En política hay una vieja trampa: hacer creer al ciudadano que cambiar de siglas equivale automáticamente a cambiar de políticas. Andalucía lleva décadas atrapada en ese engaño. Primero fue el PSOE durante casi cuarenta años. Después llegó el Partido Popular prometiendo gestión, eficacia y cambio. Ocho años después, en Benalmádena, la conclusión es evidente: el abandono continúa. Quizá con mejor marketing. Quizá con ruedas de prensa más cuidadas. Pero para el vecino que espera una cita médica, busca vivienda para sus hijos o pierde horas atrapado intentando desplazarse por la Costa del Sol, el resultado es esencialmente el mismo.
Si hablamos de educación, es cierto que finalmente se está construyendo el nuevo instituto en Benalmádena Pueblo. Era imprescindible. Era urgente. Y llega tarde. Porque todavía faltarán años para verlo operativo, mientras la saturación sigue siendo el pan de cada día.
Pero un instituto no arregla el problema educativo de Benalmádena.
Seguimos necesitando un nuevo colegio. Seguimos con infraestructuras educativas deterioradas. Seguimos esperando que terminen de una vez las interminables obras del IES Arroyo de la Miel. Seguimos viendo cómo alumnos y profesores se adaptan a instalaciones impropias de un municipio de casi 80.000 habitantes.
No se puede presumir de educación pública mientras haya alumnos estudiando en condiciones indignas.
Pero la sanidad probablemente sea el ejemplo más insultante del abandono institucional.
Casi veinte años después de su inauguración, el hospital de Benalmádena sigue siendo un hospital a medio hacer, limitado, infrautilizado y claramente insuficiente.
Y lo más revelador son los números.
Según los propios datos que presume el Partido Popular, la inversión sanitaria de la Junta en Benalmádena ha sido de 934.728 euros en cuatro años.
Es decir:
233.682 euros al año dividido entre los 78.787 habitantes del municipio: 2,96 euros por benalmadense al año.
Sí. Menos de tres euros por vecino.
Con semejante «apuesta» por la sanidad pública, casi sorprende que los centros de salud estén saturados.
Casi sorprende que falten médicos. Casi sorprende que conseguir cita sea una carrera de obstáculos. Casi sorprende que los sanitarios estén hartos. O quizá no.
Porque con menos de lo que cuesta un desayuno por vecino al año, el milagro sería que esto funcionara.
Y si salimos del hospital y tratamos simplemente de movernos por la Costa del Sol, el panorama tampoco mejora.
Aquí conviene señalar algo importante: no toda la responsabilidad recae exclusivamente sobre la Junta. El desastre ferroviario, la falta de nuevas infraestructuras de tren o el colapso permanente de la autovía también tienen responsables en otras administraciones.
Pero precisamente porque esa realidad existe, la responsabilidad de la Junta sobre aquello que sí controla es aún mayor.
Y lo que controla es, entre otras cosas, la movilidad interurbana por autobús.
¿Y cuál es la realidad? Una línea de la costa absolutamente saturada. Autobuses llenos hasta niveles absurdos. Frecuencias insuficientes. Problemas recurrentes para conectar municipios que, en la práctica, funcionan como una gran área metropolitana continua.
Y una ausencia total de apuesta seria por reforzar alternativas de movilidad. Porque si no hay tren suficiente y la autovía está colapsada, lo lógico sería reforzar masivamente el transporte público interurbano. Pero no ocurre. Una vez más, la gestión consiste en dejar que el problema crezca hasta hacerse estructural.
Y luego está el drama de la vivienda. Otro terreno donde PP y PSOE llevan años intercambiándose anuncios mientras los ciudadanos siguen sin soluciones.
Miles de viviendas prometidas. Planes anunciados. Titulares. Maquetas. Fotos. Y después… prácticamente nada.
La vivienda protegida es testimonial. Los jóvenes no pueden emanciparse. Las familias trabajadoras no pueden acceder a una vivienda digna sin hipotecarse hasta límites absurdos.
¿Y cuál ha sido la respuesta política? Más burocracia. Más trabas. Más limitaciones urbanísticas.
Porque aunque el Partido Popular prometió liberalizar, agilizar y facilitar el desarrollo, la realidad es que las normas siguen dificultando enormemente que los ayuntamientos puedan desarrollar nuevos planes urbanísticos con agilidad.
No se ha producido la revolución administrativa prometida.
No se ha apostado de verdad por facilitar construcción, desarrollo y oferta habitacional.
Al contrario: seguimos atrapados en una visión ideológica que demoniza el crecimiento urbanístico, criminaliza la construcción y convierte el acceso a la vivienda en un privilegio.
Y cuando restringes la oferta mientras la demanda crece, solo ocurre una cosa: suben los precios. No es casualidad. Es una consecuencia directa de decisiones políticas equivocadas. Por eso el problema de Andalucía no es solo quién gobierna. Es que demasiados gobiernos han aplicado recetas parecidas con distinto envoltorio.
El 17 de mayo hay dos opciones. Seguir votando a quienes llevan décadas prometiendo cambios que nunca llegan. O apostar por un cambio real. Votar VOX para que llegue el sentido común, se prioricen las necesidades reales de los españoles y se gobierne pensando en soluciones y no en propaganda. Porque Benalmádena no necesita más anuncios. Necesita resultados.
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