La reunión del Consejo Sectorial de Vivienda ha abierto de nuevo el debate en torno al creciente despegue del alquiler turístico en Benalmádena y las consecuencias que tiene en un mercado de la vivienda que no da tregua a los inquilinos y afecta directamente a los precios del alquiler de larga duración. El problema es compartido en nuestro país, pero las soluciones que están planteando, fundamentalmente los ayuntamientos, difieren en el calado. Algunas administraciones locales apuestan por la prohibición. Otras, solo por poner limitaciones o ampliar las restricciones ya existentes y hay donde no se ha hecho nada.
Este último es el caso de Benalmádena, donde, hasta el momento, parece ser no se pasa del papel al plano práctico, pues más allá de la elaboración de informes no hay ninguna medida en firme, un postura que contrasta con las distintas acciones ya adoptadas por municipios vecinos o incluso por la capital, en la que se han declarado zonas saturadas con porcentajes del 8% “mientras en nuestra ciudad no se hace nada con un porcentaje global cercano al 16%”.
Según ha denunciado el portavoz de IU-Podemos, Pablo Centella, “la única propuesta del equipo de Gobierno frente a la emergencia habitacional que existe en Benalmádena es elaborar un nuevo informe, en esta ocasión para tener garantías jurídicas de las actuaciones a seguir”.
Y es que, la intención municipal podría ser la de la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para incluir la actividad de las viviendas turísticas al objeto de limitarlas después. Una medida que resulta “insuficiente”, a juicio del PSOE, en tanto que su efectividad podría alargarse hasta tres años, en los que se continuarían otorgando nuevas licencias. Los socialistas proponen que, si la gestión que se va a llevar a cabo en Benalmádena pasa por la modificación de la ordenación urbanística, “se establezca también una moratoria que impida que se aprueben más licencias a viviendas turísticas mientras se haga efectiva la modificación del PGOU”.
A la par, según ha explicado a este medio el líder de la oposición, el socialista Víctor Navas, “entendemos que se deben recuperar los incentivos al alquiler residencial que instauramos en nuestra legislatura y que, se adopten medidas como las llevadas a cabo en Fuengirola, donde se ha gravado la basura a este tipo de alquileres de corta duración”, entre otras alternativas que se puedan estudiar poner en marcha.
De hecho, Centella -que adelantó que llevará a Pleno una batería de propuestas- ha mostrado su indignación porque “en esta reunión no han hecho ni caso a las propuestas realizadas por los empresarios para que se traten fiscalmente a los pisos turísticos como a cualquier otro negocio, y por la oposición de izquierdas que reclamamos que se establezca una moratoria a nuevas licencias acogiéndonos al decreto 31/2024 de 29 de enero donde la Junta de Andalucía da instrumentos a los ayuntamientos para, por razón imperiosa de interés general, actuar”.
Según ha asegurado el portavoz de IU-Podemos, “cuando se realizó la primera reunión del consejo sectorial de la vivienda, el 4 de junio, el número de plazas turísticas en viviendas ascendía a 35.110 mientras que a día de hoy la cifra es de 38.503, lo que supone un incremento de 3.393 plazas en tan sólo siete meses y, ante esta dramática situación la única propuesta de Juan Antonio Lara es volver a pedir otro informe”.
Ambos partidos políticos coinciden en la necesidad de actuar de urgencia sobre este asunto, una visión que comparten, según Navas, los distintos colectivos vinculados al sector inmobiliario presentes en esta reunión, como el del Colegio de administradores de fincas, puesto que “es vital implantar fórmulas para controlar un fenómeno desbordado en muchas zonas de Benalmádena y así también contribuir a resolver uno de los principales problemas que explica el alza de los precios del alquiler residencial”.
La realidad es que la incipiente conversión descontrolada de las viviendas residenciales turísticas en Benalmádena implica el recrudecimiento de los problemas de acceso a la vivienda, elevación de precios en ventas y alquiler, y dificultades de acceso a residentes. Una situación que está desencadenando que muchos trabajadores se vean obligados a rechazar empleos en nuestra ciudad, tal y como denunciaba hace unos meses la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos) en un estudio que realizó para analizar la situación de movilidad en la que se encuentra la Costa del Sol.
A la par, según criticó Navas, “no podemos mirar hacía otro lado cuando hay benalmadenses que se van directamente a la calle al finalizar sus contratos de arrendamiento porque no tienen posibilidad de renovarlos, pasando así las viviendas a ser de alquiler turístico” e insistió en la urgencia de que el Ayuntamiento “utilice ya las herramientas que tiene a su disposición ante esta grave problemática”.
Zonas tensionadas
El estudio elaborado por las áreas municipales de Urbanismo y Vivienda refleja que de las 49.500 viviendas que existen en nuestro municipio, 7.542 están destinadas al alquiler vacacional, lo que representa un 15,23 % del total.
Así, mientras los núcleos de Arroyo de la Miel y Benalmádena pueblo tienen densidad de viviendas con uso vacacionales inferiores al 10%, e incluso al 5% en algunas zonas, la costa es la que está más saturada y sobre todo, el puerto deportivo y el complejo Benalbeach, que se edificó precisamente con esta finalidad. Una valoración alejada de los datos que ofrece el INE, que refleja muchas más zonas tensionadas, con incluso hasta un 17% de casas destinadas al alquiler por cortas temporadas.
En otro orden de cosas, en esta reunión, el alcalde, Juan Antonio Lara, incidió en que se han impulsado medidas para la construcción de viviendas públicas, como la adquisición de terrenos para la construcción de casi 200 viviendas para jóvenes y personas con necesidades especiales del municipio, concretamente, en la zona de Rocas Blancas, por un importe de cinco millones de euros.
