la planificación ha sido, cuando menos, discutible.
Pero lo más preocupante no está solo en lo visible.
Casi dos años después del inicio del contrato siguen sin ejecutarse infraestructuras básicas previstas en los pliegos: la legalización y puesta a punto de la planta de transferencia, la construcción de un punto limpio y la creación de un centro de tratamiento de residuos de poda y broza. Se ha consumido ya una parte muy importante del contrato —nos acercamos al 20 % de su duración— y estos elementos esenciales siguen sin cumplirse. Y conviene subrayarlo: estos incumplimientos afectan gravemente a la calidad del servicio. Tan es así, que a día de hoy los vecinos de Benalmádena no tienen donde depositar los electrodomésticos grandes que desechan, ya que, no son enseres que puedan dejar en la calle para que los recojan so pena de que les multen, ni pueden llevarlos a un punto limpio que no existe.
A esto se suman los problemas operativos de la empresa, incluidos accidentes con camiones, y la decisión del Ayuntamiento de imponer penalizaciones por incumplimientos graves del contrato. Y aquí es donde debemos detenernos y reflexionar con serenidad.
Si la empresa está teniendo dificultades para aplicar los pliegos tal y como fueron redactados y comprometidos, si la implantación resulta casi imposible en determinados aspectos por cómo se diseñó el contrato, y si esos problemas están derivando en incumplimientos graves, quizá el problema no se resuelva con penalizaciones, sino volviendo a licitar de nuevo el servicio.
Los dos primeros años de un contrato de esta magnitud son decisivos. Es cuando la empresa debe demostrar su capacidad y su solvencia, y cuando el servicio debe ajustarse con precisión a las necesidades reales del municipio. Por eso, precisamente en ese periodo inicial de implantación, se contempla la posibilidad de rescindir el contrato ante incumplimientos graves, para no arrastrar durante toda la década los errores del inicio.
Gobernar no es ir a salto de mata, poniendo parches a problemas que surgen por una mala planificación y una mala ejecución. Gobernar también es tener la valentía de evaluar si continuar así nos condena a diez años de parches y frustraciones.
Porque la recogida de residuos no es un asunto menor. Es uno de los contratos más importantes y costosos de cualquier Ayuntamiento. Y si falla, no solo se ensucia la ciudad. Se deteriora la confianza.
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