El hotel Vivemar de Benalmádena sigue abierto a pleno rendimiento pese a carecer de inscripción en el Registro de Alojamientos Turísticos y Hoteleros de la Junta de Andalucía, de obligado cumplimiento para poder desarrollar esta actividad económica, al estar siendo explotado “de forma ilegal sin autorización de la propiedad”, según sentenció hace un mes el Tribunal Supremo.
El Ayuntamiento de Benalmádena sigue sin ejecutar el cierre pese a contar con la resolución del Alto tribunal, que ha devuelto las instalaciones hoteleras a sus propietarios, -que llevan desde 2019 sin recibir el pago por alquiler-, y consciente de que la empresa que asumió la explotación de la planta hotelera en junio de 2024, no podrá acceder al registro exigido por la Administración autonómica para poder operar.
Técnicos municipales de vacaciones
Los propietarios del complejo hotelero critican que desde el Ayuntamiento de Benalmádena se justifica la demora del cierre del hotel Vivemar en que los “cuerpos de seguridad locales y nacionales están desbordados y en que hay muchos técnicos municipales de vacaciones”.
Unos motivos que no convencen a los perjudicados puesto que el propio Ayuntamiento notificó en marzo de este año a la actual explotadora la clausura del hotel al no aparecer en el registro de alojamientos turísticos de la Junta de Andalucía, algo imprescindible para que cualquier negocio de estas características pueda funcionar de manera legal y hace un mes que conoce la sentencia del Supremo sobre la “ocupación ilegal” de este complejo turístico.
“No logramos entender que interés puede haber detrás para no hacer cumplir la ley porque al final la empresa que lo está ocupando de manera ilícita va echar el verano y a lucrarse indebidamente, además sin que conozcamos si las instalaciones pueden poner en riego la seguridad de los turistas”, denuncian los propietarios del hotel, que han emprendido acciones legales penales por presuntas irregularidades administrativas.
Por su parte, la empresa que lo está explotando actualmente ha intentado quemar todos los cartuchos judiciales y recientemente interpuso un recurso contencioso administrativo contra el Ayuntamiento en el que, como medida cautelar, solicitaba que se paralice la orden del cese de actividad y cierre de las instalaciones. Una medida que, según la documentación a la que ha accedido este medio, le ha sido denegada.
En concreto, en el auto se argumenta que la empresa explotadora no ha acreditado “tener satisfechos todos los requisitos administrativos necesarios para el ejercicio de la actividad, por lo que cuando menos provisionalmente ha de prevalecer la ejecutividad de la orden de cierre dictada por el Ayuntamiento”, mientras se resuelve este nuevo pleito, en el que cuando se presente la sentencia del Tribunal Supremo todo pronostica que no tendrá mucho recorrido.
Odisea judicial
Cabe recordar que la controversia en tono a este hotel de Benalmádena surge en 2015 cuando esta familia se lo arrienda a una sociedad administrada por un empresario de origen iraní, al que solo tres años después denunció por incumplimiento de contrato por haber cedido su titularidad a un tercero y continuados impagos.
Pese “a estar buscado por la justicia y carecer de documentación” para operar en nuestro país, este empresario iraní, que se declaró insolvente, lo subarrendó, según han podido acreditar ante la justicia los propietarios, a través de “un contrato falso”. A todo esto, el establecimiento seguía abierto al público y gestionado por un entramado societario investigado judicialmente, ajeno a los legítimos propietarios -que sí han tenido que seguir haciéndose cargo del pago de impuestos y tasas pertinentes-.
En estos años, la explotación del hotel ha seguido activa con el mismo modus operandi: pasando la titularidad de una a otra empresa, que “se han ido tomando el relevo según se iban declarando insolventes”. Todo ello, pese a que, como consta en la sentencia del Tribunal Supremo, a la que ha tenido acceso este medio, la cesión no era legal y así quedó probado en primera y segunda instancia judicial.
Aun no contando con los permisos obligatorios en regla para operar en el sector, como el estar inscrito en el Registro de Alojamientos Turísticos y Hoteleros de la Junta de Andalucía y a través de la figura la declaración responsable, -cuyo objetivo es facilitar y agilizar la burocracia de las administraciones-, este entramado de empresas ha logrado durante años explotar este hotel de Benalmádena sin abonar alquiler a sus propietarios, con lo que obviamente tampoco tenían ningún tipo de relación contractual, y que estos tengan constancia, sin hacerse cargo de sus obligaciones con Hacienda y la Seguridad Social.
Finalmente ha tenido que ser el Supremo quien ponga orden y devuelva la propiedad a sus dueños. Ahora solo queda que la Administración pública responsable, en este caso el Ayuntamiento de Benalmádena, proceda y ponga fin a la actividad de un hotel que carece de licencia legal ni permiso de los propietarios, y que ha llevado a nuestro municipio a todos los medios de comunicación este verano por haber sido precintado con 200 turistas dentro.