Las recientes sentencias judiciales sobre las comisiones de servicio en el Ayuntamiento de Benalmádena deberían hacernos reflexionar sobre un problema mucho más profundo que el de dos cabos de bomberos cuya situación ha sido declarada irregular por los tribunales.
Las comisiones de servicio son una herramienta excepcional y temporal. Están pensadas para cubrir necesidades urgentes mientras se adopta una solución definitiva. La ley establece límites claros porque lo provisional no puede convertirse en permanente. Sin embargo, en Benalmádena hemos visto cómo dos puestos permanecían en esa situación durante años, hasta el punto de que ha tenido que ser un juzgado quien obligue al Ayuntamiento a hacer lo que debió hacer hace mucho tiempo: convocar las plazas o amortizarlas.
Pero el verdadero problema no son esas dos plazas.
El verdadero problema es que estos casos parecen formar parte de una forma de gestionar los recursos humanos basada en la improvisación, la provisionalidad y la falta de planificación.
Ahí está también la sentencia que anuló el proceso selectivo de seis plazas de bombero al considerar que vulneraba principios constitucionales tan básicos como la igualdad entre los aspirantes. Hablamos de algo muy serio. Hablamos de los tribunales corrigiendo a la administración en cuestiones tan importantes como la promoción profesional o el acceso al empleo público.
Y cuando los tribunales tienen que intervenir una y otra vez en asuntos relacionados con los recursos humanos, quizás el problema no esté en los procedimientos concretos, sino en el modelo de gestión.
Porque cualquier organización seria necesita una estructura clara. Necesita saber quién hace qué, cuáles son las responsabilidades de cada puesto y cómo se organizan sus recursos. Para eso existe la Relación de Puestos de Trabajo.
Sin embargo, el Ayuntamiento de Benalmádena sigue sin disponer de una RPT plenamente desarrollada que ordene de forma racional una plantilla de 956 empleados municipales. Y más llamativo aún resulta que el Grupo Municipal VOX haya solicitado el organigrama municipal y la respuesta haya sido que no existe un organigrama actualizado que refleje claramente la organización interna del Ayuntamiento.
Y entonces surgen preguntas inevitables.
¿Cómo se determinan las funciones reales de cada puesto? ¿Cómo se detectan las necesidades de personal? ¿Cómo se planifican las promociones o sustituciones? ¿Cómo se evalúa el rendimiento de la organización?
Porque esa es otra cuestión fundamental.
En la administración se habla mucho de controlar el absentismo o de garantizar la presencia de los trabajadores, pero apenas se habla de productividad, de resultados o de excelencia. ¿Qué mecanismos existen para medir la eficacia de los distintos departamentos? ¿Cómo se identifica qué áreas funcionan bien y cuáles necesitan mejoras? ¿Cómo se reconocen las buenas prácticas?
Nada de esto supone una crítica a los empleados públicos. Al contrario. Los trabajadores municipales cumplen con su obligación y desarrollan su labor como pueden.
La cuestión es si la organización para la que trabajan está diseñada para funcionar de manera eficiente.
Y esa pregunta es importante porque la calidad de la gestión interna acaba reflejándose en la calidad de los servicios públicos. Cuando la planificación falla, cuando las responsabilidades no están claras y cuando las decisiones se aplazan durante años, los problemas terminan llegando a la calle.
Llegan en forma de infraestructuras envejecidas, de mantenimiento insuficiente, de obras que se eternizan, de procedimientos que se ralentizan o de servicios que no alcanzan el nivel que merecen los vecinos.
Benalmádena cuenta con aproximadamente un empleado municipal por cada 80 vecinos. La cuestión no es si son muchos o pocos. La cuestión es si están organizados de la manera más eficiente posible y si la estructura municipal está diseñada para ofrecer el mejor servicio a los ciudadanos.
Desde VOX defendemos una administración pública profesional, eficaz y orientada al vecino. Una administración que premie el mérito, que mida resultados, que planifique a largo plazo y que gestione cada euro público con criterios de eficiencia.
Porque cuando la excepcionalidad se convierte en norma, los problemas dejan de ser puntuales.
Y pasan a formar parte del funcionamiento habitual de la organización.
Ahí es donde empieza el verdadero problema.
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