La vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas de Benalmádena. Y, sin embargo, lejos de ofrecer soluciones, el gobierno municipal ha optado por alimentar expectativas que hoy se demuestran vacías.
El alcalde Juan Antonio Lara llegó prometiendo vivienda pública para jóvenes y personas vulnerables. Un compromiso que generó ilusión en muchas familias que ven cómo acceder a una vivienda en nuestra ciudad es cada vez más difícil. Pero la realidad ha terminado imponiéndose: no era más que una promesa sin respaldo.
El ejemplo más claro lo encontramos en la parcela que el propio Ayuntamiento adquirió con el objetivo, según se anunció, de construir vivienda pública. Lejos de materializar ese proyecto, el gobierno ha optado por vender ese suelo para que sea la iniciativa privada quien promueva las viviendas.
¿El resultado? Viviendas que se anuncian como protegidas pero cuyo precio ronda los 245.000 euros, a los que hay que sumar gastos. Una cifra completamente alejada de lo que pueden asumir muchos jóvenes y familias trabajadoras de Benalmádena.
Mientras tanto, se han eliminado todas las políticas activas que fomentaban el acceso a la vivienda. Desaparecen los incentivos al alquiler de larga duración, se recorta el presupuesto municipal hasta hacerlo prácticamente irrelevante y se deja vía libre a un modelo que prioriza la rentabilidad frente al derecho a vivir en la ciudad.
Porque ese es el fondo del problema: se habla de vivienda pública, pero se actúa como si fuera un producto de mercado más. Se vende como oportunidad lo que en realidad es inaccesible para quienes más lo necesitan.
La vivienda no puede ser un negocio cuando hablamos de derechos básicos. No se puede jugar con la esperanza de quienes buscan emanciparse, formar una familia o simplemente seguir viviendo en su ciudad.
Benalmádena necesita una política de vivienda seria, coherente y valiente. Una política que ponga a las personas en el centro, que apueste por el alquiler asequible y que utilice el suelo público para garantizar derechos, no para delegarlos.
Porque gobernar no es prometer. Gobernar es cumplir. Y, en materia de vivienda, lo que hoy tenemos es exactamente lo contrario.
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