El Consejo de Gobierno ha conocido el informe de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación sobre la creación de centros específicos para personas que sufren la enfermedad de Alzheimer y otras demencias, así como de centros de cuidados intermedios. De esta forma, según informa la Administración autonómica, se modifica el Mapa de Servicios Sociales de Andalucía que establece la organización funcional y territorial en este ámbito con la finalidad de contribuir a garantizar el derecho de todas las personas a la protección y promoción sociales y la prevención. La noticia ha sido acogida con satisfacción por parte del Ayuntamiento de Benalmádena y, según manifestó el alcalde, Víctor Navas, a Ole Benalmádena, «nos alegra que la Junta haya decidido apostar por centros específicos para enfermos de Alzheimer y espero y confío que en las próximas semanas tengamos noticias sobre la construcción del centro en Benalmádena por parte de la Administración autonómica».
Cabe recordar que la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras Demencias de Benalmádena (AFAB) lleva una década reclamando a las administraciones públicas unión para edificar un centro integral de atención para estos enfermos.
El futuro centro benalmadense cuenta con una parcela de 2.180 metros cuadrados en el Cerro del viento, -en concreto en la Urbanización Miramar-, que cedió hace diez años el Ayuntamiento de Benalmádena para tal fin. Un solar, que según explicaba la presidenta de Afab, Maricruz Azuaga, en la manifestación celebrada en noviembre por este colectivo, “está ahí parado, muerto, mientras la asociación no tiene espacio suficiente para dar respuesta a la demanda de todas las familias que buscan nuestra ayuda diariamente”.
La presidenta de Afab ponía en relieve en noviembre que “es necesario contar con estas instalaciones, ya. No podemos esperar más”. Las familias están cansadas de que se les cierren puertas, una tras otra, mientras esta enfermedad no solo no les da tregua, sino que cada vez afecta a un mayor número de personas.
Estas futuras instalaciones vendrían a dar una calidad de vida a cuidadores, pacientes y familiares, pues se les ofrecerían, además de la atención constante que requieren este tipo de enfermos, una serie de terapias cognitivas que son cruciales para aminorar el avance de esta enfermedad que cabe resaltar que, a día de hoy, no tiene cura.
Aunque en la información hecha pública por la Junta de Andalucía, el pasado martes, no se especifica donde se prevén construir estos centros sí que se explica que entre la planificación de las actuaciones, el documento recoge la creación de nuevas tipologías y subtipologías de centros para la atención y prevención de la dependencia. En estos casos, sus elementos constitutivos en cuanto a materiales, personal y procedimientos estarán ligados a cada prestación social. En el caso de los centros de cuidados intermedios, se trata de ofrecer una verdadera atención integral en un sistema de cuidados continuados, ofreciendo a cada persona el nivel justo de recursos y servicios que requiera desde el sistema sanitario a las residencias sociales, lo que ha demostrado una enorme efectividad y eficiencia.
Con esta iniciativa, el Gobierno andaluz afronta una realidad ineludible y en crecimiento, como es la presencia de demencias en las personas mayores con motivo de daño, enfermedad o envejecimiento neurológico, de las cuales el Alzheimer es la más común.
Según la Estrategia de Alzheimer de Andalucía, manteniendo los niveles de prevalencia actuales (6,5% para personas de entre 65 y 79 años y 13% para mayores de 80 años), la estimación de personas enfermas de demencia en Andalucía superará las 156.000 en 2030. En España, actualmente hay más de 800.000 personas diagnosticadas de Alzheimer y la previsión es que esta cifra pudiera aumentar hasta 1,5 millones en el año 2050. Por tanto, se hace imprescindible contar con recursos asistenciales específicos para el abordaje sociosanitario de las personas afectadas y su entorno, poniendo el acento en la detección temprana, tratamiento y acompañamiento con objeto de mejorar la evolución y la calidad de vida.
En este contexto, la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación contempla diferentes instrumentos de planificación entre los que se encuentra el I Plan Estratégico Integral para Personas Mayores en Andalucía 2020-2023 aprobado por acuerdo de 4 de noviembre de 2020 y que supone la guía esencial de las políticas sociales en Andalucía para los próximos años con la finalidad de promover el bienestar de las personas mayores y proporcionarles una atención basada en la prevención, la sostenibilidad y el cuidado integral y continuado de manera que puedan disfrutar plenamente de sus derechos.
