Benalmádena se enfrenta a una de las decisiones más trascendentales de las próximas décadas: el modelo de gestión del agua. Sin embargo, el Partido Popular ha decidido volver a hacer lo de siempre: actuar sin debate, sin consenso y sin escuchar a nadie. Ni siquiera han convocado la mesa de trabajo que el propio Pleno aprobó para estudiar el futuro del servicio. Y, como era de esperar, aprueban una propuesta que no busca mejorar la gestión ni abaratar el recibo del agua, sino perpetuar un modelo que solo beneficia a una parte: la empresa concesionaria.
Según el estudio económico que el propio gobierno ha presentado, los benalmadenses vamos a pagar muy cara esta decisión. El documento prevé que los ingresos del servicio pasen de 11,7 millones de euros en el primer año de la concesión a más de 30,7 millones el último año. Es decir, triplicar el recibo del agua en los próximos 25 años. Si hoy una familia paga unos 60 euros cada dos meses, dentro de 25 años pagará 180. Y todo ello para mantener el mismo sistema que ya ha demostrado ser opaco, ineficiente y carísimo.
Pero lo más grave es que esta subida no se traduce en un mejor servicio, sino en un negocio aún más rentable para la empresa privada. El estudio prevé que la concesionaria obtenga 57 millones de euros de beneficios en el periodo 2027-2051, frente a los 16 millones que ha generado en los últimos 25 años con el mismo modelo. Es decir, una rentabilidad un 300% superior a la actual. Todo cuadra, los vecinos pagarán tres veces más, la empresa ganará tres veces más. Un negocio perfecto… para ellos.
Resulta insultante que, después de 25 años de concesión con FCC en Emabesa, en los que el Ayuntamiento ha perdido capacidad de control, transparencia y supervisión, el Partido Popular proponga exactamente lo mismo. Ni una sola autocrítica, ni una sola medida para corregir los errores del pasado. Solo maquillaje técnico y un nuevo contrato con distinto nombre, pero con idéntica esencia: ceder un servicio público esencial a intereses privados.
El PP justifica su propuesta diciendo que la gestión indirecta a traves de una concesión es más flexible, más eficiente y que reparte mejor el riesgo operativo y financiero entre Ayuntamiento y empresa privada. Falso.
En un mercado monopolista como el del agua, el riesgo no existe, siempre se cubren los costes. Y si hablamos de financiación, el Ayuntamiento tiene más de 100 millones de euros de remanente, sin deuda y con capacidad de obtener crédito en mejores condiciones que cualquier empresa privada. Ademas, con un contrato a 25 años no se puede hablar de flexibilidad, dado que, todo lo que no se acuerde en él no se podrá hacer. Y en 25 años las circunstancias pueden cabiar tanto que la letra del contrato quede totalmente desfasada. Así que, lo único que reparte la gestión indirecta son los beneficios: para el socio privado, por supuesto.
Convertir un servicio esencial en una mina de oro para unos pocos es un error político y moral. Benalmádena necesita una gestión del agua moderna, eficiente, transparente y con control del Ayuntamiento. Porque el agua no se vende, se gestiona con responsabilidad.
En el fondo, lo que nos jugamos, no se trata solo de un modelo de gestión: se trata de quién manda sobre un recurso básico como el agua. O lo hace el Ayuntamiento, en nombre de los vecinos, o lo harán las empresas, en nombre de sus intereses. Y en esa elección, VOX lo tiene claro: con el agua de todos los benalmadenses no se especula.
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