El convenio planteado entre el Ayuntamiento de Benalmádena y la empresa Tremón, presentado con gran fanfarria como la solución definitiva para reabrir el Parque Tívoli, merece quizás menos entusiasmo y más escepticismo por parte de los ciudadanos. Bajo las brillantes promesas que adornan el acuerdo, emergen serias dudas sobre su viabilidad, transparencia y, cómo no, sobre quién será realmente el gran beneficiado.
Para empezar, la situación real de Tremón invita más a la prudencia que al optimismo desenfrenado. Nos encontramos ante una empresa que lleva cómodamente instalada en el concurso de acreedores desde hace nada menos que 17 años, acumulando una deuda superior a los 1.000 millones de euros. ¿Qué mejor candidato podría existir para reactivar económicamente un parque temático que una empresa cuya especialidad parece ser, precisamente, la insolvencia? Y, por si fuera poco, no olvidemos que fue la propia Tremón quien cerró el parque por no poder hacerlo rentable. Pero tranquilos, seguramente esta vez será diferente.
Mientras tanto, el Ayuntamiento de Benalmádena, gobernado actualmente por el Partido Popular, demuestra un llamativo interés en promover convenios que, casualmente, siempre benefician los mismos intereses urbanísticos privados. La insistencia en estos acuerdos, siendo ya el segundo intento bajo el paraguas del PP, es al menos digna de cierta admiración por su perseverancia en la causa privada. ¿Altruismo político o hay gato encerrado? Juzguen ustedes mismos.
Al examinar los detalles del convenio, descubrimos, no sin asombro, que Tremón no está obligada a realizar ninguna inversión real. La única exigencia es la presentación de un proyecto, suficiente para luego poder vender los terrenos sin incurrir en costes significativos. Además, en un acto de generosidad digna de aplauso, la edificabilidad autorizada se incrementa casi diez veces, mejorando notablemente la posición patrimonial de la empresa frente a sus acreedores y facilitando, sin duda por casualidad, una lucrativa salida del concurso.
Desde el punto de vista jurídico, el convenio es un auténtico prodigio de ambigüedad y contradicción. La condición impuesta por el Ayuntamiento de una “implementación efectiva previa o simultánea” del parque y el centro comercial solo figura en una amable sección declarativa. ¿Como condición “sine qua non” no hubiera sido mejor meterlo en las clausulas generales? Pues no. Además, el término “implementación efectiva” es tan ingeniosamente ambiguo que garantiza futuras batallas jurídicas. Por cierto, ¿alguien se ha dado cuenta de que técnicamente resulta imposible cumplir dicha condición porque el parque estaría en la cubierta del centro comercial? ¿Alguien ha intentado alguna vez empezar una casa por el tejado? Parece que nuestros políticos creen en milagros arquitectónicos.
Desde la perspectiva ciudadana, los beneficios son tan creibles como la llegada de los Reyes Magos en pleno agosto. La supuesta creación de empleo podría fácilmente verse eclipsada por el daño económico al comercio local, especialmente en Arroyo de la Miel, que se vería afectado negativamente por la competencia directa del flamante nuevo centro comercial. Para completar este magnífico cuadro, la vida cotidiana en Benalmádena también podría “mejorar” significativamente: más tráfico para colapsar aún más unas infraestructuras ya saturadas y más presión sobre servicios esenciales como seguridad ciudadana y recogida de residuos, áreas donde actualmente ya brillamos por nuestras carencias.
Finalmente, la recalificación urbanística, competencia exclusiva del Ayuntamiento, consolidaría derechos urbanísticos irreversibles para los propietarios de los terrenos, exponiendo al municipio a posibles indemnizaciones millonarias en caso de cambios futuros. Un detalle menor, evidentemente.
En conclusión, este convenio no es más que una brillante muestra de cómo se puede beneficiar masivamente a intereses privados mientras se deja a la ciudadanía a merced de riesgos económicos y jurídicos. Tal vez sea el momento de exigir algo menos de “creatividad” y un poco más de transparencia y responsabilidad.
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