La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Málaga, avala al Puerto deportivo de Benalmádena para organizar y limitar los charters a través de concurso público, dando de este modo, base legal para que determine el número de licencias y el canon a pagar por las mismas.
La resolución, a la que ha tenido acceso Ole Benalmádena, confirma en su totalidad el recurso presentado en su día por el Puerto deportivo y verifica que actuó conforme a derecho, condenando en costas a la parte contraria. La decisión judicial además implica que no tendrá que indemnizar a los charters que pidieron la devolución de la parte del pago del precio que se impuso para presentarse a concurso.
De hecho, en el pasado Pleno de este mes de agosto, la que fuera concejala del área, Encarnación Cortés, hacía un ruego al nuevo equipo de Gobierno para que, tras esta sentencia -antes de la cuál no existía ningún precedente en Andalucía-, no se demore en ofrecer seguridad jurídica a la ordenación de los charters en la marina benalmadense.
A este respecto, el concejal popular José Luis Bergillos, indicaba que “conocemos obviamente la resolución del TSJA en la que da la razón al puerto deportivo. Los charters son un gran problema y todos lo sabemos, y hay que darle una seguridad jurídica, pero nosotros en estos momentos estamos supeditados a obtención de la prorroga de la explotación. El borrador es vuestro -en referencia al PSOE- lo conocéis, y una vez la tengamos podremos abordar con garantías el tema de los charters”.
Cabe recordar que Bergillos fue hace tres años cesado como consejero del PP por la junta general del Puerto deportivo por “falta de deber del sigilo que deben respetar los miembros de los consejos de administración de las empresas municipales”, una obligación legal de mantener discreción y no hacer uso de informaciones que conozcan por razón de su cargo en beneficio propio o de terceros, o cuando su difusión pueda causar perjuicio al interés público.
Años de tribunales
Esta denuncia contra la marina benalmadense surge cuando el anterior Gobierno local (PSOE-IU) trató de regular con la concesión de licencias, la actividad de los barcos de recreo que operan en en el Puerto deportivo, dependiente del Ayuntamiento. El elevado número de embarcaciones frente al de amarres propició en aquellas fechas la saturación de la actividad y por ende, la merma en la imagen de la marina, que junto al vacío legal existente en esta materia, motivó al Puerto deportivo a tratar de regular acorde a ley esta actividad, que se encontraba fuera de control, mediante un concurso público.
La denuncia fue interpuesta por varios empresarios del sector, que por primera vez tenían que pagar un impuesto por el uso que hacían de los embarques. A la misma se sumaron cuatro representantes de PP y Vox , quienes formaban parte como miembros y vocales del Consejo de Administración de la empresa municipal Puerto Deportivo de Benalmádena y por lo tanto disponían información de primera mano de todos los procedimientos.
Precisamente, el actual alcalde, Juan Antonio Lara, realizó en aquellas fechas numerosas intervenciones públicas, a día de hoy visibles en internet, en las que planteaba un presunto escenario de prevaricación y corrupción en torno a la gestión de la marina benalmadense, que alentó hasta que los tribunales archivaron la causa penal, continuos titulares en medios de comunicación incluso nacionales. Y es que, el caso tenía todos los ingredientes para alimentar el morbo mediático con informes de detectives privados incluso por medio.
La Unidad de Delitos Fiscales (UDEF), a través del Grupo de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción, investigó en 2021 a la empresa pública Puerto Deportivo por esas posibles irregularidades denunciadas en la concesión de los servicios de charters de la infraestructura portuaria. Una investigación que determinó que “no existía ni el más mínimo indicio de delito en la gestión del Puerto deportivo” y por ende, la sentencia, a la que no cabe recurso, absolvía de la denuncia de prevaricación y otros delitos de corrupción a los socialistas.
Resuelto el asunto penal, ahora sale la resolución del contencioso administrativo del TSJA que da la razón al Puerto deportivo de Benalmádena para organizar y limitar estas embarcaciones a través de concurso público.
Ahora será el nuevo gobierno local con mayoría absoluta del PP quien determine si saca a concurso público los charters o los prohíbe. Parece, según la explicación dada en el Pleno municipal, que los populares en estos momentos no se plantean entrar en esta materia, pero no sabemos -aun siendo, según todas las partes y colores políticos, “un gran problema”-, cuál es la razón para tener que esperar a la prorroga de la licencia de explotación del puerto para iniciar el procedimiento de este concurso público y, lo que es más preocupante, ¿en qué situación están las actuales embarcaciones si ya ha terminado el plazo de la autorización?.
