CARTA A LA DIRECTORA
La corrupción se define, en el código penal español, como un abuso de poder a fin de obtener beneficios personales o para terceros. Toda corrupción exige una actuación ilegítima de una persona en una posición de autoridad o poder. La mayoría absoluta facilita evidentemente la corrupción al eludir cualquier tipo de explicación y sin embargo esta mayoría no exime la correcta justificación y explicación de los actos municipales.
El problema fundamental de la corrupción es que desvía fondos públicos, es decir, propiedad de los ciudadanos, al enriquecimiento personal o colectivo, con el perjuicio del beneficio que podría obtenerse en su utilización correcta, o sea creando un déficit. El problema fundamental de la mayoría absoluta es que da por hecho que todo lo que decide el cabeza de ésa mayoría es indiscutible, lo que nos lleva al caciquismo o caudillismo.
La corrupción es bastante frecuente en nuestro país. Si tuviéramos que establecer un rango histórico competitivo, el galardón se lo llevaría sin ninguna duda la familia real de los borbones, acusados reiteradamente de apropiarse de los estipendios públicos, de no pagar impuestos, de utilizarlos para gastos propios, fiestas, funerales, coronaciones, caprichos en general, etc., y sin necesidad de dar explicaciones dado su inviolabilidad. En el caso de nuestra vida política el partido político más corrupto es sin lugar a dudas el PP, que tiene más afiliados encausados legalmente que diputados en activo, muchos de ellos pendiente de los tribunales para ser juzgados y que nos darán la medida real de su corrupción que aparentemente enfangan toda la actividad pública con sus consecuencias nefastas en cuanto al gasto dinerario y sobre todo en vidas humanas en que desembocan muchas veces las responsabilidades no debidamente cumplimentadas.
La corrupción nos interesa a todos porque tiene consecuencias, el dinero malversado solo pasa a beneficiar a los malversadores y por tanto se detrae de los gastos públicos que benefician a todos los ciudadanos empobreciendo al país. El arte de la corrupción consiste en esconderla bajo una mayoría absoluta o bajo un falso control legal que exime, forzadamente, de dar explicaciones coherentes que justifiquen el robo.
En la última fechoría del PP, la practicada por el Sr. Montoro, ex ministro de Hacienda, y aún bajo secreto parcial de sumario, se exoneraba de pagar impuestos a las empresas que compraban los servicios “legales” del entonces ministro, que modificaba la ley favoreciendo la creación de un “fraude al portador”, lo que al cabo de una decena de años supone una gran cantidad de dinero defraudado y un gran déficit de las arcas del estado para las necesidades ciudadanas. A todas luces se trata de unas ganancias obtenidas arteramente.
Pero no siempre se utilizan estos métodos sofisticados, lo normal son los pequeños desfalcos o caprichos de nuestros munícipes, como son los vehículos personales y con chofer, los viajes, los recuerdos auto cumplimentados que pueden tener forma de camisetas, banderas, objetos de escritorio o de sobremesa. O bien favores personales a empresas o instituciones, bien sea para pagar un débito o para ganar partidarios. A veces se trata de algo más funcional como pueden ser las compatibilizaciones profesionales en donde no se conocen los límites entre el corregidor y el profesional, o los límites entre el ayuntamiento y las empresas colaboradoras particulares, esas empresas semipúblicas, que desgraciadamente siempre suelen perjudicar a las arcas públicas y al ciudadano.
Todo el dinero que se maneja generosa y liberalmente desde cualquier institución estatal, es un dinero que tiene dueño que ha sido depositado para ser administrado y nunca dilapidado. La calidad de vida popular depende en gran parte de ello. No es de recibo el generalizado trato condescendiente y la falta de transparencia que, basados en su mayoría censal, se refieren a unos ciudadanos que no son menores de edad ni de entendimiento para mantenerlos al margen de las decisiones municipales y sus consecuencias.
Los gestores electos tienen responsabilidades por la razón de sus cargos y necesidad de responder por ellas, sobre todo en los casos conocidos de grandes desgracias que producen muertes o daños medioambientales. Pero también las excesivas distracciones en forma de fiestas muchas veces injustificadas y las pequeñas distracciones que se corresponden con el postureo del que suelen alardear nuestros munícipes, que no se ven compensados con mejoras en las atenciones generales, limpieza, sanidad, suministros y educación.
Los ciudadanos tienen el derecho de contribuir con su queja activa, con su indagar, su protestar ante la más mínima anomalía a criticar todas aquellas disposiciones u opiniones no acordes con decisiones justas, porque al contrario del parecer de algunos, “estas cosas no pasan en todas partes”. La crítica ciudadana descarnada y libre debe de frenar todas las actitudes de falsa condescendencia que entrañan un engaño manipulador perjudicial para los intereses legítimos del pueblo y que permiten a la corrupción de cualquier grado campar libremente en nuestro perjuicio.
Jesús Lobillo Ríos (Benalmádena)
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