El contrato de mantenimiento de las zonas verdes de Benalmádena, adjudicado en 2022 y anulado el año pasado por el Supremo, llega a Fiscalía. El Gobierno local pretende que “se investigue lo sucedido y en su caso depure las responsabilidades penales que puedan derivarse”.
El PSOE no ha mostrado temor alguno y anima al primer edil, Juan Antonio Lara, a que haga pública la sentencia, “para que los vecinos puedan comprobar por sí mismos si en ella se exige responsabilidad alguna al anterior gobierno”.
De hecho, los socialistas aseguran que con esta denuncia, el alcalde “vuelve a intentar desviar la atención de su nefasta gestión en Benalmádena con otra cortina de humo”.
La judicialización del contrato del mantenimiento de las zonas verdes de Benalmádena surgió tras darse la circunstancia del empate de siete candidatas. El criterio que se utilizó para desempatar fue computar a los trabajadores con discapacidad de las empresas, estableciendo dicho cómputo “en función del porcentaje de participación en la UTE de cada una de las empresas que la componían”.
El contrato se adjudicó en aquel momento a la UTE de empresas FCC Medio Ambiente y FCC Equal por un importe de 15,1 millones de euros, con el voto de calidad del entonces concejal de Parques y Jardines, Joaquín Villazón, y el técnico responsable de Parques y Jardines en el Ayuntamiento de Benalmádena, “frente al distinto criterio de interpretación del interventor y la vicesecretaría municipal”.
Por ello, según los socialistas, “y ante el temor de que las empresas en liza por la adjudicación del contrato acudieran al recurso contencioso administrativo, paralizando con ello la adjudicación, se formuló recurso ante el Tribunal de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía, que se pronunció a favor de la interpretación que adjudicaba el contrato a la UTE de empresas FCC Medio Ambiente y FCC Equal”.
Tras ello, la UTE de empresas Integra y Talher interpuso el recurso contencioso administrativo al que en la actualidad da la razón el Supremo, obligando al Ayuntamiento a anular el contrato, contabilizar de nuevo el número de trabajadores con discapacidad según criterios cuantitativos y no porcentuales y volver a adjudicar el servicio de mantenimiento de zonas verdes del municipio a la empresa que procesa, “sin señalar ningún tipo de responsabilidad adicional respecto a los miembros de la Mesa de Contratación de 2022”.
Indemnización
La UTE Integra y Talher, que ya está operando en el municipio, ha solicitado al Ayuntamiento de Benalmádena una indemnización de 666.845,77 euros por la parte del contrato que le ha sido imposible ejecutar al haberlo hecho de manera indebida otra contratista.
Mientas que el Gobierno local ha decido pagar sin rechistar, los socialistas afirman que “la sentencia no menciona esta generosa indemnización que el alcalde Lara ha regalado a la nueva adjudicataria para evitar que abandone el servicio. Un regalo que pagamos todos los benalmadenses con nuestros impuestos y que el alcalde ha consentido sin reparos”.