Hay momentos en política en los que el silencio habla más que las palabras. Y hay decisiones que definen el tipo de gobierno que se quiere ejercer. La negativa del alcalde de Benalmádena, Juan Antonio Lara, a cesar al concejal de Vivienda, José Luis Bergillos, tras sus gravísimos insultos a Maricarmen, una mujer de 87 años que se ha convertido en símbolo del drama de la vivienda, es una de esas decisiones.
Nadie está libre de cometer un error. Todos podemos equivocarnos y todos debemos saber pedir perdón cuando lo hacemos. Pero la responsabilidad política no termina con unas disculpas. Empieza precisamente después de ellas.
Cuando un concejal de Vivienda utiliza expresiones ofensivas y despreciativas contra una mujer de 87 años que representa el sufrimiento de tantas personas que tienen dificultades para acceder a una vivienda digna, deja de reunir las condiciones necesarias para seguir al frente de una delegación que exige empatía, sensibilidad y respeto.
Sin embargo, hoy el verdadero problema ya no es José Luis Bergillos. El verdadero problema tiene nombre y apellidos: Juan Antonio Lara.
Porque quien tiene la capacidad de cesarlo y decide no hacerlo está asumiendo como propia esa conducta. Cada día que el concejal continúa al frente de la Delegación de Vivienda es una decisión consciente del alcalde. Cada día que pasa sin actuar es un mensaje a la ciudadanía de que todo vale, de que insultar de forma despreciable a una persona mayor no tiene consecuencias políticas.
Y eso es profundamente preocupante.
Los cargos públicos no solo administran recursos o firman expedientes. También representan unos valores. Son el reflejo de la institución a la que pertenecen. Cuando un alcalde mira hacia otro lado ante un comportamiento que ha provocado una enorme indignación social, no protege a su concejal; deteriora la imagen del Ayuntamiento y debilita la confianza de los vecinos en sus instituciones.
La política necesita recuperar la ejemplaridad. No puede convertirse en un espacio donde las disculpas sean suficientes para cerrar cualquier debate, por muy grave que haya sido la conducta. Si aceptamos que todo se resuelve con un «lo siento», estaremos trasladando a la sociedad un mensaje muy peligroso: que la responsabilidad política ya no existe.
Benalmádena merece un gobierno que entienda que la dignidad de las personas está por encima de cualquier estrategia partidista. Merece representantes públicos capaces de asumir las consecuencias de sus actos y un alcalde dispuesto a actuar cuando uno de sus concejales cruza una línea que nunca debió cruzarse.
No estamos hablando de una diferencia ideológica. No estamos hablando de un debate político. Estamos hablando de respeto, de humanidad y de la obligación moral que tienen quienes ejercen responsabilidades públicas de comportarse con la ejemplaridad que exige el cargo.
Por eso, hoy la pregunta ya no es qué dijo José Luis Bergillos. La pregunta es mucho más sencilla: ¿por qué Juan Antonio Lara lo sigue manteniendo como concejal de Vivienda?
Porque cuando un alcalde se niega a cesar a un concejal después de unos hechos de esta gravedad, deja de ser un mero espectador para convertirse en el máximo responsable político de esa decisión.
Y esa responsabilidad ya no puede eludirla.
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