El Gobierno local de Benalmádena anunciaba hoy en las redes sociales oficiales del Ayuntamiento que acatará la sentencia del Tribunal Supremo respecto al contrato del mantenimiento de las zonas verdes del municipio y que los servicios jurídicos municipales están estudiando las posibles medidas a emprender “frente a una decisión que la anterior corporación tomó al margen de las indicaciones de los técnicos y que con toda probabilidad tendrá repercusiones económicas para este Ayuntamiento”.
La reacción del PSOE a estas manifestaciones no se ha hecho esperar y ha criticado que el Gobierno de mayoría absoluta del PP “además de borrarnos de las fotos en los actos públicos, use los medios institucionales, que pagamos todos con nuestros impuestos, para atacar de forma torticera a la oposición”.
Respecto a la posibilidad de que la ejecución de la sentencia judicial suponga algún coste económico adicional a las arcas municipales, los socialistas aclaran que “tal circunstancia en ningún caso se menciona en la sentencia sino que ha sido la solución propuesta por el alcalde, Juan Antonio Lara, para evitar el abandono de la nueva adjudicataria”.
Y es que, esta empresa, la UTE de empresas Integra y Talher, según la documentación a la que ha tenido acceso este medio, ha trasladado al Ayuntamiento un escrito en el que indica que el estudio económico que presentó en 2022 “ha quedado desfasado respecto de los precios actuales y que de mantenerse tal cual resultaría deficitario”, a la par que solicita una indemnización por el período que no ha podido ejecutar el contrato mediante el pago del 6% del beneficio industrial, más impuestos, sobre esos tres años, una propuesta que ha contado con el beneplácito del Gobierno local.
La portavoz del PSOE, Sandra Ochoa, adelantó a este medio que en el próximo pleno solicitará el apoyo de la corporación para “no acceder a las pretensiones de la nueva licitadora mientras no se disponga de informes técnicos de Contratación, Vicesecretaria, Intervención y Externos, sobre otras posibles opciones, así como solicitar los mencionados informes para explorar la vía de actualización de este nuevo estudio económico”.
La judicialización del contrato del mantenimiento de las zonas verdes de Benalmádena, que se adjudicó en 2022, viene tras darse la circunstancia del empate de siete candidatas. El criterio que se utilizó para desempatar fue computar a los trabajadores con discapacidad de las empresas, estableciendo dicho cómputo “en función del porcentaje de participación en la UTE de cada una de las empresas que la componían”.
El contrato se adjudicó en aquel momento a la UTE de empresas FCC Medio Ambiente y FCC Equal con el voto de calidad del entonces concejal de Parques y Jardines, Joaquín Villazón, y el técnico responsable de Parques y Jardines en el Ayuntamiento de Benalmádena, “frente al distinto criterio de interpretación del interventor y la vicesecretaría municipal”.
Por ello, según explica Ochoa, “y ante el temor de que las empresas en liza por la adjudicación del contrato acudieran al recurso contencioso administrativo, paralizando con ello la adjudicación, se formuló recurso ante el Tribunal de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía, que semanas después se pronunció a favor de la interpretación que adjudicaba el contrato a la UTE de empresas FCC Medio Ambiente y FCC Equal”.
Tras ello, la UTE de empresas Integra y Talher interpuso el recurso contencioso administrativo al que en la actualidad da la razón el Supremo, obligando al Ayuntamiento a anular el contrato, contabilizar de nuevo el número de trabajadores con discapacidad según criterios cuantitativos y no porcentuales y volver a adjudicar el servicio de mantenimiento de zonas verdes del municipio a la empresa que procesa, “sin señalar ningún tipo de responsabilidad adicional respecto a los miembros de la Mesa de Contratación de 2022”.
Exigen responsabilidades
(ampliación noticia a 11/07/2025)
El Partido Popular de Benalmádena en nota de prensa a fecha de 11 de julio manifiesta “su total rechazo y preocupación por la gestión realizada por el anterior equipo de gobierno socialista encabezado por Víctor Navas” en la adjudicación del contrato de mantenimiento de parques y jardines, tras conocerse la sentencia firme del Tribunal Supremo que anula dicho contrato y “evidencia las irregularidades cometidas durante el proceso”.
“Nos escandaliza y nos preocupa la forma de proceder en Benalmádena del PSOE de Navas, el partido que tiene a sus dos últimos secretarios de organización, Ábalos y Cerdán, como protagonistas principales de una trama de corrupción y mordidas que está afectando a las instituciones y a las bases democráticas”, ha señalado la portavoz local del PP, Presi Aguilera.
Según Aguilera, “la sentencia del Supremo deja en evidencia cómo el PSOE de Benalmádena actuó al margen del rigor jurídico, imponiendo decisiones arbitrarias que hoy ponen en riesgo el equilibrio económico del Ayuntamiento”. Y añade: “El gobierno de Navas se saltó todas las advertencias técnicas y legales, incluso las de la secretaria de la mesa de contratación y el interventor, para beneficiar a una empresa concreta, lo que demuestra un desprecio absoluto por la transparencia y la legalidad. Es lo mismo que estamos comprobando cada día con las noticias de los escándalos que rodean a Pedro Sánchez”.
Aguilera ha calificado los hechos como “un escándalo institucional que debe tener consecuencias”. “Desde el PP exigimos responsabilidades a Víctor Navas y al PSOE de Benalmádena por los perjuicios económicos a los que se enfrenta el Ayuntamiento por esta temeraria actuación que ahora todos los vecinos van a tener que pagar”, ha afirmado Aguilera.
Presi Aguilera ha asegurado que “esto no es solo una chapuza política, es un atentado del PSOE de Víctor Navas contra los intereses de los benalmadenses y pone de manifiesto una forma de actuar de los socialistas en las instituciones que nos repugna y nos causa el máximo rechazo”.
