La gestión de los recursos humanos en el Ayuntamiento de Benalmádena se está convirtiendo en un manual bastante completo de cómo no debe gestionarse una administración pública. No se trata de un problema aislado ni de un simple desencuentro sindical. Lo que estamos viendo es una sucesión de decisiones improvisadas, advertencias técnicas ignoradas y una opacidad creciente que, con el paso de los meses, está desembocando en un conflicto laboral abierto.
El primer aviso llegó prácticamente al inicio del mandato del actual equipo de gobierno. Una sentencia judicial condenó al Ayuntamiento por irregularidades en unas oposiciones para plazas de bombero. Una sentencia que puso en entredicho los procesos de selección del propio Ayuntamiento y que cuestionaba directamente cómo se estaban desarrollando determinados concursos-oposición. En cualquier administración seria, un episodio así habría provocado una investigación interna inmediata y la depuración de responsabilidades. En Benalmádena, en cambio, no pasó absolutamente nada. Ni explicaciones, ni investigación, ni responsabilidades. Silencio administrativo y a otra cosa.
Después llegó el capítulo de las gratificaciones y las horas extraordinarias. El Ayuntamiento decidió mejorar el valor de estas horas y aumentar las gratificaciones asociadas a determinados servicios. El problema es que los propios informes de Intervención y del área de Personal y Recursos Humanos ya advirtieron de que se estaba caminando peligrosamente hacia el límite legal del importe máximo que una administración puede pagar en gratificaciones a lo largo de un año. Dicho de otra manera: los técnicos avisaron de que aquello podía acabar mal. Y, efectivamente, acabó como habían advertido. En 2025 el Ayuntamiento alcanzó ese límite legal, generando nuevas tensiones dentro de la plantilla porque había horas extraordinarias realizadas cuya compensación quedaba en el aire.
Como si eso no fuera suficiente, aparece el siguiente capítulo: la Relación de Puestos de Trabajo, la famosa RPT. Un instrumento básico en cualquier administración medianamente organizada. La RPT es la que permite valorar correctamente los puestos, determinar el complemento específico asociado a cada función y organizar la plantilla de forma racional. Sin una RPT actualizada es imposible saber si los puestos están correctamente valorados, si existen desequilibrios salariales o si la plantilla está distribuida de manera eficiente. También es imposible saber dónde falta personal, dónde sobra o dónde los recursos humanos están mal organizados. El Partido Popular prometió elaborar esta RPT al inicio del mandato e incluso encargó el estudio a una empresa externa. El resultado, tres años después, es que nadie sabe dónde está ese estudio. No lo han visto ni los sindicatos, ni los partidos de la oposición, ni la corporación municipal. Si existe, debe de estar descansando plácidamente en algún cajón del Ayuntamiento.
El siguiente episodio llega en junio de 2025. El equipo de gobierno alcanza un acuerdo para mejorar determinadas condiciones laborales de los trabajadores municipales. Sobre el papel todo suena muy bien, hasta que aparecen los informes de Intervención y de Recursos Humanos señalando que algunos de los puntos incluidos en ese acuerdo no se pueden aplicar porque no se ajustan al marco legal. Es decir, nuevamente se firman compromisos que luego los propios técnicos municipales consideran inaplicables.
Cuando uno pone todas estas piezas en orden cronológico empieza a aparecer un patrón bastante claro: decisiones que se anuncian con entusiasmo político y que después chocan con la realidad.
Todo ello sería preocupante en cualquier caso, pero lo es aún más si se tiene en cuenta que el capítulo de personal es el mayor gasto del presupuesto municipal. El Ayuntamiento de Benalmádena destina 56 millones de euros a gasto de personal, prácticamente la mitad de su presupuesto. Y esa cifra no ha dejado de crecer: en los últimos años ha pasado de 45 a 56 millones, es decir, 11 millones más bajo el gobierno del Partido Popular.
Más gasto, más conflictos y menos planificación.
Y por si faltaban ingredientes, existen además diferencias en el sistema de control de asistencia al trabajo entre departamentos. Áreas como Bomberos o Policía Local no utilizan el mismo sistema de control horario que el resto de áreas municipales, lo que genera situaciones distintas entre funcionarios que dependen del mismo Ayuntamiento.
Pero si hay una palabra que define bien todo este proceso es opacidad. Los sindicatos denuncian que no reciben la documentación necesaria. Los grupos políticos de la oposición tampoco tienen acceso a determinados informes. Y muchas decisiones solo se conocen cuando el problema ya ha estallado.
El resultado es el que era previsible: una plantilla municipal cada vez más tensionada y un clima laboral deteriorado. Esta misma semana varios sindicatos se concentrarán a las puertas del Ayuntamiento para protestar por lo que consideran incumplimientos del equipo de gobierno.
Después de casi tres años de mandato, el balance es difícil de discutir: más gasto en personal, más conflictos laborales y una sensación creciente de improvisación en la gestión del principal recurso de cualquier administración pública.
Nada de esto es nuevo, con el PSOE también sucedió.
Cuando una administración gestiona mal a su propia plantilla, lo que termina funcionando mal no es solo el Ayuntamiento.
Termina funcionando mal todo el municipio. ¿Les suena?
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