Antes de que termine el año, los benalmadenses deberían saber qué zonas son las elegidas por el Gobierno local para limitar el tráfico rodado. Así lo exige la Ley de Cambio Climático y Transición Energético, que entró en vigor a finales de mayo de 2021. Y es que, entre las exigencias de esta normativa, está la de que todos los municipios españoles de más de 50.000 habitantes como es el caso del nuestro, además de los territorios insulares, dispongan de una zona acotada de bajas emisiones, o ZBE, siendo la fecha límite 2023 para designarla.
Toda la corporación municipal, a excepción de Vox, mostró en el pleno de octubre su apoyo a esta medida -un debate que propició una moción del PSOE- y, según anunció el concejal de Movilidad, Raúl Campos, “estamos barajando la posibilidad de contratar servicios externos para que nos hagan las mediciones o la posibilidad de alquilar los equipos para tenerlas listas en tiempo y poder acceder a las subvenciones”, cuyo plazo expira este 2023.
En concreto, el concejal popular adelantó que para la instalación de la/las zona/as de baja emisión “se harán mediciones en el centro del Arroyo de la Miel y Benalmádena pueblo” y que una vez sea seleccionado el enclave “se emprenderá una campaña para sensibilizar a la ciudadanía”.
Precisamente en este punto, el portavoz de VOX, Joaquín Amann, preguntó abiertamente “que lo importante es que el PP diga lo antes posible quién va a pagar el pato, porque esto perjudica tanto a los vecinos como al sector comercial de la zona que elijan, a lo que cabe sumar el problema de la falta de aparcamientos que hay en los tres núcleos poblacionales del municipio”. Amann incidió en que la normativa no especifica sanción alguna para los ayuntamientos que no creen ZBE, por lo que “no hacerlo no conllevaría ningún tipo de penalización para nuestro Ayuntamiento”, tan solo el no poder optar a la subvención para su creación.
A este respecto, Campos contestó que “no queremos perder la subvención”, una motivación bastante criticada por el portavoz de IU-Podemos, Pablo Centella. El PSOE, por su parte, tendió una mano al Gobierno local del PP para poder cumplir con los plazos establecidos pese a que recordó “que cuando nosotros lo propusimos en el pleno de mayo a través de las medida incluidas el plan contra el cambio climático, no contamos con el apoyo del PP”.
La Ley 7/2021, de 20 de mayo, que recoge la nueva normativa de Cambio Climático y Transición Energético, especifica que:
Los municipios de más de 50.000 habitantes y los territorios insulares adoptarán antes de 2023 planes de movilidad urbana sostenible que introduzcan medidas de mitigación que permitan reducir las emisiones derivadas de la movilidad.
Y entre las mismas se destaca la de establecer una Zona de Bajas Emisiones con la mencionada fecha límite para los territorios que cumplan esos requisitos, además de para aquellas localidades de más de 20.000 habitantes con episodios de alta contaminación.
En cuanto a cómo deben ser, lo único que señala esta regulación es que:
Se entiende por zona de baja emisión el ámbito delimitado por una Administración pública, en ejercicio de sus competencias, dentro de su territorio, de carácter continuo, y en el que se aplican restricciones de acceso, circulación y estacionamiento de vehículos para mejorar la calidad del aire y mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero, conforme a la clasificación de los vehículos por su nivel de emisiones de acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de Vehículos vigente.
Esto se traduce en que deberán ser zonas delimitadas dentro de las urbes donde se restringe el tráfico ya sea en cuanto a circulación, acceso o aparcamiento y en base a la clasificación medioambiental, es de decir, discriminando por la etiqueta de la DGT.
En definitiva, cada ayuntamiento podrán decidir cómo aplica las restricciones al tráfico rodado, siendo la única exigencia que tomen como referencia los distintivos medioambientales, que son en base a la norma Euro de su mecánica: A (sin etiqueta), B, C, ECO y CERO. Antes de que finalice el año, los benalmadenses sabrán qué zona es la elegida por el Gobierno municipal para limitar el tráfico rodado y, por las manifestaciones realizadas en el pleno de octubre, parece ser que la costa queda descartada y se centra la atención en las otras dos zonas poblacionales de Benalmádena.
