La gestión de la ‘joya de la corona’ benalmadense vuelve a verse salpicada por un nuevo escándalo político que, además, llega a los tribunales. Tras el aval judicial que logró el pasado año el Puerto deportivo de Benalmádena para organizar y limitar los charters a través de concurso público, dando de este modo, base legal para que pueda determinar el número de licencias y el canon a pagar por las mismas, el PSOE denuncia hoy que el Gobierno local lleva meses “explorando vías que permitan eximir a las embarcaciones del pago del canon debido -aproximadamente a día de hoy suma unos 500.000 €-, en virtud del concurso declarado legal, y además les perdona el abono de las costas del juicio”.
Si bien llama la atención la intención política de dejar de ingresar esta nada desdeñable cuantía económica, más aún lo hace que el Puerto Deportivo de Benalmádena esté siendo presuntamente asesorado por la abogada que defendió la causa de las embarcaciones contrarias a la regulación y de miembros del PP, entre ellos el actual concejal de la Marina benalmense, José Luis Bergillos, quien fuera hace cuatro años cesado como consejero por la junta general del Puerto deportivo por “falta de deber del sigilo que deben respetar los miembros de los consejos de administración de las empresas municipales”, una obligación legal de mantener discreción y no hacer uso de informaciones que conozcan por razón de su cargo en beneficio propio o de terceros, o cuando su difusión pueda causar perjuicio al interés público.
En la denuncia interpuesta hoy mismo por el PSOE, se adjunta, entre otra documentación, una serie de cinco facturas con la firma electrónica de dicha letrada emitidas al Puerto deportivo de Benalmádena -desconocemos si abonadas-, unas minutas, a juicio de Navas, presumiblemente “incompatibles por las causas qué técnicamente dirige en la actualidad esta abogada respecto a procedimientos abiertos contra el propio Puerto deportivo”. Con todos estos ingredientes, a los que se suma la reciente dimisión del gerente de la Marina benalmádena, las facturas por comidas en concepto de protocolo de más de 6.000 euros en solo siete días o las factura abonadas a asesores afines al Partido Popular, en uno de los casos por un informe de medio folio con faltas ortográficas, la polémica está servida.
Años de tribunales
La denuncia contra la marina benalmadense surge cuando el anterior Gobierno local (PSOE-IU) trató de regular con la concesión de licencias, la actividad de los barcos de recreo que operan en en el Puerto deportivo, dependiente del Ayuntamiento. El elevado número de embarcaciones frente al de amarres propició en aquellas fechas la saturación de la actividad y por ende, la merma en la imagen de la marina, que junto al vacío legal existente en esta materia, motivó al Puerto deportivo a tratar de regular acorde a ley esta actividad, que se encontraba fuera de control, mediante un concurso público.
La denuncia fue interpuesta por varios empresarios del sector, que por primera vez tenían que pagar un impuesto por el uso que hacían de los embarques. A la misma se sumaron cuatro representantes de PP y Vox , quienes formaban parte como miembros y vocales del Consejo de Administración de la empresa municipal Puerto Deportivo de Benalmádena y por lo tanto disponían información de primera mano de todos los procedimientos.
Precisamente, el actual alcalde, Juan Antonio Lara, realizó en aquellas fechas numerosas intervenciones públicas, a día de hoy visibles en internet, en las que planteaba un presunto escenario de prevaricación y corrupción en torno a la gestión de la marina benalmadense, que alentó hasta que los tribunales archivaron la causa penal, continuos titulares en medios de comunicación incluso nacionales. Y es que, el caso tenía todos los ingredientes para alimentar el morbo mediático con informes de detectives privados incluso por medio.
La Unidad de Delitos Fiscales (UDEF), a través del Grupo de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción, investigó en 2021 a la empresa pública Puerto Deportivo por esas posibles irregularidades denunciadas en la concesión de los servicios de charters de la infraestructura portuaria. Una investigación que determinó que “no existía ni el más mínimo indicio de delito en la gestión del Puerto deportivo” y por ende, la sentencia, a la que no cabe recurso, absolvía de la denuncia de prevaricación y otros delitos de corrupción a los socialistas.
Finalmente, la resolución judicial confirmó en su totalidad el recurso presentado en su día por el Puerto deportivo y verificó que actuó conforme a derecho, condenando en costas a la parte contraria (unos 6.000 euros). La decisión judicial además implicó que no tendrá que indemnizar a los charters que pidieron la devolución de la parte del pago del precio que se impuso para presentarse a concurso.
Por otro lado, en el pasado Pleno de este mes de agosto, la que fuera concejala del área, Encarnación Cortés, hacía un ruego al nuevo equipo de Gobierno para que, tras esta sentencia -antes de la cuál no existía ningún precedente en Andalucía-, no se demore en ofrecer seguridad jurídica a la ordenación de los charters en la marina benalmadense.
A este respecto, el concejal popular José Luis Bergillos, indicaba el pasado año que “conocemos obviamente la resolución del TSJA en la que da la razón al puerto deportivo. Los charters son un gran problema y todos lo sabemos, y hay que darle una seguridad jurídica, pero nosotros en estos momentos estamos supeditados a obtención de la prorroga de la explotación. El borrador es vuestro -en referencia al PSOE- lo conocéis, y una vez la tengamos podremos abordar con garantías el tema de los charters”.
No obstante, en función de las facturas con la firma electrónica al Puerto deportivo de la abogada de los charters y en su momento del propio Bergillos, parece ser que el Gobierno local de Benalmádena no esperó a la concesión de la prórroga de la explotación anunciada este mayo de 2024 y parecer ser que apostó por otras vías de actuación que, según la denuncia interpuesta hoy por el PSOE pudieran incurrir en visos de ilegalidad.