Asimismo, la Junta trabaja en la elaboración de una Estrategia Andaluza para la Coordinación Sociosanitaria cuyo acuerdo de formulación fue adoptado el 23 de marzo de 2021 por el Consejo de Gobierno. Además, la Consejería tiene en cuenta la Agenda 2030, integrada por 17 objetivos de desarrollo sostenible, y el Plan de choque para la economía de los cuidados y refuerzos de las políticas de inclusión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia desarrollado por el Gobierno de España.
Envejecimiento de la población andaluza
Andalucía no es ajena al fenómeno del envejecimiento de la población debido a la combinación del aumento de la esperanza de vida, el descenso de la natalidad y un saldo migratorio negativo. Según el informe presentado, la población mayor andaluza es muy numerosa, ya que se trata de más de 2,5 millones de personas de 55 y más años que suponen casi el 30% del total de la población. Se trata de un colectivo heterogéneo y diverso que incluye un rango de más de 30 años y, por lo tanto, con diferentes necesidades, inquietudes y problemas.
Además, se está produciendo un sobreenvejecimiento por un aumento de la población más mayor, ya que las personas de 80 y más años representan el 4,9% y este porcentaje puede triplicarse en las próximas décadas; detectándose además una feminización del envejecimiento conforme aumenta la edad, con énfasis en el ámbito rural más que en el urbano, especialmente en Andalucía oriental.
Dispositivos para personas sin hogar
Por otro lado, el informe presentado por la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación al Consejo de Gobierno contempla la regulación de dispositivos de baja exigencia para personas sin hogar.
El impacto de la pandemia por Covid-19 ha favorecido que los factores de exclusión social y residencial se multipliquen en toda la sociedad encarnándose con mayor intensidad en la vida de las personas más vulnerables que carecen de un hogar. El recurso que se plantea se caracteriza por ofrecer la cobertura de las necesidades básicas con un modo de acceso inmediato y urgente que garantice la supervivencia de las personas en situación de exclusión residencial grave.
En este sentido, cabe recordar quel área de Bienestar Social del Ayuntamiento tiene previsto desarrollar por primera vez, un programa para la atención de personas sin hogar en Benalmádena. Esta pionera iniciativa está prevista dentro del plan de subvenciones aprobado recientemente por el Pleno del pasado mes de diciembre, dentro de los programas de la unidad de emergencia social.
La concejala explicó que dentro de los objetivos estratégicos para la puesta en marcha de este programa se encuentra el facilitar el acceso a las personas sin hogar a los sistemas públicos de protección social proporcionándoles información, orientación y facilitando su acercamiento a las personas usuarias, una acción que, desde Bienestar Social, entiende que se podría hacer a través de una ONG.
Asimismo, se prevé mantener coordinación continua con la red de recursos públicos y privados que atienden a este colectivo para intervenir de forma conjunta en cada caso y proporcionar a las personas sin hogar los recursos adecuados para paliar sus necesidades más básicas, tales como alimentación, aseo personal, higiene, abrigo y ayudas económicas puntuales.
A la par, también se trabajará para favorecer la participación del voluntariado mediante equipos multidisciplinarios que presten apoyo humano y que puedan proporcionar respuesta social solidaria a las personas sin hogar.
Según explicó en diciembre Laddaga, el Ayuntamiento “lleva meses elaborando este proyecto con la intención de ayudar estas personas” con más eficacia, puesto que “en muchos de los casos declinan cualquier tipo de actuación por parte de nuestra área pues, por diversos motivos han elegido ese tipo de vida, y rechazan la acción municipal que le podemos otorgar”.
En este sentido, la concejala expuso que “el marco jurídico español no permite a las administraciones competentes en materia de Servicios Sociales imponer soluciones residenciales a personas que viven en situación de calle configurándose esta forma de vida dentro del ámbito de los derechos subjetivos de las personas, siempre que puedan gobernarse por sí mismas”.
