El pleno aprobó ayer por unanimidad la moción presentada por el PSOE para instar a la Junta de Andalucía a que modifique el decreto de sequía y realice una distribución “equitativa, responsable y coherente” de los recursos hídricos, así como la puesta en marcha de un paquete de ayudas que palien los efectos por las pérdidas económicas y de empleos derivados de las restricciones de agua impuestas en sectores como la jardinería, viverístas, socorristas o alquiler turístico.
Esta propuesta no hace sino recoger las demandas de los sectores profesionales afectados por las restricciones de la sequía, que se han manifestado en dos ocasiones al ver inviable su trabajo y que vienen alertando de un “despido masivo” de trabajadores que afectará “a miles de familias en la provincia de Málaga.
Frente a este trágico panorama, las alternativas planteadas hasta la fecha para paliar las secuelas de las restricciones de agua, según alertan los afectados, “pueden ser válidas para los ayuntamientos, pero no lo son para el sector privado en tanto que el agua regenerada o de pozos, por ejemplo, es inaccesible para las empresas”. Entre otras medidas, están reclamando la posibilidad de llevar a cabo un riego mínimo de dos días por semana para no perder las zonas verdes y la flora en el municipio y critican que “es discriminatorio que los hoteles y parques públicos puedan hacer uso del agua para regar y nosotros no”. También proponen la posibilidad de que puedan abrir aquellas piscinas privadas que están llenas en la actualidad.
Ordenanza municipal
Por otro lado, el pleno también ha dado luz verdea la aprobación inicial de la Ordenanza de Uso y Gestión Eficiente del Agua como consecuencia de la declaración de sequía. La normativa ha salido adelante con los votos favorables del equipo de Gobierno y la abstención del resto de grupos municipales. La nueva ordenanza podrá sancionar con multas desde 6.000 hasta 600.000 euros en función de la gravedad de las infracciones y en caso excepcional, se podrá cortar el suministro cuando se detecte que hay un consumo que sobrepase las reducciones decretadas por la Junta de Andalucía, una suspensión, según se aclaró en el debate plenario, que no podrá ser de más de 48 horas.
Según anunció el edil de Agua, Juan Olea, el Ayuntamiento realizará un censo de las piscinas de uso privado de las comunidades vecinales, particulares y de uso público y todas ellas tendrán que someterse a distintas pruebas periódicas de controles de fugas. También podrá limitar o prohibir de forma parcial el uso de agua potable para el consumo humano, riego de campos de golf, duchas públicas o fuentes ornamentales, entre otras acciones.
Tras su aprobación inicial, ahora se abre el periodo para que oposición y ciudadanía en general puedan presentar alegaciones, como paso previo a su aprobación definitiva.
Olea ha informado de que la ordenanza otorga herramientas “para actuar y regular” en este tipo de situaciones en las que se produce un momento o periodo de grave sequía, “es una norma que está motivada, de carácter casi obligatorio, enfocada a los momentos que estamos viviendo y los que se vivirán, conscientes de que sequías como estas volverán”.
El objetivo de la normativa es “estar preparados para lo que viene”, en palabras del concejal popular y, que el Ayuntamiento disponga de su propia normativa, que persigue, según dijo, “la conciliación y sensibilización de nuestros vecinos para hacer entre todos a un uso racional del agua”.
“Ninguna administración aprendió de las últimas sequías, se dejaron en el cajón inversiones en infraestructuras necesarias”, señaló Olea, quien aseguró que la normativa es fruto del camino “previo e intenso de reuniones y aportaciones en las diferentes Mesas Contra la Sequía convocada con expertos, Ayuntamiento y Emabesa”.
