Juan Antonio Lara rubricó el pasado 30 de junio el pacto junto a CCOO, UGT y CSIF, con entrada en vigor prevista para el 1 de julio. Los informes de Intervención y de Recursos Humanos lo califican de ilegal y advierten de consecuencias graves si llega a ejecutarse.
El alcalde de Benalmádena, Juan Antonio Lara, firmó el pasado 30 de junio de 2025 un acuerdo con los sindicatos municipales —CCOO, UGT y CSIF— para mejorar los pluses por nocturnidad, trabajo en festivos y jornada partida de varios colectivos de empleados públicos. Lo presentó ante los medios como un hito de su mandato: prueba de diálogo, justicia social y buen gobierno.
Sin embargo, los técnicos del propio Ayuntamiento han emitido sus informes preceptivos y su veredicto no deja lugar a dudas. Los informes de la Intervención municipal y de la Sección de Recursos Humanos son contundentes: el pacto es ilegal y su ejecución podría derivar en actos nulos, responsabilidades disciplinarias y un perjuicio directo para las arcas públicas de Benalmádena.
Un año de negociación para firmar un acuerdo ilegal
El alcalde aseguró en rueda de prensa que el acuerdo era «el resultado de todo un año de trabajo». Un año entero de negociaciones para llegar a la firma de un documento que sus propios técnicos han desmontado por completo. El Informe de Intervención municipal lo declara «contrario al ordenamiento jurídico vigente» en su primera conclusión. El Informe de Recursos Humanos va más allá: detalla punto por punto las ilegalidades, advierte de que su ejecución «implicaría actos nulos o anulables de pleno derecho», y deja constancia escrita de su oposición para que, en sus propias palabras, «no pueda alegarse desconocimiento» por parte de la Alcaldía. Traducido del lenguaje administrativo: los técnicos municipales están cubriendo sus espaldas ante lo que consideran una decisión irresponsable de su jefe político.
El fondo del asunto no es menor. Lara no firmó un acuerdo con defectos formales subsanables. Firmó un acuerdo que, según sus propios servicios jurídicos, establece pagos duplicados por conceptos que la ley ya prohíbe retribuir dos veces, crea gratificaciones fijas y periódicas expresamente vetadas por el Estatuto Básico del Empleado Público, carece de la aprobación plenaria obligatoria y no cuenta con cobertura presupuestaria. No es un error de tramitación. Es un acuerdo construido sobre una ilegalidad estructural.
El acuerdo afecta a trabajadores de catorce áreas y servicios municipales y no ha pasado por el Pleno municipal, carece de cobertura presupuestaria formal y, según los técnicos, crea retribuciones fijas y periódicas expresamente prohibidas por el Estatuto Básico del Empleado Público.
Y por si fuera poco, el texto añade además que, si en el futuro otros servicios incorporan trabajo en festivos, el acuerdo se les aplicará de forma automática. Una cláusula que los técnicos consideran especialmente problemática, ya que extiende la irregularidad de forma indefinida y sin control del Pleno.
Los técnicos dictaminan: «Contrario a Derecho»
La Intervención municipal concluye desde la primera línea que el pacto «es contrario al ordenamiento jurídico vigente» e informa «desfavorablemente» su contenido. El informe de Recursos Humanos va más lejos y detalla por qué: el acuerdo «perpetúa y agrava el pago duplicado de factores ya retribuidos» en los complementos específicos de cada puesto, crea «gratificaciones de carácter fijo y periódico» expresamente prohibidas por la ley, y carece de la aprobación plenaria necesaria para tener validez normativa y presupuestaria. La conclusión es inapelable: su ejecución «implicaría actos nulos o anulables de pleno derecho».
La ruta legal que siempre existió
Lo más revelador de los informes no es solo lo que rechazan, sino lo que proponen como alternativa. Existe una vía legal para lograr exactamente el mismo objetivo —mejorar la retribución de quienes trabajan en condiciones más exigentes—: la revisión de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT). Este instrumento permite actualizar los complementos específicos de forma objetiva, transparente, con aprobación plenaria y plena cobertura normativa. Es un proceso más lento y menos vistoso que una firma ante los medios de comunicación, pero es el único que no expone al Ayuntamiento a nulidades ni al alcalde a responsabilidades personales.
El riesgo político de una promesa que no se puede cumplir
Más allá de las consecuencias jurídicas, el alcalde ha creado un problema político de difícil solución. Ha prometido a los trabajadores municipales —y se ha fotografiado junto a los sindicatos— una mejora retributiva que sus propios servicios técnicos consideran imposible de ejecutar legalmente. Si Lara da marcha atrás y retira el acuerdo, deberá explicar a los empleados afectados y a sus representantes sindicales por qué algo que presentó como un logro histórico es en realidad un papel sin valor. Si lo mantiene y ordena su ejecución por escrito, asume en primera persona el riesgo de que los pagos sean declarados nulos, con la obligación de devolver las cantidades cobradas y las posibles responsabilidades contables y disciplinarias que ello conllevaría.
El Ayuntamiento de Benalmádena no ha facilitado a los sindicatos ninguna declaración oficial sobre cómo prevé resolver la contradicción entre lo firmado el 30 de junio y los informes que lo declaran ilegal. Tampoco ha aclarado públicamente si el alcalde tiene intención de emitir la orden escrita que le exigen sus técnicos para asumir personalmente la responsabilidad de la ejecución. El silencio, a estas alturas, también es una respuesta.
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