El Ayuntamiento de Benalmádena ha anunciado que ha levantado el precinto de las instalaciones hoteleras del hotel Vistamar, que ahora recibe el nombre de Vivemar, en virtud de una nueva declaración responsable presentada por la empresa que lo explota en la que se comunica “el cambio de titularidad para el inicio de la actividad hotelera”.
No obstante, estas instalaciones hoteleras continúan sin estar inscritas en el Registro de Alojamientos Turísticos y Hoteleros de la Junta de Andalucía, motivo por el que fueron cerradas hace una semana por la Policía Local. Según los propietarios del hotel, “la titularidad de la explotación no puede cambiar en ningún caso, entre otras circunstancias reflejadas en el contrato con nuestro inquilino, porque no se nos ha comunicado y por ende, es ilegal y el Ayuntamiento es conocedor puesto que le hemos avisado”.
Por su parte, fuentes municipales, ha asegurado que “se efectuará un control posterior de dicha declaración responsable en la que se comunica el cambio de titularidad ejerciendo las facultades de control e inspección que legalmente tiene atribuidas el Ayuntamiento”, pero mientras, este negocio hotelero seguirá abierto al público.
De hecho, ni siquiera durante los días que ha estado precintado ha cesado su actividad y los turistas allí alojados han seguido en las instalaciones con relativa normalidad, accediendo al hotel a través de la puerta del garaje, en la que se rompió la cinta de precinto.
Investigación judicial
Detrás del antes conocido como Hotel Vistamar, hay desde hace años una ardua investigación judicial en curso por, entre otros delitos, su explotación ilícita y distintas presuntas irregularidades administrativas.
El problema, según han explicado los propietarios del hotel a este medio, surge cuando en 2015 se lo arriendan a una sociedad administrada por un empresario de origen iraní, que tres años después denunciaron por incumplimiento de contrato y al que, según consta en el auto de apertura del juicio oral, “la Fiscalía no solo pedía indemnizaciones millonarias sino también pena de prisión”.
Pese “a estar buscado por la justicia y carecer de documentación” para operar en nuestro país, este empresario iraní, que se declaró insolvente, lo subarrendó, según han denunciado los propietarios, a través de “un contrato falso”. A todo esto, el establecimiento seguía abierto al público y gestionado por un entramado societario investigado judicialmente, ajeno a los legítimos propietarios -que sí han tenido que seguir haciéndose cargo del pago de impuestos y tasas pertinentes-.
Los propietarios, que siguen inmersos en un largo periplo judicial cada vez más complicado, alertaron al Ayuntamiento de la situación y aportaron toda la documentación acreditativa pertinente, lo que sustentó finalmente la clausura del hotel en 2023 por parte de la Administración local.
Sin embargo, este 2024 volvió a abrir sus puertas, parece ser que, a través de un nuevo subarrendatario, del que nada saben los legítimos dueños del establecimiento hotelero y que “no cuenta con nuestro permiso para explotar nuestra propiedad”.
De este modo, denuncian que el Ayuntamiento “dio por válido un contrato que va en contra de lo que él mismo plasmó en el acta de cierre, dando por bueno un contrato de 1 de junio de 2023 presentado por Hotel Vistamar Benalmádena SL, cuando sabía perfectamente que el 20 de junio de ese año, fecha en la que procedió al cierre del hotel, había desalojado del mismo a otra sociedad del entorno del inquilino iraní, llamada S&A hoteles 2021”.
Asimismo, sostienen que para avalar la reapertura también “se adjuntó un informe que el Ayuntamiento sabe a ciencia cierta que no es veraz, en el que consta que el hotel había estado ininterrumpidamente activo desde que se abrió cuando fue esta misma Administración pública la que lo cerró”. Esta situación y el presunto cambio de titularidad que se hace constar en la declaración responsable de la empresa que está explotando el hotel ha provocado que esta familia tenga que iniciar nuevas acciones legales contra la Administración local y las nuevas partes privadas implicadas.