La decisión del Gobierno local de Benalmádena de no aportar en tiempo y forma documentación pública reclamada por la oposición parece que al final va a suponer un coste económico para los benalmadenses.
Los tribunales han rectificado este mes de julio el auto relativo al recurso interpuesto por el PSOE ante “la inactividad del Ayuntamiento de Benalmádena, por incumplimiento de reclamaciones de fechas 9 y 13 de noviembre de 2023 de la ejecución del silencio administrativo positivo derivado de la solicitud de información presentada por los socialistas en fecha 5 de julio de 2023”, dando por terminado el procedimiento por satisfacción extraprocesal -“al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 de la LJCA al haber facilitado a los recurrentes la información solicitada”- y han resuelto, finalmente, la imposición de costas a la Administración pública local. Dicha resolución fue notificada a ambas partes hace más de un mes, «haciéndoles saber que contra la misma no cabe recurso alguno».
Es decir, que el Gobierno de Juan Antonio Lara al final le aportó la documentación requerida al PSOE evitando el procedimiento judicial, pero ahora tendrá que abonar las costas, un dinero que saldrá de las arcas municipales y por ende, del bolsillo de los benalmadenses.
Encima, para sumar desazón económica al ciudadano respecto a la gestión del Gobierno local en cuanto a este asunto, cabe resaltar que ésta es solo una de la casi veintena de demandas interpuestas por el PSOE de Benalmádena en los juzgados ante la presunta “falta de transparencia en el acceso a la información pública” por parte del Ayuntamiento.
Quizás, en vistas del auto judicial de esta primera, el alcalde, Juan Antonio Lara, podría plantearse como prioridad la opción de cumplir con la ley de Transparencia a rajatabla para con la oposición y así evitar un coste extra innecesario a cargo del contribuyente en concepto de costas en juzgados. Máxime, teniendo en cuenta, que contar con el mayor grado de transparencia en la actividad de la Administración pública propicia mejorar su funcionamiento y resultados, y se erige como clave en la lucha para combatir la corrupción. Y es que, la ley de Transparencia, que es de obligado cumplimiento para las entidades locales (ayuntamientos, diputaciones, consorcios, etc.) tiene un objetivo prioritario, como subraya el Consejo de Europa: «en una sociedad democrática y pluralista, la transparencia es un requisito extremadamente importante, ya que proporciona una fuente de información para el público».
A juicio del líder de la oposición, el socialista Víctor Navas, “parece ser que Juan Antonio Lara prefiere que paguen los benalmadenses antes de cumplir con la ley de Transparencia” y subraya que “si hemos acudido al amparo judicial no ha sido por antojo sino porque es la única alternativa que nos quedó, después de meses y meses de espera, sin poder acceder a información sobre temas que entendemos relevantes para la ciudad”.
Por otro lado, Navas recordó que en el Pleno del pasado mes de febrero, se solicitó la publicación de los currículums de los asesores del Gobierno local en el portal de transparencia. A lo que el edil del ramo, Alejandro Carretero, respondió que “como concejal de Transparencia los vamos a subir cuando nosotros queramos, no cuando usted diga -en referencia al concejal del PSOE-”.
En palabras del socialista, “seis meses después, sigue sin estar la documentación en la web de Transparencia, lo que evidencia de nuevo, el talante democrático y la nula transparencia del Gobierno de Lara, que solo atiende cuando media una demanda en los juzgados, aunque los costes los terminen pagando los vecinos y vecinas de Benalmádena”.
