“Cualquier niño que pase por allí puede tocar los cables”. Eso es lo que más alarma a los residentes de la avenida de la Vista de Benalmádena Pueblo, donde un cuadro de registros de telefonía lleva años abierto, destrozado y con un enjambre de cables, conectores y equipos al descubierto en plena acera, a escasos metros de la curva de acceso al parking municipal. Una instalación que ha dejado de ser solo un problema estético para convertirse en un foco de riesgo real para la seguridad de los vecinos.
Los cables cuelgan sueltos. Los paneles de conexión yacen rotos y apilados en el interior del armario, cuya carcasa está medio desprendida. Nada protege esa maraña de conductores eléctricos y de fibra de las manos de un curioso, un tropiezo o la lluvia. Y así lleva años: sin que la operadora responsable haya enviado a nadie a repararlo, y sin que el Ayuntamiento haya exigido que lo haga.
Los vecinos agotaron el camino institucional más directo: enviaron las fotografías al Ayuntamiento a través de su canal de WhatsApp oficial, con la esperanza de que la imagen de ese caos de cables en la vía pública bastara para activar algún protocolo. La respuesta fue tan breve como desalentadora: “Nosotros no tenemos autorización, gracias”.
Sin embargo, la legislación española otorga a los municipios plena potestad para requerir y sancionar a las operadoras de telecomunicaciones cuando sus instalaciones generan riesgos o deterioran el espacio público. El Ayuntamiento tiene la llave. Sencillamente, ha decidido no usarla.
No es la primera vez que los vecinos de esta calle se enfrentan a un peligro ignorado durante años. Durante más de una década, la entrada de la avenida careció de señalización horizontal: sin líneas amarillas de prohibición de aparcamiento, sin delimitación de carriles. El resultado fue un embudo diario, vehículos invadiendo el carril contrario y enfrentamientos constantes entre conductores. Situaciones de riesgo que se habrían evitado con unas simples rayas de pintura.
Fueron los propios vecinos —no el Consistorio— quienes sostuvieron durante años la presión sobre la Policía Local para que acudiera a multar a los infractores. Diez años de llamadas, de insistencia y de paciencia agotada hasta lograr que se cumpliera con algo tan elemental. El cuadro telefónico amenaza con convertirse en la siguiente batalla de ese mismo desgastante ciclo.
Los vecinos no piden nada extraordinario sino que la operadora repare y cierre su instalación, y que el Ayuntamiento haga valer las herramientas legales que tiene para obligarla. Mientras tanto, el cuadro sigue abierto. Los cables siguen colgando. Y la pregunta que nadie en la Administración parece querer responder es siempre la misma: ¿cuánto tiempo tiene que pasar, o qué tiene que ocurrir, para que alguien actúe?
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