La deuda contraída por la anterior concesionaria del Club de Hielo con la Seguridad Social está dando de qué hablar, otra vez, tras una nueva nota de prensa del Gobierno local.
Las nuevas declaraciones de los gobernantes de Benalmádena, de rebote y sean o no conscientes de ello, en cierta forma, intoxican el buen hacer de la nueva empresa gestora que no solo se hizo cargo de las instalaciones cuando ninguna otra pujaba por ello, sino que las rehabilitó e incluso mejoró y que no tienen nada que ver con la mala gestión de la empresa anterior con las responsabilidades con la hacienda pública.
Y es una pena que, entre estos dimes y diretes políticos se manche el nombre de unos empresarios locales que invierten en nuestra ciudad. Pero ese es otro cantar, que parece no interesar a los que “pelean”. Cuando precisamente, los actuales gobernantes lucharon por buscar empresas y alternativas para reabrir las instalaciones.
Para aclarar la situación, la deuda de los 380.000 euros a la Seguridad Social fue contraída por la UTE Benalmádena – antigua concesionaria del Club del Hielo- que cayó en concurso de acreedores, y al tratarse de instalaciones municipales, la Seguridad Social reclama al Ayuntamiento que se haga cargo de la deuda privada de manera subsidiaria (ha sido recurrida tras a ser abonada).
El Gobierno municipal, según consta en nota de prensa, pide ahora al líder de la oposición que explique a la ciudadanía por qué “ocultó” esta deuda , e indica que fue notificada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones el pasado 13 de enero de 2023 y tuvo entrada en el Ayuntamiento once días más tarde, el 24 de enero, tal y como se recoge en la notificación de la Subdirección Provincial de Gestión Recaudatoria, donde se acuerda “la iniciación de expediente para la declaración de una posible responsabilidad solidaria en el pago de las deudas con la Seguridad Social contraídas por la empresa Club de Hielo Benalmádena SL, como empresario principal en contrata de servicios por las cuotas, recargos e intereses devengados por trabajadores de la citada empresa”.
A este respecto Navas aclara perplejo que “le explicó, junto a los técnicos municipales, la situación al alcalde, Juan Antonio Lara. Se le comunicó en el traspaso del poder que no se hizo frente al pago porque teníamos solo una comunicación y que se estaba recabando toda la documentación para recurrirlo, pues los técnicos nos indicaron que habría que pagar y recurrir. Lara tenía toda la información para que, como nuevo gestor del municipio decidiera si abonar o no esa deuda subsidiaria y recurrirla o no. Esa decisión era del que fuera nueva alcalde. Yo ya le expliqué que había que pagarla, según la recomendación de los técnicos, pero ahora es Juan Antonio el que tiene que gestionar y gobernar y por supuesto, tomar las decisiones”.
Sin embargo, Lara le achaca al anterior gestor que no abonase dicha deuda subsidiaria contraía por la empresa privada porque “se le pone de manifiesto las actuaciones del expediente para que, en un plazo de 15 días a partir del siguiente a la notificación de este acuerdo, efectúe las alegaciones y presente los documentos y justificantes que estime pertinentes”, y no llegaron a presentarse.
Navas insiste en que “Lara sabe perfectamente que abonar o no esa deuda con unas elecciones municipales y contando con en tiempo legal para hacerlo, no me correspondía a mí, sino a la persona que la ciudadanía decidiera que gestione Benalmádena, en este caso Juan Antonio Lara. Si lo hubiéramos abonado, estoy convencido de que hoy también nos criticarían haberlo hecho… Ser alcalde es gestionar, no estar todo el día echando balones fuera criticando a los otros que ya no están”.
Así las cosas, el pasado 30 mayo el Ayuntamiento abonó la deuda y, según nos indican la han recurrido. “Ante esta situación, el Consistorio emprenderá todas las acciones legales que sean necesarias para depurar responsabilidades, pedir explicaciones y velar por los derechos de nuestros contribuyentes”, ha expresado la primera teniente de alcalde, Presi Aguilera, quien ha recordado que existe documentación “más que contundente que avala que es imposible que el ex regidor Víctor Navas no tuviera conocimiento de dicha deuda”, circunstancia que nadie pone en duda, ni siquiera el propio Víctor Navas que fue quien le informó del asunto al alcalde del PP en el traspaso de poder (y posteriormente lo explicó a través de los medios: AQUÍ).
Quien nunca, hasta día de hoy reveló que la deuda se correspondía a la antigua concesionaria del Club de Hielo fue precisamente el Gobierno local que cuando remitió a los medios la nota de prensa culpabilizaba al anterior gestor (de hecho, Ole Benalmádena fue el primer medio de comunicación que les ofreció la información contrastada como pueden comprobar AQUÍ).
Según fuentes municipales “las responsabilidades sobre todo este asunto están por determinar” ya que el actual alcalde ha ordenado una auditoría sobre este caso.
Hablando de auditorías, lo cierto es que también el alcalde anunció el pasado 19 de junio que haría una auditoría para conocer las cuentas municipales y aún no sabemos nada al respecto, al menos los medios de comunicación. Lo indicamos por el tema de los plazos legales, para que no se les pasen las fechas.
Volviendo a la deuda con la seguridad social de la antigua concesionaria del Club de Hielo, el Ayuntamiento ha anunciado que tiene previsto “estudiar este caso para ver si han existido o no irregularidades en todo el proceso, ya que existen hasta tres informes negativos de Intervención sobre este asunto”, señala la primera teniente de alcalde, que apunta que “tampoco sabemos por qué el edil de Deportes, desde 2017 hasta la fecha, no ha tomado medida alguna para controlar si la anterior concesionaria estaba o no al corriente de los pagos a la Seguridad Social, si se ha comprobado o no el cumplimiento del pliego de condiciones, por qué han dejado que se acumule dicha deuda y pase a otra empresa sin asumirse la misma, y por qué tiene que hacer frente el Ayuntamiento a casi 60.000 euros de recargo”.
Intuimos por la contundencias de las declaraciones de la teniente de alcalde, que en este punto también pondrán en el punto de vista judicial, además de los cargos políticos, a los técnicos municipales encargados de este procedimiento.
De hecho, según dice Aguilera, lo que el PP observa respecto a este asunto es “muy extraño y cuanto menos susceptible de fiscalizar para descartar cualquier atisbo de posibles irregularidades” por lo que lo podrán en manos del servicio jurídico del Ayuntamiento.
